Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social - Camara Federal de la Seguridad Social - Sala 3, 13 de Diciembre de 2019, expediente CSS 123611/2017/CA001

• Fecha de Resolución: 13 de Diciembre de 2019
• Emisor: Camara Federal de la Seguridad Social - Sala 3

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3 SENTENCIA DEFINITIVA EXPEDIENTE NRO: 123611/2017 AUTOS: “BLANCO JULIO CESAR c/ ANSES s/AMPAROS Y SUMARISIMOS”

Buenos Aires, EL DOCTOR M.L. DIJO:

Contra la sentencia del a quo, que rechazó de amparo deducida en autos en razón de existir vía legal apta apta para obtener la protección del derecho que invoca, apelo la parte actora.

En su escrito recursivo, la actora peticiona se declare la procedencia de la acción de amparo, razón por la cual el primer punto que ha de ser dilucidado consiste en determinar si es procesalmente viable la vía escogida por el actor.

A partir de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar, el 27 de diciembre de 1957, en el célebre caso "S., A.S., la acción de amparo obtuvo reconocimiento en los estrados judiciales. En dicha oportunidad, el Alto Tribunal consideró que, ante una restricción de las libertades de imprenta y trabajo sin orden de autoridad competente y sin expresión de causa legal, "basta esta comprobación inmediata para que la garantía constitucional invocada sea restable cida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente: las garantías individuales existen y protegen los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias" (Fallos, 239:459).

Posteriormente, al sentenciar, el 5 de octubre de 1958, en autos "K., Samuel SRL", la Corte amplió la doctrina sentada en el caso anterior, considerando que "siempre que aparezca, en USO OFICIAL consecuencia, de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, correspondería que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo". De acuerdo al nuevo enfoque de la Corte, la doctrina sentada en favor de la validez del amparo deriva del art. 33 de la Constitución Nacional y se erige en una "garantía tácita o implícita que protege los diversos aspectos de la libertad individual" (Fallos, 241:291).

Resumiendo la doctrina que fue elaborada por la Corte Suprema a partir de los citados casos y hasta la sanción de la Ley 16.986, expresa N.P.S.: "El amparo, que se deducía del art. 33 de la Constitución Nacional, debía interpretarse ampliamente y procedía ante la restricción real y actual (sea daño o amenaza) de algunas de las libertades o derechos de la persona reconocidos por la Constitución Nacional, proviniera el acto lesivo de particulares o de autoridad pública. Por lo demás, el amparo no actuaba como accesorio de una demanda ya iniciada o por iniciarse. Pero el amparo, como procedimiento excepcional, sólo era procedente cuando no existían procedimientos legales para la protección del derecho afectado, o cuando existiendo no lo eran de manera apta y eficaz" (Cfr.

S., Derecho Procesal Constitucional, Buenos Aires, Astrea, 1995, Tomo 3, pág. 16). De esta suerte, se recepcionaban las objeciones de quienes, como G.R.C., temieron originariamente que el lenguaje un tanto equívoco empleado...