Bullrich-Centurión, una puja interna que viene de larga data

Pese a que el gobierno de Mauricio Macri intentó ayer bajar el tono de las disputas internas, la controversia entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el suspendido director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, viene de larga data y dejó expuestas todas las desconfianzas previas entre varios funcionarios.

Mucho antes que el secuestro de 250 kilogramos de pseudoefedrina en un depósito fiscal del aeropuerto de Ezeiza, Gómez Centurión se había enfrentado con el director de la AFIP, Alberto Abad, su superior jerárquico. Ocurrió hace dos meses y medio, cuando aún aquel no había sido suspendido.

En medio de sus investigaciones al contrabando, Centurión le reclamaba a Abad más competencias administrativas para la Aduana, pero el titular de la AFIP lo tomó como un abierto desafío y nunca se las cedió. No pareció casual que desde la AFIP relativizaron en estos días la participación de Gómez Centurión en el secuestro de la pseudoefedrina, aunque ese operativo fue ordenado tras una declaración judicial del suspendido funcionario.

Según pudo saber LA NACION, Bullrich le recrimina a Centurión que nunca dejó ingresar a las fuerzas federales de seguridad a la Aduana para investigar narcotráfico y otros delitos. La ministra se queja de que el ex combatiente de Malvinas no le da intervención a la Justicia y se maneja sólo con trámites administrativos.

Fuentes cercanas a Gómez Centurión confiaron a LA NACION que el militar retirado le atribuye a Bullrich haber enviado en 45 minutos a Macri y luego a Comodoro Py una denuncia anónima de corrupción en su contra del "submundo del contrabando, de los puertos y de los depósitos fiscales".

El funcionario separado está convencido de que esa denuncia, con audio adulterado, fue armada por los hermanos Miguel y Alejandro Paolantonio, a quien Gómez Centurión acusó judicialmente de liderar una organización dedicada al contrabando por millones de dólares.

Gómez Centurión sospecha de que el abogado de los Paolantonio, Maximiliano Rusconi, hizo llegar la denuncia a Bullrich. Rusconi es, además, el abogado de Lázaro Báez, de Andrés Galera -sospechado de ser testaferro de José López- y de Diego Lagomarsino, imputado por la muerte de Alberto Nisman.

El suspendido director de la Aduana está convencido de que esos empresarios se vinculan al submundo de inteligencia residual del kirchnerismo, compuesto por el...