ADN del crimen: un poderoso juez federal mantiene su firma, pese a sumarse denuncias y embargos en su contra

Representantes del kirchnerismo bloquearon el pedido de suspensión del juez Walter Bento en el Consejo de la Magistratura

Al juez federal de Mendoza, Walter Bento , ya no le quedan integrantes de su familia sin ser acusados. Sobre su esposa, Marta Isabel Boiza, pesa un embargo de casi $ 150.000.000 porque la Justicia la consideró presunta responsable de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Debido a esta resolución, la Cámara Federal, la suspendió y no podrá seguir en su cargo de prosecretaria administrativa del juzgado federal N° 3, de la provincia cuyana.

Una de las razones por las que el juez Bento sigue en su cargo radica en que la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, presidida por la senadora nacional de Chaco, María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) ordenó la realización de un peritaje patrimonial sobre los bienes de Bento.

Dicho estudio fue ordenado hace más de cuatro meses, por el organismo que revisa los desempeños de los magistrados y por el juez federal que tiene a su cargo la investigación contra Bento.

En septiembre pasado, con distintos argumentos, tanto Pilatti Vergara como el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones habían votado en contra del pedido de suspensión del juez federal de Mendoza. Junto a otros consejeros que rechazaron la solicitud de desafuero y la suspensión del magistrado, consideraron que esa medida resultaba improcedente en esta etapa de la investigación.

Hace casi un año, el juez Bento fue acusado y procesado como presunto jefe de una asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.

El consejero Pablo Tonelli, que instruyó el proceso contra Bento, había sido el único que votó a favor de la suspensión del magistrado.

El juez federal de Mendoza Walter Bento fue acusado y procesado como presunto jefe de una asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.

La orden de captura dispuesta por la Justicia federal de Mendoza no podrá efectivizarse hasta que la Comisión de Acusación y Disciplina decida si existen elementos para considerar que se avale la realización del plenario, en el que los trece integrantes del Consejo de la Magistratura deberán definir si el juez incurrió en mal desempeño...