50 testigos, cuatro causas y medidas amplias, las claves del pedido de juicio político a la Corte Suprema

Cecilia Moreau, Germán Martínez y Vanesa Siley, espadas del Frente de Todos en el juicio político a la Corte

El pedido de juicio político a la Corte Suprema que auspicia el presidente Alberto Fernández y que presentaron este viernes15 diputados del oficialismo en la Cámara baja apunta a los cuatro jueces del máximo tribunal -su presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzett i- a los que solicita investigar por mal desempeño en sus funciones. Argumentan que los magistrados perpetraron, en forma reiterada, "ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, invadiendo de competencia exclusivas y excluyentes de los restantes poderes del Estado"

La acusación por mal desempeño engloba a los cuatro jueces de la Corte, aunque se los investigará por separado pues las responsabilidades que les imputan son distintas entre ellos.

1) Los hechos sobre los que basan las acusaciones son los siguientes:

Consejo de la Magistratura. En diciembre de 2021 los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda declararon la inconstitucionalidad de la ley que impulsó el kirchnerismo en 2006 para regular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Dispuso que hasta tanto el Congreso sancione una nueva norma, el Consejo se integraría según el régimen legal anterior. Acto seguido, Rosatti, como titular de la Corte, asumió la presidencia del Consejo. Los oficialistas acusan a los jueces de haber avasallado facultades del Congreso al revivir una ley derogada ; dictaron sentencias e invalidaron un decreto parlamentario del Senado "para ejecutar el asalto al Consejo de la Magistratura"; desconocieron sentencias de jueces inferiores arrogándose competencias que les eran ajenas mediante acordadas e invalidaron resoluciones parlamentarias de la Cámara de Diputados.

Coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Los cuatro jueces de la Corte dispusieron que el Estado Nacional entregue a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de los fondos coparticipables, de forma diaria y automática, a través del Banco Nación. Según el oficialismo, la Corte Suprema con su fallo -al que calificó de "político y parcial"- no solo perjudica al resto de las provincias, sino que invadió atribuciones del Poder Ejecutivo y del Congreso al disponer cómo deben asignarse los fondos coparticipables. Aseguran, además, que hubo connivencia entre el máximo tribunal y el gobierno porteño en esta sentencia; para ello se fundan en...