Por un amparo, se demora la licitación para colocar parquímetros en los barrios

La instalación de parquímetros en los barrios de la ciudad se demora. Sucede que la justicia porteña concedió un recurso de amparo para que se suspenda la licitación a la que llamó el gobierno local para que el sistema comience a funcionar en Almagro, San Cristóbal, Boedo, Villa Crespo, Colegiales, Caballito, Palermo, Chacarita, Villa Ortúzar y Constitución, entre otros. La fecha prevista para la apertura de las ofertas era el 30 de octubre próximo.La resolución, que lleva la firma del juez Francisco Ferrer, hace lugar al pedido de una ciudadana que considera que la norma que habilita la concesión del estacionamiento medido es inconstitucional, ya que debería haber superado un proceso de doble lectura al cual no fue sometido.Según la ciudadana Fernanda Leonor Martín, que presentó el amparo, "la concesión del servicio público programada y la determinación de los tramos de calles que se afectan al Sistema de Estacionamiento Regulado y tarifado, no se aprobaron mediante el procedimiento de doble lectura previsto en el artículo 89 de la Constitución de la ciudad".En ese sentido, afirmó que ese procedimiento resulta exigible frente a supuestos que impliquen un acto de disposición de bienes del dominio público o la concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre ellos (en el caso, calles) y/o la consagración de excepciones a regímenes generales (en el caso, la gratuidad del estacionamiento en todas las arterias de la ciudad)."Asimismo, fundó la inconstitucionalidad que solicita se declare en la violación al artículo 90 de la Constitución de la ciudad. Dicha norma prevé que ningún órgano del gobierno puede conferir excepciones al procedimiento de doble lectura, considerando nulas las decisiones que afecten el precepto", indica el fallo al que tuvo acceso LA NACION.En el gobierno porteño indicaron que el proceso está suspendido. Sin embargo insisten, tal como lo hicieron ante la Justicia, en que no era necesario el proceso de doble lectura.Según la presentación oficial, el gobierno indicó: "No se pretende ejercer un acto de disposición de un inmueble de dominio público, sino concesionar un servicio público como es la regulación y control de tránsito de la ciudad".El juez, sin embargo, entiende que no hubo un proceso de audiencia pública en el que los vecinos pudieran expresar su opinión respecto de la cuestión. El gobierno apeló este fallo, ya que considera que no era necesario. La resolución judicial fue dictada el 4 de este mes y la apertura...