Ausol: el Estado se presentó en la Justicia y pidió estatizar dos autopistas

Autopistas del Sol

Era una arremetida verbal con algunas estocadas regulatorias, no mucho más. Pero finalmente aquellos amagues quedaron plasmados en dos demandas mediante las que el Estado intenta quedarse ya mismo con el control de las concesiones que actualmente explotan Autopistas del Sol y del Oeste , dos empresas controladas por la poderosa constructora española Abertis.

Con estrategias de ataque por parte del Gobierno, y de defensa, ejercida por las concesionarias, empezó a escribirse la historia final de los dos principales accesos que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Hace 12 días, Vialidad Nacional se presentó en la Justicia con una demanda en la que aduce, a grandes rasgos, que el contrato que se firmó en 2018 con Autopistas del Sol y que extiende el plazo de explotación hasta 2030, es nulo por resultar "lesivo" al Fisco. En ese escrito firmado por el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, se solicitó que el contrato se declare nulo, además de solicitar una medida cautelar para que el control de la empresa pase a manos públicas mientras se defina la cuestión de fondo.

Pese a que transcurrieron varios días desde que ingresó al fuero, el juez Enrique Lavié Pico no se expidió sobre el pedido de Vialidad. Por ahora, según lo que pudo saber LA NACION, el expediente está reservado y no ha sido notificada la otra parte , es decir, Autopistas del Sol, concesionaria del acceso Norte y de la General Paz. Nadie ha tenido acceso a la causa.

A esto se sumó en las últimas horas una segunda presentación contra Caminos del Oeste, la firma que cobra los peajes y explota la vía de circulación que une Liniers con Luján. Este juicio quedó radicado en el juzgado Contencioso Administrativo Número 9 a cargo de Andrea Danas . Por ahora, tampoco hubo movimientos en ese expediente.

Con tanto anuncio previo sobre la estrategia estatal, que desde hace varios meses se puede anticipar, en las oficinas de las empresas, ambas controladas por la española Abertis, no se quedaron quietos.

La ofensiva oficial fue recibida con una fuerte trinchera de los ejecutivos de las concesionarias. Sucede que el contrato vigente, que es el cuestionado por el Estado, tiene una cláusula en el que las partes se someten voluntariamente a la jurisdicción de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), un organismo con sede en París. Según los contratantes toda controversia se tiene que cursar en ese ámbito.

La contraofensiva privada

Aquella cláusula fue la que utilizaron las empresas...