Suris operó con una red cómplice en el BaPro

 
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ya por tráfico de drogas y por emitir que facilitaron la evasión tributaria de 190 empresas, Juan Ignacio Suris calla mucho más de lo que admite ante la Justicia. Calla, en particular, sobre la red de complicidades que operó dentro del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BaPro) para que él pudiera mover más de $ 11,5 millones sin que saltaran las alarmas de la entidad, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos oficiales y de media docena de testimonios durante las últimas semanas.Ante el juez federal de Bahía Blanca que luego lo procesó, Santiago Martínez, Suris admitió que emitió facturas por servicios que jamás prestó y que luego completaba operaciones ficticias en el BaPro para simular que las empresas le pagaban por esos servicios inexistentes. ¿Cómo? Se simulaba el depósito del dinero y en cuestión de horas lo retiraba con cheques. De ese modo, los fondos jamás ingresaron a su cuenta. Pero aun así, el BaPro sólo emitió un reporte de operación sospechosa (ROS) cuando fue demasiado tarde y se ordenó la detención del amigo del "valijero" Leonardo Fariña, hoy también detenido por una presunta evasión tributaria multimillonaria.Basados en las evidencias que acumularon y un informe que prepararon técnicos de la AFIP, los investigadores judiciales sospechan que Suris contó con la ayuda de uno o más empleados del BaPro para armar la "calesita" de depósitos y retiros ficticios. Pero la duda de la Fiscalía es si esta complicidad alcanza sólo a un cajero de la delegación Barrio Universitario del banco o llega más arriba.Desde el BaPro, en tanto, confirmaron a LA NACION que se abrió una "investigación sumarial interna para analizar qué ocurrió y, llegado el caso, aplicar sanciones a uno o más empleados". Pero indicaron que no podían aportar detalles por tratarse de una "instrucción reservada".Suris tenía motivos para sentirse protegido. Según declaró ante la Justicia, ayudó a empresas que ganaron contratos de obra pública del Ministerio de Planificación. "Existen movimientos de sobrefacturación, como algunas empresas del Sur relacionadas con el Gobierno", testificó. "En la zona de Santa Cruz, con empresas algunas de las cuales están relacionadas con el gobierno nacional y provincial", insistió.Según reveló LA NACION a mediados de enero, la AFIP había impulsado una investigación sobre Suris por la emisión de facturas truchas para unas 200 empresas por unos $ 40 millones. Entre otras, algunas controladas por Lázaro Báez y Cristóbal...

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