Una búsqueda salvaje por el poder absoluto

Hace meses que el Gobierno lanzó una cruzada contra la independencia del Poder Judicial, sin antecedentes en nuestra historia institucional.

Sabemos que las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial no son nuevas, ocurren en otros países -incluso los más democráticos- y hasta pueden ser a veces comprensibles.

Pero los ataques cristinistas son inadmisibles. Son mera política hegemónica, son ataques institucionales que buscan romper la Constitución que juraron defender y que les pone los límites que tanto detestan.

El Gobierno quiere desplazar del poder al Poder Judicial. Empezó denunciando penalmente a los consejeros de la Magistratura que no se le sometieron, siguió quitándole quórum al propio Consejo, desencadenando desde los primeros días de enero una lluvia de agravios lamentable y adoptando un discurso de barricada para un enemigo de un país en guerra, inconcebible en un país en paz y destinado a la Justicia.

No fue un arrebato impensado: fue el prolegómeno de la batería de leyes bautizada como "democratización" (léase dominación) de la Justicia.

La elección partidista de los consejeros de la Magistratura ya fue declarada inconstitucional. Falta confirmar la inconstitucionalidad de la ley de cautelares y la invalidación de otros aspectos nefastos, como la ausencia de requisitos para ser consejero, las magras mayorías de las votaciones, la absurda forma de las ternas, las intromisiones del Gobierno en la Justicia y las esterilizantes cámaras de casación, que se pretende llenar con jueces subrogantes, para lograr el sueño gubernamental de los jueces-empleados-militantes.

Tras el memorable fallo de la Corte en el caso Rizzo, volvieron las embestidas y burlas que, lejos de menoscabar a sus destinatarios, agravian a quienes las profieren.

Ahora se ha sumado otro proyecto de ley, que, con una lectura perversa de la Constitución, pretende que el Consejo de la Magistratura, al administrar, puede sobreponerse a la Corte Suprema.

Jurídicamente es un error monumental porque las facultades del inc. 3 del art. 114 de la Constitución son para secundar a la Corte, cabeza y titular del Poder Judicial por el art. 108.

Políticamente es un intento de dominación del Poder Judicial, algo prohibido por el art. 109: si se admite esa supremacía del Consejo, el Poder Ejecutivo dominaría al Judicial indirectamente por su mayoría simple en el Consejo de la Magistratura.

Para explicar el absurdo con un ejemplo, esta interpretación gubernamental llevaría a...