Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 15 de Marzo de 2006, expediente B 61921

Fecha de Resolución15 de Marzo de 2006
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

B 61.921 “R.A.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE V.L.. D.C.A.”.//Plata, 15 de Marzo de 2.006.

VISTO:

La presentación de la parte actora de fs. 602/604 y el expediente remitido por la justicia ordinaria, y

CONSIDERANDO:

  1. La parte actora, en esta causa, cuestiona la legitimidad de los decretos nº 2103/99 y nº 1927/2000 por medio de los cuales se dispuso la nulidad del plano obrante a fs. 11 del expediente nº 4119-11745/93 y la intimación a la demolición de la obra ejecutada en la finca situada en la calle J.M.P. 1165/71 de V.L. propiedad del señor A.R. (quien falleciera con posterioridad a la promoción de esta acción, v. fs. 591/595).

    La finca en cuestión fue adquirida por el actor el 8-I-92 y a esa fecha –según relata- el vendedor ya se encontraba realizando obras en la propiedad que se constituía por tres plantas (planta baja y dos pisos). Puntualiza que la adquisición involucró el proyecto de refacción, cuyo plano estaba aprobado por las autoridades municipales y preveía la autorización de planta baja y tres plantas, con cuatro departamentos cada uno, aclarando que, a la fecha de compra no había sido construída la tercera planta.

    Agrega que en el año 1992 se encontraba vigente la Ordenanza nº 7949/92 por medio de la cual se podían regularizar obras construidas o en construcción que no cumplieran totalmente con las indicadores de las zonas, razón por la cual se hicieron todas las consultas de rigor, se agregó toda la documentación pertinente, se pagaron todos los derechos y finalmente se aprobó el plano que se encuentra agregado al expediente administrativo 11.745/93 por intermedio de la Dirección de Obras Particulares, significando ello –continúa- la extensión del permiso de obra.

    Expone que, con posterioridad, se labra un acta de clausura por falta de permiso de obra y que paralelamente el vecino del inmueble inicia un juicio civil (Interdicto de Obra Nueva) y que debido a su protagónica actividad en los expedientes administrativos compele a la Municipalidad a la toma de todo tipo de decisiones, incluído el decreto de demolición.

    Peticiona que se suspenda el decreto 2103/99 hasta el dictado de la sentencia definitiva ya que la ejecutoriedad del acto de demolición tornará ilusorio el adecuado ejercicio del derecho de propiedad del primer acto (aprobación del plano y permiso de obra del expediente 11.745/93).

  2. Que mediante la resolución del 2-V-01 esta Corte –en su anterior integración- no hizo lugar a la medida cautelar pedida por la parte...

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