Caso Ferreyra: seis policías procesados

Media docena de integrantes de la Policía Federal, entre ellos tres altos ex oficiales de la fuerza, fueron procesados por la Justicia acusados de abandonar a su suerte al militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra, asesinado en Barracas durante un enfrentamiento con una patota de la Unión Ferroviaria, el 20 de octubre del año pasado.La jueza Wilma López procesó a los jefes del operativo, comisarios Jorge Ferreyra, a cargo de la División Roca, y Luis Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas; y al subcomisario Rolando Garay. Las órdenes dictadas por estos tres imputados permitieron que los agresores se acercaran a los manifestantes cuando se estaban desconcentrando. La jueza también procesó al comisario general Hugo Lompizano, ex jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal y a los oficiales Luis Alberto Echavarría y Gastón Conti. Lompizano y sus subordinados tenían a cargo el monitoreo y control del operativo en la sala de situación ubicada en el Departamento Central de Policía, donde recibían las imágenes en tiempo real. Desde ese lugar, con la anuencia de sus superiores, Conti ordenó el repliegue de las fuerzas policiales que hizo posible el ataque a los manifestantes.En la misma resolución, la jueza López sobreseyó al agente David Villalba, que tenía a cargo la filmación de los hechos. Villalba registró todo el operativo, a excepción de los cinco minutos en los que se produjo el ataque, que no quedaron grabados. Sin embargo, la jueza estimó que no existían pruebas suficientes para involucrarlo en el hecho y atribuyó la falta de registro del ataque al cumplimiento de órdenes de sus superiores que le impidieron acercarse al lugar.Los seis policías fueron procesados por los delitos de abandono de persona agravado seguido de muerte, en el caso de Mariano Ferreyra, y de grave daño a la salud por las heridas que sufrió Elsa Rodríguez. Esta calificación, que subsume la de violación de deberes de funcionario público, permite castigar a los acusados con penas de hasta 15 años de cárcel en caso de ser encontrados culpables.Los querellantes del Partido Obrero y del centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) habían pedido que se considere a los policías partícipes en el homicidio, pero la jueza entendió que no había evidencias de que estuvieran al tanto del plan criminal por el que...