El aborto y el nuevo protocolo

En referencia al anuncio de Alberto Fernández sobre un proyecto de ley por enviar al Congreso para despenalizar el aborto, Ginés González García, flamante ministro de Salud, sostuvo: "Primero que nada, vamos a empezar porque se apliquen las leyes vigentes". Se refería a dar curso inmediato a una resolución ministerial que actualizó el protocolo sobre interrupción legal del embarazo (ILE), el mismo que el entonces presidente Macri había anulado y que había derivado en la renuncia de su secretario del área, Adolfo Rubinstein. El instrumento velozmente aprobado es una guía de los casos en los que se puede interrumpir legalmente un embarazo y que se proclama más "flexible" que su par de 2015, pero no es una ley.Lamentablemente, se está dando celeridad a la definición de un tema muy delicado, que merece la mayor atención y un debate serio y profundo que nos ayude a pensar en lugar de profundizar la grieta."Con el protocolo se instala el aborto libre en el país", opinó monseñor Alberto Bochatey, titular de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud. En tanto que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentó un amparo para solicitar que se haga lugar a una medida cautelar de no innovar y a la inmediata suspensión de la resolución. Distingue, con razón, entre el Código Penal, que fija la no punibilidad en caso de aborto por violación o riesgo de vida, y el protocolo que involucra a niñas desde los 13 años en la decisión de abortar, en cualquier etapa de la gestación. Mucho más laxo que la ley que no logró aprobación en 2018, el protocolo autoriza una baja en la edad para practicar un aborto sin judicialización principio inexistente no ya desde los 14, como proponía la ley, e incluso sin el consentimiento de los padres.Señala el PDC que la objeción de conciencia exclusivamente individual que propone el protocolo puede conducir al cierre de instituciones médicas cuyos objetos sociales o fundacionales sean contrarios a cierto "autoritarismo militante" que se pretende instalar. Al respecto, González García esgrimió que, en ocasiones, "se utiliza la Justicia para no cumplir las leyes", en referencia a abortos evitados o dilatados, con causas iniciadas a médicos, pero nada aclara respecto de la preeminencia que se pretende otorgar a los derechos de unos por sobre los de otros, en lugar de atender debidamente las dos vidas.La Fundación Más Vida presentó una "acción preventiva de daños" contra el ministerio por promover y difundir el aborto. Aduce que...