Avanza una investigación por sobreprecios en Santa Cruz

 
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Con todo sigilo, avanza en los tribunales una causa contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, por presuntos sobreprecios en la construcción de la central termoeléctrica de Río Turbio, una gran usina de carbón que el Estado nacional espera poner en marcha el año próximo, a 278 kilómetros de Río Gallegos.En los próximos días, el cuerpo de peritos de la Corte Suprema comenzará un peritaje para analizar la razonabilidad de los costos de la central, por la que el Gobierno se comprometió a pagar más de 2600 millones de pesos.El estudio fue ordenado por el juez federal Claudio Bonadio hace dos semanas, según informaron a LA NACION dos funcionarios con acceso al caso. Será un peritaje multidisciplinario, del que no sólo participarán expertos tasadores, sino también ingenieros. Es un estudio complejo, que demorará muchos meses, estiman en Tribunales.La investigación judicial sobre la central de Río Turbio tiene dos ejes. Por un lado, los supuestos sobreprecios. Según la denuncia que motivó el expediente, se pagará por esta obra tres veces el costo internacional promedio y un 174% más que lo invertido por Chile para hacer una central térmica "de similares características preciada en la misma época". Por otro, los efectos sobre el medio ambiente. Los denunciantes sostienen que hay un grave peligro de contaminación porque la usina utilizará carbón como combustible y no se tomaron los recaudos necesarios para evitar un daño ambiental.En relación con este aspecto, el juez ordenó un allanamiento en la compañía de seguros que emitió la póliza por posibles daños ecológicos. Durante ese operativo secuestró documentación vinculada al caso que está incorporada al expediente.El contrato para la construcción de la central termoeléctrica a carbón en Río Turbio lo firmó Cristina Kirchner el 14 de diciembre de 2007, cuatro días después de asumir la presidencia. La adjudicataria, que había ganado la licitación, fue la UTE Grupo Isolux Corsan, de capitales españoles.Bonadio investiga este caso desde octubre del año pasado, cuando el fiscal federal Guillermo Marijuán presentó un requerimiento en el que individualizó como imputados a De Vido, Peralta (que era el interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio durante el proceso licitatorio) y los ex subsecretarios de Medio Ambiente de Santa Cruz Francisco Anglesio y Mario Abel Díaz.De acuerdo con la carátula del expediente, los supuestos delitos que se investigan...

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