Por el 'acoso' de la Justicia, la CGT frena el pacto social

El líder de la CGT, Hugo Moyano, suspendió la participación de la central sindical en las negociaciones por el pacto social, al responsabilizar al Gobierno por el "acoso judicial" contra la obra social de los camioneros en la causa de la mafia de los medicamentos. Así lo afirmaron a La Nacion altas fuentes gremiales.En un encuentro con dirigentes sindicales en Mar del Plata, el viernes pasado, Moyano dijo que tenía la sensación de que el Gobierno le "soltó la mano" al permitir el avance judicial que cada día compromete más a su esposa, Liliana Zulet, gerenciadora de la obra social de los camioneros, según las mismas fuentes.La represalia quedó en evidencia ayer cuando la CGT volvió a dejar sin efecto la reunión del consejo directivo convocada para esta tarde. La excusa fue que "no hay avances" en el pacto social alentado por el Gobierno y que "debería ampliarse el temario y no limitarse exclusivamente a la discusión de precios y salarios". Los sindicalistas quieren que se incorporen al debate el aumento del mínimo no imponible, la fijación de un mayor tope salarial para otorgar asignaciones salariales y el reclamo del proyecto cegetista sobre participación de los trabajadores en las ganancias empresariales.Sin embargo, el verdadero motivo de Moyano es "boicotear" el Pacto Social, de acuerdo con el término utilizado por el propio camionero durante un encuentro informal con sindicalistas aliados de la CGT, el viernes pasado, en la sede de La Bancaria en Mar del Plata.Extrañamente verborrágico, explicó a sus pares que sentía que el Gobierno le estaba soltando la mano en la investigación de los remedios falsos y que, según el jefe de la CGT, había llegado "demasiado lejos". Moyano explicó a dirigentes de cuatro gremios, según detallaron a La Nacion fuentes sindicales, que tenía conocimiento de que esta semana el juez Claudio Bonadio podría procesar a su esposa, Liliana Zulet, al frente de la gestión de la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca).En rigor, se trataría de un llamado a indagotoria como paso previo de un posible procesamiento.Las quejas de Moyano tuvieron eco en los asistentes, molestos por los allanamientos de 42 obras sociales, entre ellas la de los camioneros. El caso que involucra al jefe de la CGT es el que ha llegado más lejos: la semana pasada, el juez Norberto Oyarbide (otro de los magistrados a cargo de causas por fraude con remedios) procesó al proveedor de la obra social de los camioneros, Marcos Hendler, dueño de Droguería...