Sentencia nº 236094 de Juzgados de 1º Instacia en lo Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy - Juzg. 1º C. y C. Nº 1 Secretaría 14, 11 de Abril de 2017

• Fecha de Resolución: 11 de Abril de 2017
• Emisor: Juzg. 1º C. y C. Nº 1 Secretaría 14

AUTOS Y VISTOS:

el expediente B-236094/10, caratulado:

Ejecutivo: Credinea S.A. c/ A.N.S.

y

CONSIDERANDO:

1. Promovido juicio ejecutivo, y luego de una serie de

   diligencias tendientes a averiguar el domicilio de la

   accionada, en fecha 16/11/11 se dispuso la notificación del

   mandamiento de intimación de pago y citación de remate en

   contra de la parte demandada, mediante E.. En fecha

   28/02/13 se intimó a la actora a acreditar la publicación de

   los Edictos, bajo apercibimiento de tener por ratificada la

   voluntad de no instar la causa. Desde esa fecha no se

   acreditó el diligenciamiento de los mismos, ni se formuló

   petición alguna.-

   Es decir, la causa se encuentra paralizada desde aquella

   fecha y la última actividad de la actora tendiente a impulsar

   el proceso, se realizó hace más de un año.

   Y, de las constancias de autos resulta que ha transcurrido

   con creces el plazo de caducidad que establece el artículo

   200 del C.P.C. (un año para esta instancia) sin que aún se

   haya trabado la litis. En consecuencia, corresponde sin más

   declarar que la instancia ha caducado, por cuanto la

   caducidad, en la Provincia, opera de pleno derecho (art. 201

   CPC) e impone la obligación al juez de declararla.

2. En este sentido se dijo que “...en este Código las

   partes no pueden enervar ni anular los efectos de la

   caducidad, ni revivir por su voluntad los actos procesales

   caducos; por eso con toda claridad decimos, que “no puede

   cubrirse con actos posteriores al vencimiento del plazo”. Más

   aún, conforme al precepto, la caducidad “debe ser declarada

   de oficio” (Cfr. G.S., Código Procesal Civil de

   la Provincia de Jujuy, T. I, Ed. Noroeste Argentino, Nota al

   Artículo 201 del C.P.C., Pág. 311).

   Y si bien el art. 150, inc. 5 de la Constitución Provincial

   impone a los jueces el deber de evitar la paralización del

   proceso, dicho deber cede cuando –como en autos- el impulso

   procesal depende exclusivamente de la voluntad de las partes

   (Cfr. Fallo del Superior Tribunal de Justicia in re: “Simón

   Mamaní y otro c/Daniel T. y otros”), pues el artículo 1

   del Código Procesal Civil consagra el principio de iniciativa

   a su cargo.

   Así también y conforme lo resuelto por el Superior Tribunal

   de Justicia in re: “M.B.H. c/Raúl Quintar, José

   Quintar y H.J.” (L.A. 38, Fº 111/114, Nº 54) “Es casi

   un lugar común respecto de la institución sometida a estudio

   y decisión que la caducidad de instancia debe apoyarse en dos

   supuestos: a) El interés público comprometido en el

   desenvolvimiento normal...