Acordada Extraordinaria Nº 3-2017 de Cámara Nacional Electoral del 26-01-2017

• Número de sentencia: 3-2017
• Fecha: 26 Enero 2017
• Número de resolución: 3-2017

Poder Judicial de la Nación

U S O O F I C I A L

ACORDADA EXTRAORDINARIA NÚMERO TRES: En Buenos Aires, a los

veintiséis días del mes de enero de dos mil diecisiete,

celebran el presente acuerdo extraordinario los doctores

Santiago Hernán Corcuera y Alberto Ricardo Dalla Via actuando

el Secretario de la Cámara Sebastián Schimmel. Abierto el acto

por el señor Presidente, doctor Santiago Hernán Corcuera,

CONSIDERARON:

1°) Que a los fines de garantizar la

transparencia en el escrutinio de los votos emitidos en los

comicios, el Código Electoral Nacional establece un sistema de

recaudos múltiples, entre los que se encomienda a los propios

ciudadanos designados como autoridades de mesa la labor de

computar los sufragios emitidos en su mesa, mediante un proceso

que, a su vez, cuenta con la fiscalización por parte de las

agrupaciones políticas contendientes (cf. arts. 101 a 106).

Luego, con base en los resultados que de esa manera se obtienen

-y tras resolver los cuestionamientos que se hubieran formulado

sobre la validez o nulidad de votos, o de los comicios- las

Juntas Electorales Nacionales llevan a cabo el “escrutinio

definitivo” (cf. arts. 107 a 124 del código citado), que

constituye el cómputo global de los votos emitidos en todo el

distrito en el que actúan. En esta etapa también participan con

plenas facultades de control los representantes partidarios.-

Por otra parte, con diferente finalidad –y

carente de relevancia jurídica- se realiza también un conteo

provisional de los resultados durante el día de la elección,

conocido como “escrutinio provisorio”, con base en telegramas

en los cuales las autoridades de mesa consignan los resultados

de su mesa. Este cómputo generalmente refleja diferencias con

el escrutinio definitivo, resultantes -al menos- de las

decisiones acerca de la validez o nulidad de los votos

recurridos e impugnados, así como de los comicios realizados en

mesas que hubieran sido objeto de cuestionamiento.-

2º) Que en materia de procesamiento y difusión

de conteos de tipo provisorio, los estándares internacionales

recomiendan que “si los resultados han de ser anunciados antes

de la certificación final, el marco legal ha de regular

claramente la forma de llevar a cabo tales anuncios” (cf.

“Normas Electorales Internacionales: Directrices para revisar

el marco legal de las elecciones”, IDEA Internacional, 2005,

pto. 13).-

En el caso de nuestro país, sin embargo, tal

como el Tribunal ha señalado (cf. Ac. 100/15 CNE), “la

legislación no contempla, en los términos indicados –y aun muy

tangencialmente- la forma de realización, verificación y

publicación del denominado escrutinio provisorio. Cuestiones

éstas que pueden generar efectos negativos en la percepción de

confianza de la opinión pública, como ocurre por ejemplo con la

variación de resultados derivada del orden de carga de los

datos […] y el horario en el que se decide dar difusión de los

cómputos” (cf. Ac. cit., consid. 9º).-

3º) Que en ese contexto, ha sido práctica

histórica, por razones de costumbre, que la ejecución del

conteo provisional la asuma el Ministerio del Interior, Obras

Públicas y Vivienda –a través de la contratación de una empresa

privada- sin participación alguna de la justicia nacional

electoral en las operaciones atinentes a su diseño,

planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión

de los resultados; ni tampoco en la contratación de prestadores

de servicios a tales efectos (cf. Acs. 35/2003, 96/05, 100/15

CNE, entre otras).-

No obstante, debido a la incuestionable

trascendencia que tiene en la formación de la opinión pública

sobre la legitimidad de las elecciones, en diversas ocasiones

el Tribunal ha debido pronunciarse sobre algunos aspectos del

escrutinio provisorio. Así lo hizo –por ejemplo- cuando su

intervención fue necesaria para tutelar el derecho de las

agrupaciones políticas a obtener una copia del software que se

utilizaría para el procesamiento de los resultados, a fin de

que pudieran hacer las comprobaciones que requiriesen (cf.

mediante Acordada N° 35/03 CNE y art. 108, CEN). De igual modo,

la Cámara dispuso, con carácter genérico, que dicho software

debía estar “a disposición de las agrupaciones que participen

en los comicios, 30 días antes del acto electoral” (cf. Ac.