El caso Schiffrin y la caja de Pandora

Hace pocos días, la Corte Suprema se pronunció sobre el pedido del sabio juez de la Cámara Federal de La Plata Leopoldo Schiffrin, quien contaba con dos decisiones favorables de las instancias anteriores y un dictamen de la Procuración General que le reconocían que, no obstante haber cumplido los 75 años, se encontraba en condiciones de seguir ejerciendo sus funciones.

Schiffrin esperaba un pronunciamiento de la Corte desde 2012. La demora y el cambio del escenario político pudieron haber incidido en cuanto a la suerte de su derecho, fundado en el precedente de la Corte dictado en el caso de Carlos Fayt (1999). Allí, la Corte sostuvo que la Convención Constituyente de 1994 se había excedido al fijar el límite de años en 75 y resolvió que era contrario a las disposiciones constitucionales que habilitaban la reforma.

Durante los cuatro años que debió esperar el fallo de la Corte fallecieron los jueces Enrique Petracchi y Fayt, que se habían pronunciado en favor del derecho de Schiffrin. Además, la jueza Elena Highton de Nolasco, en un proceso judicial cuya celeridad asombra, obtuvo un amparo basado en el caso Fayt que le permite traspasar el límite de 75 años. Le bastó a Highton de Nolasco pedir el amparo los últimos días de diciembre del año pasado para que en menos de dos semanas judiciales obtuviera ese beneficio, sospechosamente no apelado por el Estado, como sí le sucedió a Schiffrin.

Durante los cuatro años que ha debido esperar Schiffrin la decisión de la Corte hubo varios pases por la vocalía de Highton de Nolasco, incluso una última, días antes de la decisión del caso. Sin embargo, Highton de Nolasco, sin excusarse ni manifestar ningún impedimento, se limitó a no firmar la sentencia; guardó silencio a pesar de que el fallo cuestiona ciertamente su permanencia en la Corte.

La sentencia de la Corte se formó con una mínima mayoría integrada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Una de las causas por las cuales los jueces se deben excusar de intervenir en un proceso por estar comprometida su imparcialidad es cuando adelantan una opinión sobre un derecho debatido. Tanto Maqueda como Rosatti fueron convencionales en 1994 y votaron en favor de la cláusula constitucional, eje de la decisión del caso Schiffrin.

El proyecto de Lorenzetti, al que adhirieron según sus votos Maqueda y Rosatti, sostiene que el precedente del caso Fayt, en el que se amparó Highton de Nolasco, no debe ser respetado cuando existan causas...