Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 27 de Octubre de 1992, expediente P 35789

• Presidente: Rodríguez Villar - San Martín - Mercader - Laborde - Negri - Salas - Vivanco
• Fecha de Resolución: 27 de Octubre de 1992
• Emisor: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

Dictamen de la Procuración General:A fs. 143/150 el Dr. H.M.G.F. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la sentencia de la Cámara Tercera de Apelación -Sala I- de La P., que, confirmando la recaída en primera instancia, condenó a su defendido E.A. a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple.

El recurrente denuncia como falsa y erróneamente aplicados los arts. 34 inc. 1º, 79 y 81 inc. 1º, ap. a) del Código Penal, y los arts. 235, 236 1º parte, 252, 255, 256 inc. 4º, 256in fine, 224, 266 y 443 del Código de Procedimiento Penal -num. ant.-.

En tal sentido, atribuye a la Cámara haber valorado absurdamente las pericias de fs. 104 y 108, al descartar la existencia de un estado de inconciencia por emoción en el momento del hecho, como así también haber interpretado erróneamente la prueba de confesión, al apreciar la declaración de fs. 32/33 como no constitutiva de ese tipo de prueba, cuando se trata, -a su criterio- de una confesión calificada e indivisible. En relación a lo anterior, alega la inversión de la carga de la prueba en cuanto a la existencia de la calificante.

Asimismo, aduce absurda valoración de la prueba compuesta porque el “a quo” -dice- ha considerado la confesión extrajudicial del procesado con independencia de su relato judicial, y también porque los indicios invocados -el derivado del secuestro del cuchillo y el de la presentación de A. a la policía-, no constituyen en nuestro sistema un medio de prueba, sino sólo un origen del cual podrá nacer el medio probatorio presunción que, en el caso, no ha sido individualizado por el “a quo”.

Además, -agrega- los indicios mencionados sólo tendrían referencia al problema de autoría, pero respecto de la responsabilidad, los mismos no se adecuan al requisito de univocidad exigido por el art. 256 inc. 4º del Código de Procedimiento Penal.

Finalmente, reputa violados los arts. 34 inc. 1º y 79 del Código Penal toda vez que -a su juicio- de las pruebas de la causa surge que A. obró en estado de inconciencia por trastorno mental transitorio, resultando inimputable.

Subsidiariamente, plantea el recurrente la errónea aplicación del art 81 inc. 1º ap. a) del Código Penal, por cuanto el “a quo” consideró a la emoción violenta no excusable por las circunstancias, cuando de las pericias de fs. 104 y 108 resulta lo contrario, es decir, lo excusable del estado emocional de A..

Examinados los argumentos de la queja, estimo que la misma no puede prosperar.

El recurrente impugna la valoración de la prueba pericial realizada por la Cámara para descartar el estado de inimputabilidad alegado, incursionando de tal modo en el cuestionamiento de facultades propias de los jueces de mérito, las que son irrevisables en casación, a menos que se demuestre la existencia de error palmario y fundamental en la conclusión del juzgador.

En la especie, si bien el absurdo ha sido invocado por el apelante, las argumentaciones que formula respecto de la apreciación de las pericias de fs. 104 y 108, aduciendo una consideración parcial de las mismas por parte del “a quo” y señalando la existencia de supuestas contradicciones en sus contenidos, no son eficaces para evidenciarlo en forma cabal. Y ello así, porque el señor defensor expone su personal enfoque sobre la prueba en cuestión en sentido contrario al del juzgador, quien desestimando el alegado estado de inconciencia por emoción, tuvo al procesado por imputable sobre la base del informe pericial de fs. 68 -no cuestionado por la defensa- y el producido por el psicólogo B., en cuanto de ellos surge que el único síntoma de la pretendida inconciencia -esto es, la amnesia- es sólo aparente. A ello, añadió la categórica conclusión de pericia psiquiátrica de fs. 104.

No se ha demostrado -a mi entender- la denunciada violación al art. 252 -num. ant.- del ordenamiento procesal.

En cuanto al agravio relativo a la violación de los arts. 235 y 236 del Código de Procedimiento Penal, a mi ver no puede tener andamiento desde que la Alzada afirmó que los dichos judiciales de A. no constituyen confesión ni simple ni calificada. Al deponer a fs. 32 alega un olvido de los sucesos, por lo que la ratificación de lo expresado a fs. 18/19 no incluye -como lo pretende el recurrente- el reconocimiento de haberse asestado las puñaladas a la víctima a las que se refiere en su confesión extrajudicial.

La conclusión anterior permite descartar la pretendida transgresión a los arts. 224 y 266 del Código de Procedimiento Penal pues, inexistente la confesión judicial, menos aún puede hallarse de su calificante y de la carga de su demostración.

El cuestionamiento dirigido a la prueba compuesta elaborada por el sentenciante tampoco -a mi juicio- es eficaz. Bien computada la confesión extrajudicial -única con contenido confesorio, como ya se dijera-, los indicios que la complementan (secuestro del cuchillo y presentación ante la policía) no sólo constituyen los “otros medios de prueba” conforme la doctrina de esa Corte en relación a la prueba compuesta (téngase en cuenta al respecto, la indistinta terminología que emplea el Código ritual en los arts. 258 y 259 -antes 255 y 256-), sino que, además, entiendo que reúnen los requisitos propios del medio probatorio que constituyen, resultando aptos, valorados integralmente con el elemento básico...