Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini, fue favorecido por otro fallo de la Justicia que pasó bajo los radares

Carlos Liuzzi vive junto a su mujer, Thaiss del Corazón de Jesús Hidalgo, en una mansión en Marbella; muestran en las redes sus viajes por el mundo

El opulento estilo de vida que lleva Carlos Liuzzi, quien fuera el segundo de Carlos Zannini durante los tres gobiernos kirchneristas que se sucedieron hasta diciembre de 2015, lejos está de ser investigado en profundidad por la justicia argentina. La misma fortuna en los tribunales federales de Comodoro Py corre para Gustavo Benvenuto , dueño de la firma Adcon SA , que, gracias a contratos con el Estado, facturó cientos de millones de pesos mientras Zannini manejó la secretaría de Legal y Técnica, y estuvo sospechado de haber sido su testaferro.

Ambos fueron favorecidos por un fallo que pasó bajo los radares, firmado en octubre del año pasado por los camaristas federales Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun. Gracias a ese fallo, la causa que los involucra quedó muy debilitada porque la Cámara declaró que buena parte de lo que hay en el caso ya había sido analizado y cerrado en otros expedientes.

Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico

Esta causa, en manos del fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini , fue iniciada en 2017 por una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) , que le informó a la Justicia la existencia de operaciones, bienes y propiedades que ligaban a Benvenutto y a Liuzzi. El juez Marcelo Martínez de Giorgi , que entonces llevaba adelante la investigación por enriquecimiento ilícito contra Liuzzi, consideró que este informe aludía a hechos nuevos y, por eso, mandó la denuncia a sorteo. Así llegó a las manos de Ercolini y Rívolo, que hoy tienen vedada por la Cámara Federal la posibilidad de avanzar sobre una línea de investigación considerada como ya explorada.

Benvenuto, un empresario de 63 años, es uno de los dueños de la Adcon SA (Administradora de Conocimientos SA), una firma creada en 2005 con un capital social de $12.000 y que, menos de dos meses después de haber sido dada de alta, recibió, gracias a un convenio de cooperación firmado por Zannini , una contratación directa del Estado para digitalizar toda la información del Boletín Oficial, un servicio que hasta entonces brindaba la firma La Ley SA. Desde entonces, y hasta diciembre de 2015, la firma, que no estaba inscripta como proveedora del Estado, facturó aproximadamente $134.000.000, según reconstruyó LA NACION. Benvenuto multiplicó su patrimonio y hoy es dueño, entre otras...

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