Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 19 de Agosto de 2009, expediente B 61218

• Fecha de Resolución: 19 de Agosto de 2009
• Emisor: Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 19 de agosto de 2009, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Hitters, P., K., G., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para dictar sentencia definitiva en la causa B. 61.218, "Brelles, J.U. contra Provincia de Buenos Aires (I.P.S.). Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

I.J.U.B., por propio derecho, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires pretendiendo se declare la nulidad de las resoluciones dictadas por el Directorio del Instituto de Previsión Social los días 29 de octubre de 1998 y 25 de noviembre de 1999, por las que, respectivamente, el ente previsional desestimó la solicitud de restablecimiento del monto de su jubilación y el cargo deudor formulado. Solicita, en consecuencia, se condene a la demandada a reponer el monto inicial del haber jubilatorio, a devolver las sumas descontadas y al pagar las retroactividades devengadas con más intereses.

2. Corrido el traslado de ley , se presentó el Fiscal de Estado argumentando a favor de los actos impugnados y solicitando que la demanda sea rechazada en todas sus partes.

3. Agregadas las actuaciones administrativas, la prueba producida y los alegatos de ambas partes la causa se halla en estado de ser resuelta por lo que corresponde plantear y votar la siguiente

   C U E S T I O N

   ¿Es fundada la demanda?

   V O T A C I O N

   A la cuestión planteada, el señor J. doctorH. dijo:

1. El accionante se acogió al beneficio de jubilación en el ámbito del Instituto de Previsión Social en base al cargo desempeñado en la H. Cámara de Diputados (Asesor "A", categoría 17, bloque político) (Res. 336.236/ 92 de fecha 30-IV-1992).

   Relata que en agosto de 1997, imprevistamente, el haber previsional que percibía ($ 2.729,61) fue reducido a la suma de $ 1.476, ello como consecuencia de la resolución 260/96 del Presidente de la Cámara de Diputados por medio de la cual sustituyó la bonificación por antigüedad que se abonaba al personal en actividad de los Bloques Políticos, por otra denominada "especialización".

   Detalla que el rubro antigüedad se redujo de $á1.644,52 a $ 128,40 y que como consecuencia de ello le fue formulado un cargo deudor de $ 34.536,64.

   Tilda el actuar del Instituto de Previsión Social como una vía de hecho en los términos del art. 109 del decreto ley 7647/1970 y entiende que dicha situación no resulta subsanada por las resoluciones posteriores que declararon la legitimidad de ese obrar.

   Hace saber que mediante la Resolución del 29-X-1998 el directorio del I.P.S. puso de manifiesto que lo actuado en torno a la reducción directa de su haber jubilatorio encontraba sustento en el art. 50 del decreto ley 9650/1980, que regula la movilidad y actualización de oficio de las prestaciones, conforme a las modificaciones salariales del personal en actividad. Por medio de la Resolución del 25-XI-1999 desestimó el recurso de revocatoria, por no agregarse nuevos elementos que permitan modificar el acto impugnado.

   Señala que el sentido que la Convención Constituyente de 1957 como así también la Corte nacional han querido otorgarle a la expresión "jubilaciones y pensiones móviles" es el de la conservación del poder adquisitivo.

   Considera que la garantía de la movilidad de los haberes en conjunción con los principios de indemnidad y progresividad no admite otra interpretación que no sea preservar o mejorar la cuantía de los haberes jubilatorios, afirmando que debe respetarse el derecho incorporado al patrimonio del jubilado de percibir la prestación conforme a la remuneración asignada al mejor cargo tomado como base al momento de otorgarse el beneficio.

   Añade que el cercenamiento del haber jubilatorio se contrapone con el objetivo constitucional de procurar el fortalecimiento y protección moral y material de la familia (art. 36 inc. 1 de la Constitución provincial de 1994).

   Afirma que la interpretación que el I.P.S. hizo del art. 50 del decreto ley 9650/1980, además de resultar incompatible con el texto del propio dispositivo, se contrapone con los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 36 inc. 1 y 39 inc. 3 de la Carta local. En relación al art. 50 manifiesta que no sólo recepta la movilidad que proviene de la Constitución sino que la completa al establecer que los importes de las prestaciones deberán ser actualizados de oficio por el Instituto, empleando un término que a su juicio denota la necesidad de que no decaiga el poder adquisitivo.

   Destaca que la Corte Suprema ha expresado que el sistema que se implante será válido en tanto y en cuanto no hiera la garantía de la propiedad y no desvirtúe la razón de ser de la movilidad, que no es otra que reforzar la prestaciones a medida que decaiga su poder adquisitivo.

   Agrega que el otorgamiento de un beneficio previsional, conforma un derecho que se incorpora al patrimonio del titular que no es susceptible de ser desconocido por otro acto o ley posterior.

   Detalla que el status jubilatorio debe ser mantenido puesto que lo contrario importaría una retrogradación de la condición de pasividad incompatible con las garantías de los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional. Así estima que la cuantía de la prestación debe ser incluida dentro de ése ámbito.

   Reconoce que si bien el alto Tribunal nacional admitió la posibilidad de que los haberes previsionales fuesen disminuidos, lo hizo bajo la condición de que mediasen razones de orden público o de interés general y en la medida en que la reducción no resultase confiscatoria. De esa manera, asevera que la decisión del I.P.S. en modo alguno se adecuó a los parámetros señalados, por cuanto la reducción no tuvo alcance general ni provino de una ley o norma de alcance general que comprendiera a todos los jubilados y pensionados.

   Razona que toda vez que los jubilados en otros órganos de la Provincia no han visto alterado el monto de sus prestaciones, se afectó el principio de igualdad.

   Por último apunta que el haber jubilatorio fue reducido en un cuarenta y seis por ciento sin que se invocaran razones de emergencia económica o de interés general.

2. a) Al contestar la demanda el Fiscal de Estado expone que por medio de la resolución 336.236 el accionante obtuvo su beneficio de jubilación ordinaria, en base de los servicios prestados en la Cámara de Diputados de la Provincia como Asesor "A", categoría 17, Bloque Político.

   Refiere que mediante la resolución 260/96, del 15-I-1996, la Cámara de Diputados encuadró a dicho personal como transitorio (régimen del art. 117 de la ley 11.758), razón por la cual la bonificación por antigüedad no integró más la remuneración de esos agentes, disponiéndose el pago de una bonificación mensual sustitutiva denominada por especialización, consistente en el tres por ciento del sueldo por cada año aniversario de subordinación laboral en el Poder Legislativo nacional o provincial exclusivamente.

   Pone de relieve que cuando el Instituto de Previsión Social tomó conocimiento del nuevo régimen normativo aplicable al personal de los bloques políticos y comisiones de la Cámara de Diputados procedió a reformular la liquidación de los agentes pasivos y a formular cargos deudores por los haberes indebidamente percibidos por algunos beneficiarios.

   En el caso, formuló un cargo de $ 34.536,64, por los importes que el accionante percibiera indebidamente en el período 1º-I-1996 al 30-VII-1997, afectando a tales efectos el diez por ciento del haber. Frente a esta situación el accionante presentó un reclamo administrativo, tendiente a lograr el restablecimiento del monto de su haber y a que se dejara sin efecto el aludido cargo deudor, pretensión que fuera desestimada mediante las resoluciones de fecha 29 de octubre de 1998 y 25 de noviembre de 1999, aquí impugnadas.

   2. Expresa que el mecanismo para la liquidación de los beneficios previsionales está previsto expresamente en los arts. 41 y 50 del decreto ley 9650/1980, y conforme los mismos las variaciones salariales determinadas en los activos, cualquiera sea su origen, se trasladan automáticamente a los pasivos.

   Sostiene que de ello resulta que debe existir proporcionalidad entre los sueldos del personal activo y los haberes de los pasivos razón por la cual deben considerarse no sólo los aumentos sino también las reducciones.

   Afirma que no existen derechos adquiridos en cuanto al contenido económico de un beneficio y cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

   Observa que de seguirse la postura del accionante se llegaría al absurdo de que su haber sería superior al sueldo que hubiera percibido de continuar en el servicio activo, circunstancia que no fue aceptada ni por ésta Corte ni por el más alto Tribunal nacional.

   Destaca que los precedentes invocados no resultan aplicables al caso puesto que el accionante mantuvo la misma categoría que cuando prestaba servicios en la Cámara de Diputados, de modo que las consideraciones en torno al status jurídico resultan ajenas al caso.

   Por último estima inatendibles los planteos constitucionales del accionante. En ese sentido manifiesta que el art. 14 bis de la Constitución nacional dejó al arbitrio del legislador la determinación del procedimiento a seguir para cumplir con el principio de movilidad, a la vez que impuso la existencia de un sistema de seguridad social por lo que colige que también se halla garantizada la subsistencia del sistema previsional. En ese marco asegura que el mecanismo de los arts. 41 y 50 del decreto ley 9650/1980, da una respuesta adecuada a la armonía que debe existir entre las garantías individuales y los intereses generales en función de las posibilidades financieras del sistema.

   Tampoco entiende atendible el argumento que la reducción sólo debiera resultar de la aplicación de una ley que la dispusiera de manera general e igualitaria. Encuentra el fundamento...