Sentencia nº 13380 de Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, 21 de Noviembre de 2017

Fecha de Resolución:21 de Noviembre de 2017
Emisor:Superior Tribunal de Justicia de Jujuy
 
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(Libro de Acuerdos Nº 2, Fº 1138/1142, Nº 304). San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, la Sala I -Civil, Comercial y de Familia- del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los Dres. B.E.A., S.M.J. y Clara Aurora De Langhe de Falcone, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº CF-13.380/17, caratulado: “Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-022.968/14 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala I- Vocalía 1) Repetición: Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo c/ H.N.E.”.

La Dra. A. dijo:

La Sala I de la Cámara Civil y Comercial, en sentencia de fecha 26 de diciembre de 2.016 resolvió, hacer lugar a la demanda promovida por Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en contra de N.E.H. condenándolo a abonar en el plazo de diez días de aprobada la planilla de liquidación, la suma correspondiente a las prestaciones a favor de los causahabientes de V.C., que establece el art. 28 apartado 2 de la ley 24.557, a cuyos fines dispuso que la actora practique planilla de liquidación por la vía de ejecución de sentencia en el plazo de cinco días, siempre y cuando dicha liquidación no arroje –en concepto de capital- un monto superior al efectivamente abonado por la aseguradora de riesgo de trabajo en cuyo caso, la condena queda limitada a la suma efectivamente abonada.

Estableció que esa liquidación, deberá incluir los intereses reclamados, que deberán calcularse desde el día del pago efectuado por Asociart S.A., y hasta la fecha de cumplimiento de la sentencia, conforme tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días que cobra el Banco de la Nación Argentina (L.A. Nº 54, Fº 673/678, Nº 235).

Impuso las costas del juicio al demandando vencido y, difirió la regulación de honorarios profesionales.

Para así resolver, tuvo por acreditado que el accidente laboral sufrido por el Sr. C. que dio origen al reclamo indemnizatorio en sede laboral, ocurrió en fecha 3 de mayo de 2.012 a horas 17:00 conforme certificado de defunción obrante fojas 98, así como que el Sr. H. su empleador, dio de alta al trabajador con posterioridad al accidente, el 3 de mayo a horas 18:36, es decir cuando su dependiente ya había fallecido como surge del informe remitido por AFIP a fs. 100 de los autos principales.

Expresó el tribunal sentenciante que, surge claramente la obligación legal que pesa en cabeza de la aseguradora de riesgo de trabajo, impuesta por el artículo 28 de la ley 24.557, que establece la obligación de la A.R.T. de otorgar las prestaciones correspondientes a favor del trabajador (en este caso sus deudos) y la facultad de repetir del empleador su costo.

En contra de este pronunciamiento, el Dr. H.R.T., actuando en nombre y representación N.E.H. interpuso recurso de inconstitucionalidad.

Manifiesta que el fallo es arbitrario porque se aparta de la ley y desconoce una sentencia firme y consentida dictada en el juicio laboral; se vulnera el debido proceso y la garantía constitucional de defensa en juicio al hacer lugar a la repetición de pago.

Se agravia porque el a-quo da por cierto que el empleador dio de alta al trabajador con posterioridad al accidente, basado en un informe de la AFIP, cuando en realidad esa es una facultad inherente al juez del tribunal del Trabajo. Máxime, como afirma que, en la contestación de demanda en ese juicio, su poderdante expresó que el trabajador se encontraba declarado y dado de alta en el organismo fiscal y que se desconocieron las pruebas ofrecidas por la aseguradora.

Afirma que a la Cámara, le estaba vedado realizar tal afirmación especialmente cuando el pleito laboral culminó con un acuerdo entre el trabajador y la aseguradora.

Refiere que de las constancias del juicio laboral que otorgan sustento a la acción de repetición, surge claro que el acuerdo transaccional de pago que puso fin al litigio laboral tiene efectos cancelatorios con relación a los codemandados, en virtud de ello Asociart ART no se encuentra legitimada para demandar por repetición.

F. reserva del caso federal.

Corrido el traslado, contesta el recurso el Dr. A.A.Z., en nombre y representación de ASOCIART S.A. ART, quien se opone a su procedencia por los fundamentos que esgrime y a los que remito en honor a la brevedad.

Integrado el Tribunal, emitió su dictamen la Sra. Fiscal General Adjunta, quien opina que el recurso debe ser rechazado, por lo que la causa se encuentra en estado de resolver.

Entrando al estudio de la cuestión de fondo cabe decir que, examinados los antecedentes obrantes en la causa y el fallo atacado, me pronuncio por el rechazo del recurso interpuesto. Ello así porque los fundamentos expresados por el Tribunal a-quo respecto a las cuestiones sometidas a su conocimiento, no sólo resultan suficientes para sustentar sus conclusiones sino que, no han sido adecuadamente controvertidas por el recurrente, quien se limita a exteriorizar sus discrepancias con el criterio asumido.

Este Superior Tribunal de Justicia reiteradamente ha sostenido que “no puede apelarse a la causal de arbitrariedad para plasmar meras discrepancias de apreciación con el criterio observado por el inferior en la ponderación de la prueba y en la aplicación del derecho. Los fallos judiciales es cierto, deben ser fundados y constituir derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias acreditadas en la causa”, agregando “que la tacha de arbitrariedad no puede admitirse para corregir en esta instancia extraordinaria sentencias equivocadas o que considera como tal el recurrente por discrepar con la apreciación de las pruebas y la interpretación de las normas de derecho común aplicables al caso. Esta causal no se refiere a tales discrepancias, sino a desaciertos de gravedad extrema que descalifican el fallo como acto judicial”(L.A. Nº 29, Fº 398/404, Nº 140; L.A. Nº 49, Fº 5285/5286, Nº 1100; L.A. Nº 53, Fº 585/587, Nº 195; entre muchos otros), lo que no advierto ocurra en autos.

En materia de riesgos de trabajo y seguros, resulta pertinente recordar que el objetivo principal de la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, lo constituye la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y, en los supuestos de ocurrir, asegurar al damnificado atención adecuada y oportuna, estableciendo un conjunto de obligaciones para los empleadores, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y también para los trabajadores, las que encuentran debido correlato en los derechos que también el sistema les otorga. Resulta de suma importancia asegurar la cobertura de los trabajadores desde el mismo momento del inicio de la relación laboral, y que el alta del trabajador debe ser informada por el empleador a la Aseguradora "en el momento de su incorporación". Que el incumplimiento de tal obligación obsta a la inmediata cobertura del trabajador, y por ende muchos trabajadores son dados de alta a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo luego de ocurrido un siniestro laboral, conducta omisiva que encubre el trabajo no registrado o "en negro" en lógico perjuicio del trabajador y del sistema de seguridad social, y además opera en detrimento de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo en tanto deben brindar prestaciones a los trabajadores a quienes recién en ese momento se denuncian. Que resulta conducente incentivar la efectivización de dicha obligación, posibilitando que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en caso de incumplimiento, puedan repetir de los empleadores el costo de las prestaciones que otorguen a los trabajadores cuya alta no les fuera denunciada con antelación al inicio de la relación laboral, tal como fuera contemplado en el artículo 28, apartado 2. de la Ley Nº 24.557. (Resolución Nº 320/99 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo).

En la causa “V., J.C. c/L., T.F. s/CobroD.. Indem.”, Ac. Nº 90.676 del 31 de agosto de 2.011, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, dijo: “El art. 28, apart. 2, ley 24557, prescribe que si el empleador omitiera declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la aseguradora otorgará las prestaciones y podrá repetir de aquél el costo de éstas. De ello se colige que si éste se encuentra afiliado a una aseguradora pero no ha registrado la relación laboral que lo une a un trabajador en particular, o bien no lo ha declarado en la nómina de personal suministrada a aquélla, ésta se encuentra obligada por imperio legal- a abonar al empleado, en caso de que sufra alguna de las contingencias cubiertas por el sistema, las prestaciones establecidas en la ley 24557 aun cuando en esa hipótesis- este último no fue tenido en cuenta al momento de determinar las cotizaciones provenientes del contrato de afiliación. En consecuencia, la regulación legal privilegia razonablemente el objetivo de que el obrero incapacitado por el siniestro laboral obtenga una protección inmediata, sin perjuicio de que, una vez que la aseguradora haya otorgado las prestaciones, ésta tiene garantizado el derecho a repetir lo pagado del empleador, verdadero y único responsable de la falta de registración o declaración del trabajador…”.

Aplicado lo dicho al caso bajo análisis, y luego de compulsar las constancias de la causa laboral Nº B-257.405/12 caratuladas “Demanda laboral por accidente de trabajo con muerte: Cruz, G.R. c/H., N.E. – Asociart ART” y las de los autos principales, encuentro que la aseguradora efectuó los pagos en cumplimiento de la obligación derivada del artículo 28 apartado 2 de la ley 24.557, al entender acreditados los presupuestos que obligan a la ART a cumplir con las prestaciones de ley, lo que justifica su derecho a repetir los costos, contra el empleador que omitió la registración y la cobertura del seguro con la víctima del siniestro fatal.

En efecto, la aseguradora y el empleador Sr. H. han admitido estar vinculados mediante un Contrato de Afiliación Nº 191308, por el cual se otorga cobertura a las contingencias previstas en la Ley 24.522 de Riesgos del Trabajo.

No obstante lo expuesto, si bien la ART -al contestar demanda laboral- opuso falta de legitimación pasiva por inexistencia de cobertura de seguro al no tener a V.C. en la nómina de trabajadores denunciados por el empleador, ello no la exime de tener que responder por las prestaciones de la citada ley, pues en el caso la vigencia de la relación laboral al momento del siniestro sufrido por el trabajador, ha quedado acreditada en el juicio laboral.

En virtud de los antecedentes señalados, y en el marco de las previsiones de la LRT, es que la aseguradora brindó efectivamente las prestaciones dinerarias previstas en los artículos 15 apartado 2) y 18 apartado 1) a la viuda y los hijos del trabajador, conforme se desprende de la cláusula segunda del Convenio de pago, el que homologado judicialmente dio por terminado el litigio laboral (fs.7/8 y 10).

Así también en la cláusula duodécima, la aseguradora hace expresa reserva de derechos de repetir contra el empleador todas las sumas, gastos y honorarios abonados en el convenio, dado que el trabajador es innominado y ha sido dado de alta con posterioridad al accidente que produjo su muerte.

Cabe señalar, por otra parte, que la quejosa no ha desvirtuado el informe que resulta de la Administración Federal de Ingresos Brutos, en cuanto a que el trabajador fue dado de alta el 3 de mayo de 2.012 a horas 18:36 (fs. 100), cuando el deceso del Sr. C. ocurrió a las 17 horas como se acredita con el certificado defunción (fs. 98), por lo que resulta innecesario entrar al análisis propuesto por el recurrente en sus agravios, relativo a que a la Cámara no puede sostener que su poderdante dio de alta al trabajador con posterioridad al accidente basado en el informe del organismo fiscal, o que le estaba vedado efectuar tal afirmación por ser una facultad exclusiva del tribunal del trabajo, ya que la prueba incorporada ha sido razonablemente ponderada por el a-quo y ningún reproche merece al respecto.

En relación al supuesto como el de autos, en que estando vigente el contrato de afiliación, el empleador no está asegurado frente al trabajador, explica A. que: “Aunque la norma (art. 28 ap. 2 Ley 24.557) contempla dos situaciones distintas –omisión de declaración de la obligación de pago y omisión de declaración de contratación de un trabajador-, el supuesto de configuración más frecuente será el segundo, que es el que se produce con la falta de registro de un trabajador y la consecuente omisión de pago de las cuotas correspondientes a la aseguradora. En tal hipótesis, el empleador, aún cuando haya celebrado el contrato con la aseguradora y éste se encuentra vigente, no estará protegido por ésta frente al reclamo del trabajador con relación a quien se haya producido la omisión -o, en su caso, ante los derechohabientes de éste-. La ley, sin embargo pone a éstos trabajadores -y a sus derechohabientes- en mejor posición que las de los dependientes cuyo empleador no se hubiera afiliado a una aseguradora -o su contrato se encuentre extinguido por falta de pago-, ya que, en caso de producirse la contingencia que da derecho a las prestaciones del sistema, se obliga a la ART a otorgarlas directamente -todas ellas, las dinerarias y las prestaciones en especie-, pero como con relación a ese trabajador el principal no se encontraría asegurado, aquélla podrá repetir de éste el costo de tales prestaciones" (Cfr. M.E.A., “Ley de Riesgos del Trabajo” comentada y concordada, 1ª edición, S.F., Rubinzal Culzoni, 2.017, pág. 553).

Por las razones aludidas, y en virtud de lo dispuesto por el citado art. 28 ap. 2 de la ley de riesgos del trabajo (Ley Nº 24.557), que habilita la repetición del pago efectuado en los términos considerados en la sentencia recurrida, propicio se confirme la misma y, en consecuencia se rechace el recurso de inconstitucionalidad deducido.

Las costas de esta instancia deben ser impuestas al recurrente en su carácter de vencido (art. 102 primera parte del Código Procesal Civil).

Diferir la regulación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes hasta tanto existan pautas para efectuarla y ocurra lo propio en la instancia anterior.

El Dr. Jenefes y la Dra. de F. adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, la Sala I -Civil, Comercial y de Familia- del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

Resuelve:

  1. ) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. H.R.T. en nombre y representación N.E.H., en contra de la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de fecha 26 de diciembre de 2.016.

  2. ) Imponer las costas al recurrente vencido.

  3. ) Diferir la regulación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes hasta tanto existan pautas para efectuarla y ocurra lo propio en la instancia anterior.

  4. ) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dra. B.E.A.; Dr. S.M.J.; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone.

Ante mí: Dra. S.I.F. – Secretaria Relatora.

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