Ataques a comisarías, temeridad creciente

El intento de copamiento a balazos de una comisaría de San Justo, La Matanza, por parte de delincuentes que procuraban liberar un preso e hirieran de gravedad a una mujer policía es el trágico resultado de una serie de falencias cada vez más peligrosas que arrastran los sistemas policial, carcelario y judicial de la provincia de Buenos Aires, en particular del conurbano. Pero se suma también la creciente agresividad y temeridad rayanas en la inconciencia de delincuentes muy jóvenes de ambos sexos, al tiempo que asombra la cantidad de mujeres al frente de peligrosas bandas. En conjunto, estos factores componen un cóctel explosivo.

La personificación de esta creciente amenaza, que promete más episodios similares si no se toman recaudos y se encaran reformas de fondo, la vemos en la joven de tan solo 19 años que planificó el operativo de copamiento con varios cómplices para liberar a su novio, Leandro Aranda, de 22 años. Aranda estaba detenido en aquella comisaría desde hacía dos semanas, acusado de haber intervenido en el asesinato de un narcotraficante. Su víctima y él formaban parte de una banda de narcos.

La firme resistencia que ofrecieron los agentes de la comisaría frustró el intento de liberación antes de que los presos fueran trasladados a unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, pero hubo que lamentar las graves heridas que la sargento Rocío Villarreal recibió en su columna vertebral y que amenazan con poner en riesgo su posibilidad de volver a caminar.

Es importante destacar que en el momento del hecho había en la comisaría nada menos que 46 presos; algunos, como Aranda, vinculados con el narcotráfico.

La comisarías no son cárceles. A lo sumo, son lugares de detención transitoria. La mayor parte de sus efectivos cumple funciones en la calle, y los agentes que se encuentran en la dependencia realizan ineludibles labores de oficina. No están preparados para custodiar un alto número de detenidos, que a su vez reciben la visita de sus familiares y defensores. Precisamente, durante la visita de la defensora de Aranda, la abogada ocultaba en sus prendas íntimas un celular que pudo entregarle a su defendido sin que los policías lo advirtieran. Ese teléfono fue empleado en la planificación del copamiento. La abogada, sin perjuicio de las sanciones penales que le correspondan, debiera recibir una dura sanción disciplinaria por parte del Colegio de Abogados en que se encuentra matriculada.

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