Apuran la agenda legislativa por la parálisis del año electoral

El gobierno de Mauricio Macri comenzó a evaluar la necesidad de apurar el tratamiento de la mayor cantidad de leyes clave antes de fin de este año, porque considera que en el ejercicio 2017 la actividad parlamentaria disminuirá o se enrarecerá debido a la campaña con miras a las elecciones legislativas.

Es por ello que en una reunión cumbre en Olivos, el viernes pasado, el jefe del Estado ordenó apurar el paso para terminar de sancionar antes de fin de año las reformas más urgentes. Como casi no queda tiempo para sancionarlas en poco más de un mes, se resolvió allí convocar a sesiones extraordinarias luego del 30 de noviembre próximo.

Según confiaron a LA NACION en la Casa Rosada, el propósito es consolidar el cambio económico con el que Macri pretende ganar las elecciones y asegurar la continuidad política del cambio para atraer inversiones.

Los comicios del año próximo son claves para los empresarios. Muchos sectores condicionan sus negocios e inversiones a la perspectiva de si Macri gana y tiene un horizonte de gobierno de ocho años o si pierde las elecciones y queda debilitado para su reelección.

En esa reunión de Olivos estaban Macri y sus ministros del Interior, Rogelio Frigerio; de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y los vicejefes de Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

Entre los proyectos de ley que se repasaron como más urgentes sobresalieron el nuevo régimen de ART; el programa de participación público-privada para las obras de infraestructura (PPP); el presupuesto 2017; la reforma del impuesto a las ganancias; la responsabilidad fiscal con las provincias; el primer empleo, y la sanción definitiva en el Senado de la reforma política.

Todos son estratégicos. El Gobierno envió el jueves pasado al Senado el nuevo régimen de aseguradoras de riesgos de trabajo, que busca reducir la litigiosidad y la industria del juicio por accidentes laborales. Este año las demandas laborales aumentaron 45% respecto de 2015.

El proyecto prevé que las comisiones médicas jurisdiccionales serán previas, únicas y obligatorias antes de iniciar una acción judicial. Esto pretende reducir la cantidad de juicios por accidentes. Es un reclamo empresarial para nuevas inversiones.

La CGT no se opone al proyecto, pero es uno de los temas que se debatirán en la Mesa del Diálogo de noviembre próximo, junto con los empresarios. La central obrera pretende crear instancias de prevención de accidentes.

El proyecto de ley de PPP, en cambio, busca facilitar la inversión...