Lo que el caso Chano nos dice sobre el desconocimiento de la Ley de Salud Mental

El debate ante una situación desgraciada como lo fue el caso del músico Santiago Moreno Charpentier, más conocido como Chano, refleja el desconocimiento de la ley por parte de las personas directamente involucradas y también por muchos especialistas. Desde los ministerios de salud, poco o nada se ha hecho para aplicar la ley 26.657 de Salud Mental. Es difícil valorar una ley si en una década no se ha aplicado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), miles de millones de personas de todo el mundo se han visto afectadas por la pandemia de Covid-19, con repercusiones adicionales en la salud mental . Sin embargo, relativamente pocas personas en todo el mundo tienen acceso a servicios de salud mental de calidad. Un 23% de los problemas de salud son debidos a depresión, abuso de alcohol, trastornos de ansiedad, entre otros. En los países de ingresos bajos y medios, más del 75% de las personas con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias no reciben ningún tratamiento. La estigmatización, la discriminación, y las violaciones de los derechos humanos siguen estando generalizados. Y agregan: "A menos que nos comprometamos seriamente a aumentar la inversión en salud mental ahora mismo, las consecuencias sanitarias, sociales y económicas tendrán un gran alcance".

Los hospitales psiquiátricos insumen enormes sumas de dinero (en CABA, el 8% del presupuesto total de salud va a cuatro hospitales psiquiátricos), y resultan ineficaces e ineficientes. La Argentina adhirió a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por ley en 2007, e incluida en el texto de la Constitución en 2014. Establece para toda persona la presunción de capacidad: puede casarse, tener hijos, estudiar, trabajar; votar, comprar, vender, viajar, etc. El Estado debe procurar los apoyos y soportes adecuados para que puedan seguir ejerciendo sus derechos. Dispone la creación de un sistema de atención que permita el acceso a todos aquellos que lo necesiten: internación en el hospital general, centros comunitarios, casa de medio camino; atención domiciliaria, cuidadores domiciliarios.

La ley 26.657 determina el incremento del presupuesto para salud mental del 2% al 10%, que no ha se concretado, como tampoco la habilitación de camas en hospitales generales, y la creación de centros para la rehabilitación. La actualización en la formación de los profesionales de salud general y los especialistas (psicólogos y psiquiatras)...