Advierten las eléctricas que sufrirá la calidad del servicio

La pelea en los tribunales por los aumentos de tarifas de luz y gas tendrá costos para los usuarios. No se medirán sólo en términos económicos, sino que impactarán en la calidad del servicio en los próximos meses y obligarán al Estado a asistir a las empresas con subsidios para pagar salarios y hacer obras. Al menos así lo entiende Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país por cantidad de clientes, que atiende a siete millones de hogares en el norte y noroeste del Gran Buenos Aires y el norte de la Capital Federal.

La compañía eléctrica envió anoche una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la que manifiesta su incertidumbre respecto del futuro de su actividad.

Según la empresa, si se extiende la falta de definición sobre la suba de tarifas lanzada por el Gobierno en febrero, se enfrentará a una "insuficiencia de fondos disponibles [que] pondría en riesgo las operaciones de la empresa, que deberá incurrir nuevamente en atrasos en el pago de la energía que adquiere en el MEM [Mercado Eléctrico Mayorista], la paralización de las inversiones y el recorte de otros gastos operativos, de los cuales los salarios representan un 80%".

La nota fue firmada por el apoderado de Edenor, Carlos Ariosa, y resume los efectos de la disputa judicial entre el Gobierno y las asociaciones de consumidores sobre la empresa, que en términos anuales le reportará un déficit de caja del orden de los 4800 millones de pesos.

Al igual que en el caso del gas, Edenor y Edesur dejaron de emitir facturas hace días, por lo que tendrán problemas para recuperar el tiempo perdido.

Según señala Arosa en la nota enviada a la CNV, las medidas cautelares que frenan la aplicación del nuevo cuadro tarifario hacen que un 80% de los usuarios de Edenor vuelvan a pagar por el servicio los valores de enero de este año, que tenían un fuerte retraso. A más de un 30% de sus clientes, en tanto, se les aplicará una suspensión de la tarifa retroactiva a febrero, con lo cual recibirán créditos en las próximas facturas.

"Dichos créditos implicarían que los usuarios sujetos a las medidas cautelares retroactivas no deban pagar su factura de electricidad por aproximadamente 16 meses", lamentó la nota de la compañía del grupo Pampa Energía, que conduce Marcelo Mindlin.

Edesur, la distribuidora eléctrica que está a cargo de la concesión en la parte restante de la Capital y del Gran Buenos Aires, recibió el viernes pasado una notificación del ENRE, el ente regulador de la actividad...