Alberto Fernández, un presidente off the record

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A continuación, la desgrabación de sus principales conceptos:

Hay una expresión en inglés que se utiliza en muchísimos campos, pero sobre todo en el periodismo, que es off the record. Se refiere a la expresión de distintas fuentes que se manifiestan a través de los medios y que los periodistas registramos sin atribución de identidad, escondidas detrás del anonimato. Sobre todo en la prensa escrita, uno muchas veces se encuentra con cosas que se dicen, opiniones, datos y hechos que se manifiestan de esta forma.

Esto es muy frecuente en sociedades sometidas al autoritarismo del poder. Allí la verdad, y muchas informaciones delicadas, que quien manda no quiere que se sepan, se filtran hacia la sociedad en modo off the record. Es una práctica mucho más frecuente donde hay un desdoblamiento de la construcción de la imagen de la realidad que proviene de los medios de comunicación. Está la información que se da a conocer con nombre y apellido. Y la que el poder no quiere que se publique, que se filtra de manera anónima.

Nosotros estamos viviendo hoy en la Argentina un fenómeno muy curioso. Quien filtra de manera anónima sus pareceres, su información y visión de las cosas es supuestamente el que tiene el poder. Es decir, Alberto Fernández. Un presidente off de record. Un ejemplo de esto ocurrió la semana pasada. Un hecho escandaloso sobre todo fuera de la Argentina. Hubo un informe durísimo de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ya había uno del mes de julio de la autoría de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

En esta oportunidad se expresó un comité de la comisión de derechos humanos de la ONU y lo que el informe manifestó es que, bajo el régimen de Nicolás Maduro, hay una organización de delitos para aterrorizar a la sociedad y retener el poder. El informe da cuenta de todo tipo de atrocidades, pero la novedad es que señala a 45 funcionarios responsables de esta secuencia delictiva sistemática. Entre ellos, identifica al presidente Maduro y a sus ministros de Defensa e Interior como organizadores directos.

La posición del gobierno argentino, de la Cancillería, fue ratificar el informe con el representante que tiene el país en esta comisión. Pero la semana pasada el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, que es un militante kirchnerista, manifestó que él conocía ese informe, pero que no podía adherir totalmente a él. Lo calificó de "sesgado". Ante una asamblea virtual de la OEA Raimundi sostuvo que para evaluar bien este informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, documentados, identificados con personas con nombre y apellido, habría que tener en cuenta que los venezolanos la están pasando mal por el bloqueo físico y financiero.

Esa fue la posición del embajador Raimundi, pero no la del Gobierno. Más todavía: la Cancillería le habría dado instrucciones en sentido contrario, para que adhiriera a este informe de la ONU. Con independencia de lo que Raimundi quiera o diga, desobedeció las instrucciones que le dio su propio gobierno. En cualquier cancillería del mundo ya lo hubieran echado. Pero él sigue siendo embajador en la OEA. Lo único que sabemos, off the record, es lo que la Casa Rosada dejó trascender: que era la posición que tiene Fernández sobre el informe de la ONU.

Como sucede en los gobiernos o en los regímenes autoritarios, el que necesita expresar su verdad, si esa verdad contradice al poder lo hace off the record. La curiosidad es que en este caso lo hizo el Presidente. Como si el poder lo tuviera otro, alguien capaz de sancionarlo si hace público lo que debería haber hecho, que es removerlo a Raimundi por haber desobedecido instrucciones directas de la Cancillería.

Otro caso es el de la diputada...