Avanza una investigación a empresarios oficialistas

A pesar de los múltiples escollos, los investigadores judiciales quieren continuar con su pesquisa sobre las facturas truchas. Y para eso, decidieron ahondar en una de las empresas más sensibles, la constructora Gotti SA, vinculada al poderoso empresario kirchnerista Lázaro Báez, confirmaron a LA NACION dos fuentes judiciales.Los investigadores solicitaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que informara si el acogimiento de Gotti SA a la polémica moratoria impulsada por el Gobierno en 2009 abarcó todas sus deudas tributarias pendientes, por un monto multimillonario.Tras negarlo durante años ?lo que expuso incluso mediante una solicitada en la que defendió su buen nombre y repudió las versiones sobre evasión?, la constructora optó por acogerse a esa moratoria por entre 75 y 100 millones de pesos, lo que según impone la ley 26.476 podría extinguir la acción penal si cumple con todo el plan de pagos.La duda de los investigadores, según reconstruyó LA NACION en el fuero en lo Penal Económico, pasa por la diferencia de montos en juego: la cantidad por la que se acogió a la moratoria es muy inferior a los entre 400 y 500 millones de pesos evadidos que los primeros sabuesos de la AFIP habían estimado. Sólo por evasión al IVA, en la AFIP habían cifrado el perjuicio en $ 120 millones.El requerimiento a la AFIP se concentra en dos ejes. El primero es analizar si abarcó las eventuales deudas correspondientes a 2008; el segundo, revisar las facturas falsas que canceló Gotti para determinar si son todas las detectadas."Con suerte, la respuesta de la AFIP podría llegar a fines de año, antes del inicio de la feria judicial", indicó uno de los informantes, que detalló que las idas y venidas del expediente consumieron largos meses, tanto en los tribunales de Buenos Aires como en la Patagonia.El derrotero comenzó cuando el juez en lo Penal Económico, Rafael Caputo, protagonizó dos planteos de competencia con un par del fuero Penal Tributario y un segundo con la justicia federal de Comodoro Rivadavia, a la que remitió un tramo por $ 62 millones. Consideró que el domicilio y centro de operaciones de la constructora era en el Sur.Los letrados de la empresa, no obstante, rechazaron esa posibilidad y abogaron por que permaneciera en Buenos Aires, donde antes habían reubicado su domicilio fiscal, y lograron que el expediente retornara a los tribunales de la Avenida de los Inmigrantes.En público, sin embargo, la constructora liderada por Sergio Gotti siempre...