Amparo: Procedencia: derechos de los menores; protección

• Autor: Julio Conte-Grand
• Páginas: 411-416

EL DERECHO ADMINISTRATIVO (t. 2011) 411

de no prejuzgar, es decir, de no emitir una opinión

o decisión anticipada –a favor de cualquiera de

las partes– sobre la cuestión sometida a su juris-

dicción (conf. Fallos: 314:711).

Por lo demás, tampoco se puede pasar por alto

en este caso que la medida cautelar, en los térmi-

nos en que fue concedida, produc e los mismos

efectos que los prove nientes de la declaración de

inconstitucionalidad de los actos impugnados y

que la Corte Suprema ha señalado que tal antici-

pación se manifies ta inaceptable cuando no se

advierte que el mantenimiento de la situación de

hecho pueda influir en el dictado de la sentencia

o convierta su ejecución en ineficaz o imposible

(Fallos: 329:3890; 330:4076; 331:108, entre mu-

chos otros).

Ello, sumado a los gravosos efectos que la cau-

telar provoca tanto a la autoridad de aplicación de

la ley como al in terés general, en la medida en

que impi de totalmente a la Administración que

ejerza los poderes legalmente atribuidos en todo

el territorio nacional, conduce a sostener que, en

el caso, aquélla es pasible de ser descalificada.

XIV. Que, por otra parte, ha puesto de resalto

aquel Tribunal que para acceder a cualquier me-

dida precautoria debe evide nciarse fehaci ente-

mente el peligro en la demora que la justifique, el

que debe ser evaluado de acuerdo a un juicio ob-

jetivo o derivar de hechos que puedan ser apre-

ciados incluso por terceros (Fallos: 314:711; 317:

978; 319:1325; 321:695 y 2278; 323:337 y 1849).

Sobre dicha base, aun cuando la actora alega

un perjuicio económico de cierta magnitud, cuya

entidad no se puede determinar en este estado, lo

concreto es que en esta etapa inicial del proceso

no se encuentra acreditado que la vigencia de los

actos cuestion ados ponga en riesgo la continui-

dad de la empresa ni otra circunstancia que justi-

fique un adelanto de jurisdicción en los términos

referidos precedentemente, máxime cuando el Es-

tado Nacional informó las ganancias obtenidas en

el ejercicio 2010 (v. fs. 319/vta.) y la actora

guardó silencio al respecto.

En tales condiciones, corresponde revocar la

medida cautelar que otorgó el juez de primera ins-

tancia, sin que e llo implique, claro está, emitir

pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.

Asimismo, frente a las expresiones utilizadas a

fs. 374, quinto párrafo, se recuerda a las partes y

sus letrados que el lenguaje en sus presentaciones

deberá mantener el estricto estilo forense (art. 35,

CPCC).

En mérito a lo expuesto, el Tribunal resuelve:

1) Hacer lugar al recur so de apelación inter-

puesto por el Estado Nacional a fs. 434/436, re-

vocar la resolución de f s. 419 y dec larar que la

justicia nacional en lo contencioso administrativo

federal resulta competente para cono cer en este

proceso. Con costas.

2) Denegar el desplazamiento de competencia

por conexidad con la causa “Biassoni, Héctor

Pedro c/ Cablevisión S.A. s/amparo” (expte. nº

1991/11), que tramita ante la Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

3) Asumir la competencia de alzada para co-

nocer en la apelación contra la resolución dictada

por el juez federal de Córdob a o brante a fs.

210/214 y vta.

4) Hacer lugar al recurso de apelación del Es-

tado Nacional de fs. 231 y vta. y revocar la reso-

lución de fs. 210/214 y vta. Con costas.

5) Recordar a las partes y sus letrados que el

lenguaje en sus presentaciones deberán mantener

el estricto estilo forense (art. 35, CPCC).

Se deja constancia que el doctor Jorge Eduardo

Morán no suscribe la presente en virtud de lo dis-

puesto a fs. 469.

Regístrese, notifíquese por ujiería y devuél-

vase. – Marcelo D. Duffy. – Rogelio W. Vincenti

(Prosec.: Rodrigo M. Pardo).

Amparo:

Procedencia: derechos de los meno-

res; protección.

Puesto que en el caso se halla d ebidamente

acreditada la grave condición de vulnerabilidad y

desamparo de la amparista –una madre sin medio

económico y con cuatro hijos menores de edad, tres

de los cuales p adecen un a grave enfermeda d–,

cabe hace lugar a la acción de amparo y condenar

al Municipio demandado a poner a disposición de

aquélla una un idad habitac ional y a la Provin-

cia de Buenos Aires a abonar anualmente la can-

tidad de pesos que resulte de multiplicar por diez el

salario básico mínimo vital y móvil para manteni-

miento de la vivienda, hasta tanto duren las nece-

sidades del grupo familiar. Ello considerando que

se trata de una s ituación que b ien puede ser en-