Los bancos deberán informar operaciones sospechosas del Estado

Durante años, retiraba millones de fondos públicos en una ventanilla bancaria, firmaba cheques a su favor que provenían de esas mismas arcas, y ninguna entidad financiera se sintió con la obligación de informarlo. En forma paralela, el Estado pagaba decenas de millones a una fundación privada en Santa Cruz que debían ir a parar a obras en el Yacimiento Río Turbio y no había bancos que enviaran una alerta. Como pasó con la Fundación Madres de Plaza de Mayo y con cientos de casos más, desde plata municipal hasta nacional, un gran agujero negro facilitó los movimientos irregulares con plata pública sin que el sistema financiero lo informara a las autoridades. Un vacío legal liberaba a las entidades financieras de reportar operaciones sospechosas cuando se realizaban a través de cuentas públicas.

La necesidad de cubrir ese agujero es desde hace meses materia de discusión reservada entre autoridades financieras, bancos y organismos encargados de controlar los movimientos sospechosos de dinero. Y terminaron por dar luz a una nueva regulación, a la cual tuvo acceso LA NACION, que obligará a las entidades a informar operaciones anormales de fondos públicos, como hasta ahora ocurría con el sector privado.

Hubo quejas, resquemores frente a las reacciones que podían generarse en el ámbito político, pero finalmente la resolución 30/2017 de la Unidad de Información Financiera (UIF) entrará mañana en vigor. La nueva norma cambia también el sistema para considerar sospechosa una operación. Se pasará a un "enfoque basado en riesgos", donde cada entidad deberá evaluar anualmente a sus clientes. La inclusión expresa como "clientes" de los sectores públicos nacionales, provinciales y municipales en el artículo 25 de la resolución los obligará ahora a informar sus movimientos.

Los cobros de dinero en efectivo que provenían de fondos públicos fue un mecanismo repetido en los casos de...