Capítulo Tercero. El Ministerio Público

• Autor: Enrico Tullio Liebman
• Páginas: 101-106

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MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL

CAPÍTULO TERCERO

EL MINISTERIO PÚBLICO

SUMARIO: 66. Del ministerio público en general.— 67. Las atribuciones del mi-

nisterio público en el proceso civil.— 68.La acción del ministerio público.—69.

La intervención del ministerio público.—70. El ministerio público en el proceso

de casación.

66. Del ministerio público en g eneral1

El ministerio público es un órgano del Estado, instituido en la forma de un

oficio al lado de cada una de las cortes y tribunales. Los oficios (las oficinas) del

ministerio público, que son distintas y autónomas del órgano jurisdiccional junto al

cual desa rrollan sus funciones, son cubiertos por magistrados que pertenecen tam-

bién ellos al orden judicial, pero tienen menores garantías de independencia, pues-

to que gozan de una inamovilidad atenuada y ejercen sus funciones «bajo la vigi-

lancia del ministro de gracia y justicia» (art. 69 del Ordenamiento judicial, modifi-

cado por el art. 39 d el D.L. de 31 de mayo de 1946, n. 511)2. Esos oficios forman

conjuntamente la «magistratura requirente» que se contraponen a la magistratura

juzgadora en cuanto su cometido es el de proponer a los jueces demandas dirigidas

a promover y estimular su actividad. En las proposiciones de sus demandas, el

ministerio público e s impulsado por la finalidad de «velar por la observancia de las

leyes, por la rápida y regular adm inistración de la justicia» y de «promover la

represión de los delitos y la aplicación de las medidas de seguridad» (art. 73 del

Ordenamiento judicial); expresiones éstas de significado muy amplio y genérico,

cuyo real alcance debe ser precisado, puesto que proveer a la actuación de la ley es

propiamente el cometido de la autoridad judicial; pero, dado que ésta no procede

de oficio, corresponde al ministerio público promover su actividad todas las veces

que un interés público lo exija y no pueda dejarse ello a la iniciativa de los sujetos

particulares. De todo esto surge que no carecía d e un cierto fundamento la defini-

ción que del ministerio público daba una ley ahora abrogada (art. 77 del Ordena-

miento judicial de 30 de diciembre de 1923), la cual lo consideraba «representante

del poder ejecutivo ante la autoridad judicial»; definici ón que si bien refleja los

orígenes h istóricos del instituto (nacido en Francia y modelado en el período revo-

lucionario en sus actuales car acterísticas), exi ge solamente algunas limitaciones y

1CRISTOFOLINI,L a posiz ione e i poteri del p.m . nel processo civile, e n Riv. dir. proc. ci v., 1 930, II , 23;

ALLORIO,Il p.m. nel nuovo processo civile, en Riv. dir. proc., 1941, I, 212; VELLANI,Il Pubblico ministero,

Bologna, 1963-70.

2También en el art. 107 de la Constitución la posición del ministerio público se distingue de la de los

otros magistrados.