Buscan reformar la ley penal cambiaria para frenar el dólar

Obsesionado por la repercusión que tiene la sostenida y su impacto sobre las expectativas y la conducta de los agentes económicos, el Gobierno comenzó a trabajar en una reforma del régimen penal cambiario, con la idea de agilizar el combate contra el floreciente mercado negro de divisas.El objetivo básico es cambiar la tipificación del para hacerlas más "terrenales" y, por lo mismo, fáciles de reprimir.Esto significa rebajarlo a delito correccional para que las fuerzas públicas puedan actuar in situ ante la evidencia de operaciones cambiarias que no se cursen por los canales legales, sin necesidad de aguardar la autorización previa de los organismos públicos que actualmente son los encargados de ordenar los procedimientos.La iniciativa fue confirmada por el jefe de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, recientemente citado (junto al coordinador del área, Omar Orsi) a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, por excluir al empresario Lázaro Báez de una investigación penal por lavado de dinero. Gonella se negó a brindar precisiones por el pacto sellado con sus colegas para no difundir detalles de la reforma hasta que el proyecto de ley no sea presentado ante ellos.Ese acuerdo surgió tras un inédito plenario desarrollado a fines de agosto que juntó a fiscales y jueces del fuero en lo penal económico para analizar por qué fracasó la mayor parte de los procedimientos realizados en los últimos tiempos contra los denominados "cueveros". En ese encuentro, Gonella calificó la actual ley como "vetusta", básicamente porque pone en cabeza de la investigación del comercio ilegal de divisas al Banco Central (BCRA) y le concede discrecionalidad.El jefe del área de Fraude Económico y Bancario de la Procelac, Pedro Biscay, detalló ese día que del allanamiento de unos 30 domicilios que derivó de las 19 investigaciones realizadas por el ente a su cargo, 11 fueron realizados en distintos puntos del microcentro porteño. Sin embargo, allí las sumas incautadas resultaron menores que las recogidas en oficinas clandestinas del interior del país o el conurbano.Los fiscales tienen firmes sospechas de "connivencia" entre los grandes operadores de este negocio y los funcionarios que deberían combatirlos. Y sus miradas apuntan a personal del BCRA y a miembros de la Policía Federal. "En muchos casos, llegamos al local, la oficina o el departamento en que tenemos detectado...