Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 11 de Julio de 2002, S. 723. XXXI

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

S. 723. XXXI.

ORIGINARIO

Santa Fe, Provincia de c/ Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.

(E.N.Co.Te.S.A.) s/ cobro de pesos.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 11 de julio de 2002.

Vistos los autos:

ASanta Fe, Provincia de c/ Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.

(E.N.Co.Te.S.A.) s/ cobro de pesos@, de los que Resulta:

I) A fs. 140/147 se presenta la Provincia de Santa Fe e inicia demanda contra la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (en adelante: E.N.Co.Te.S.A.) por cobro de la suma de $ 146.833,24.

Dice que el 3 de septiembre de 1995 se realizaron en dicha provincia los comicios para la elección de gobernador, vicegobernador, intendentes, autoridades comunales y legisladores (provinciales, municipales y comunales), en el marco de la Ley de Lemas 10.524.

Afirma que tanto la legislación nacional como la local requieren la intervención del servicio oficial de correos en los aspectos trascendentales ligados a dichos comicios, razón por la cual el secretario electoral requirió a E.N.Co.Te.S.A. un presupuesto por la prestación de diversas tareas. El 3 de abril de 1995 ésta le remitió una nota cotizando sus servicios en la suma de $ 423.500. Con posterioridad -sigue diciendo- la demandada elevó el precio a la cantidad total de $ 830.000,28 (a pagar en tres cuotas de $ 276.666,76) en atención a la complejidad de la prestación indicada por la provincia.

Añade que se cambió el mecanismo original de recopilación y envío telegráfico de los datos por el sistema de modem mediante el empleo de computadoras en red con un ordenador central con apoyo en un software especialmente diseñado al efecto.

Sostiene que el 1° de septiembre del mismo año se labró un acta notarial en la que se dejó constancia de la recepción de una caja que contendría dos diskettes con el

programa para el escrutinio provisional. Asevera que la complejidad técnica del sistema y la importancia del acto electoral requerían pruebas sobre su viabilidad y confiabilidad, que la demandada se había comprometido a realizar y no cumplió. Por ese motivo, el 3 de septiembre se labraron dos nuevas actas en las que se constató que existían inconvenientes en la transmisión de datos a la terminal provincial ubicada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno (lugar que funcionaría como centro de recepción de los resultados del escrutinio provisional).

Por último, a las 17.30 hs. del mismo día E.N.Co.Te.S.A. entregó un diskette de prueba con carga simulada a fin de realizar un ensayo sobre el funcionamiento del sistema provincial, que se llevó a cabo con resultado satisfactorio.

Relata que el procesamiento de datos de los comicios comenzó aproximadamente a las 21 del 3 de septiembre; sin embargo, no llegaban diskettes con la información, por lo que realizó reclamos telefónicos a la demandada, la cual prometió que a la brevedad comenzaría la remisión de los cómputos. Ante la falta de recepción de los datos, el ministro de gobierno y el subsecretario de justicia de la provincia concurrieron el 4 a la 1.30 a la sucursal de la demandada en Santa Fe, donde fueron atendidos por un gerente, a quien intimaron -mediante escritura pública- para el cumplimiento del servicio. A. respondió que por problemas surgidos en sus programas no había sido posible copiar los cómputos en soportes magnéticos para su envío, motivo por el cual fracasó la tercera alternativa propuesta por la empresa (la remisión de datos mediante planillas impresas).

Puntualiza que a las 5.15 del 4 de septiembre -transcurridas casi doce horas desde la conclusión de los comicios- no se habían recibido datos del escrutinio provi-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación sional. Los primeros en llegar, a partir de ese momento, no llegaron por la vía pactada (modem transmitidos por red de computadoras) sino mediante entrega manual para su posterior fotocopiado y distribución. Esa modalidad se vio definitivamente interrumpida a partir de las 13.00.

Aduce que frente a la apremiante situación suscitada envió una intimación a la demandada -recibida por un empleado de ésta a las 4.25 del día 4- para que en el plazo de una hora cumpliera sus obligaciones bajo apercibimiento de resolver el contrato. Ante la falta de respuesta por parte de la empresa, hizo efectivo el apercibimiento mediante el telefonograma 37.069. Luego el Poder Ejecutivo de la provincia dictó el decreto 2261/95 en el que se dispuso la rescisión del convenio.

Expresa que las prestaciones sustanciales y determinantes del contrato consistían en el procesamiento discriminado de diversos cargos de 19 departamentos ordenados por lemas y sub-lemas, como así también la transmisión al Salón Blanco mediante terminales ligadas en red a un ordenador central y la remisión por fax de un informe impreso (como soporte y control de la transferencia magnética).

Los primeros cómputos debían transmitirse en forma inmediata después de su procesamiento y, a partir de entonces, debían enviarse los restantes cada 20 minutos hasta completar el escrutinio. Añade que esas obligaciones no fueron satisfechas en ninguno de los aspectos descriptos y que la demandada obró con una negligencia inexcusable.

Estima que las prestaciones incumplidas representan un importe igual a $ 406.500,28 -es decir, la diferencia entre el presupuesto original y el definitivo-, mientras que la provincia abonó hasta la fecha de la presentación de la demanda dos de las tres cuotas pactadas, es decir $ 553.333,52.

Por ende, considera haber pagado en demasía la suma de $ 146.833,24 y reclama la restitución de ese importe con más sus intereses.

II) A fs. 159/246 se presenta E.N.Co.Te.S.A. y contesta la demanda solicitando su rechazo. Niega los hechos allí expuestos y en particular desconoce la responsabilidad que se le atribuye por los problemas acaecidos, que -a su juicioobedecieron a la conducta del Estado provincial.

Relata los trámites que precedieron a la suscripción del contrato con la provincia para la prestación de los servicios electorales. Dicho convenio se basó en el presupuesto presentado el 11 de julio de 1995, que a su juicio no puede compararse con el del 3 de abril del mismo año. Ello es así, pues en ambos casos el precio era total y único, sin discriminar el valor de los distintos rubros que integraban el servicio electoral. Además, la primera oferta caducó por el transcurso del tiempo, de manera que no se le puede atribuir un significado jurídico actual. Agrega que, a fin de ponderar la razonabilidad de la última propuesta, la provincia tomó como único antecedente una contratación correspondiente a los comicios del año 1991.

Relata las actividades cumplidas con anterioridad al acto electoral, entre ellas las relacionadas con la distribución y exhibición de los padrones electorales, y con la verificación de los locales donde funcionarían las mesas receptoras de votos. Dice que desarrolló las tareas del 3 de septiembre con total normalidad. Puntualiza que a las 19.20 se recibió el primer telegrama anticipado por fax y entre las 20.25 de ese día y las 6.30 del día siguiente llegaron los originales. Destaca que a la medianoche del 3 de septiembre los centros de cómputos contaban con más del 80% de los telegramas, de manera que el operativo de recolección de dichos

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Corte Suprema de Justicia de la Nación instrumentos fue sumamente exitoso.

Formula algunas explicaciones acerca del sistema informático y en especial acerca de las "tablas" (que constituyen conjuntos de datos almacenados en filas y columnas).

Afirma que la provincia no le proporcionó un soporte magnético de donde poder extraer en tiempo oportuno la información necesaria para elaborar la llamada "tabla de impedimentos" y envió ciertos datos en la última semana. Agrega que la carga y el control de grandes volúmenes de información se llevaron a cabo en forma manual y en tiempos mínimos, todo lo cual provocó inevitables errores humanos.

Argumenta acerca de la importancia que reviste el diseño de los telegramas de mesa y destaca la experiencia de E.N.Co.Te.S.A. al respecto, pese a lo cual -señala- la Dirección Provincial de Informática rechazó su ofrecimiento de colaborar en el proyecto de los formularios respectivos. Añade que en el caso se utilizó una cantidad de modelos innecesariamente elevada -lo que complicó la programación- y que los telegramas adolecían de errores de diseño que originaron demoras en el escrutinio. Además, la decisión del secretario electoral de la provincia respecto del procedimiento a seguir en los casos de errores de suma en los telegramas fue adoptada a último momento, lo que obligó a la empresa a modificar aproximadamente 10 programas y pantallas; esto a su vez provocó que debiera iniciarse el escrutinio provisional sin una prueba eficiente de los cambios.

Asevera que el recuento se llevó a cabo en un tiempo prudencial, acorde con la complejidad de los comicios. Señala que una gran cantidad de telegramas padecían de errores que debieron ser examinados y subsanados por la respectiva Junta de Revisión, lo que también demoró el conteo. Arguye que la tardanza en el escrutinio no puede ser atribuida a esa

empresa, sino al sistema electoral adoptado por la provincia, a la falta de colaboración de ésta en tiempo útil y a la inexperiencia de ciertos funcionarios locales en el manejo de situaciones de conflictividad política. En suma, estima que el responsable de dicha tardanza fue el gobierno provincial, y que su decisión de suspender el escrutinio provisional y pasar directamente al recuento definitivo implicó prolongar la incertidumbre de la población y generar sospechas perjudiciales para el prestigio del sistema democrático.

Señala que la empresa había anticipado públicamente que iba a privilegiar la seguridad sobre la celeridad. Relata también que el 1° de septiembre entregó al escribano mayor de gobierno una caja precintada que contenía dos diskettes con copia del software del sistema de escrutinio. El 3 se labraron dos actas notariales: una a las 19.30 (en la que se verificó que los bancos de datos del centro de cómputos de Santa Fe no registraban el ingreso de guarismo alguno) y otra a las 20 (donde se dejó constancia de la entrega de otra copia del software mencionado a la representante de la Junta Electoral).

Estima que de este modo se demuestra que su proceder fue absolutamente transparente.

Reconoce que el 3 de septiembre a las 11 el escribano mayor de gobierno se constituyó en el Salón Blanco a fin de dejar constancia de las falencias en la recepción de datos.

Al respecto, aclara que a fin de efectuar la transmisión de los cómputos a dicho salón, era necesario instalar allí terminales de comunicaciones, conectarlas al equipamiento provisto por Telecom y luego realizar las pruebas correspondientes. Sin embargo -sigue diciendo- la provincia le negó el acceso al Salón Blanco en reiteradas oportunidades y sólo instaló las mencionadas terminales en las últimas horas del viernes 1° de septiembre, lo que obligó a E.N.Co.Te.S.A. a

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Corte Suprema de Justicia de la Nación realizar las instalaciones y pruebas el sábado 2. Aclara que ese día no debería haberse hecho nada que comprometiera la realización de los trabajos de procesamiento que se llevarían a cabo durante el escrutinio. Agrega que la situación fue más grave aún pues sólo el sábado pudo enterarse de que la Dirección Provincial de Informática había desarrollado los programas de difusión en un lenguaje distinto al usado por E.N.Co.- Te.S.A., lo que la obligó a transformar el formato de los archivos. Por otra parte, los funcionarios de esa repartición no aceptaron que la operación de las comunicaciones en el Salón Blanco estuviera a cargo de empleados de E.N.Co.Te.S.A.

(capacitados para la tarea y familiarizados con el entorno que rodea a una elección), razón por la cual debió elaborar en forma urgente un esquema semiautomático para evitar al máximo posible la intervención humana.

Relata otras constataciones notariales efectuadas a requerimiento de funcionarios provinciales el mismo 3 de septiembre y sostiene que los inconvenientes allí relatados provenían exclusivamente de las demoras, errores, reticencias, y falta de colaboración y responsabilidad de aquéllos. Sostiene que el decreto 2261/95 -mediante el cual el gobernador dispuso la rescisión del contrato- es nulo porque pretende sustentarse en antecedentes falsos y traduce una desviación de poder, dado que la provincia intentó por ese medio ocultar sus propias falencias.

Transcribe la cláusula séptima del contrato (referente al escrutinio provisional) y destaca que nunca se pactó que la transmisión de datos sería realizada "vía modem" a las terminales de computación instaladas en el Salón Blanco, si bien la empresa realizó cuanto estaba a su alcance para hacerlo como muestra de buena voluntad. Lamentablemente -sigue diciendo- al comienzo se vio demorada en el procesamiento de

los datos, pero ello no le era imputable a la empresa sino a los funcionarios provinciales. También destaca que en forma inmediata y a medida que obtenía los cómputos, los fue suministrando a la Casa de Gobierno; así, pues, realizó el escrutinio provisional con un buen rendimiento final (en tiempo y resultado). Agrega que a partir de las 19.00 del 4 de septiembre, la provincia se negó a recibir la información que la empresa iba procesando.

Describe nuevas constataciones efectuadas por distintos escribanos -a pedido de E.N.Co.Te.S.A.- con posterioridad a la rescisión y afirma que el 5 de septiembre de 1995 a las 13.30 las tareas de escrutinio ya estaban terminadas y sólo restaba concluir con la verificación final de los datos procesados. Puntualiza que a las 21 de ese mismo día un apoderado de la empresa entregó a un notario un sobre que contendría los resultados definitivos del escrutinio provisional.

Agrega que el día siguiente (6 de setiembre) remitió un telegrama al ministro de gobierno de la provincia comunicándole que dichos resultados se encontraban a su disposición; a su vez, el citado funcionario rechazó el ofrecimiento argumentando que no se ajustaba a las condiciones oportunamente pactadas.

Dice que el 5 de septiembre el secretario electoral de la provincia le intimó retirar el equipamiento instalado en el Distrito Militar, que se encontraba en funcionamiento.

Destaca que de ese modo se le impidió injustamente la ejecución de las obligaciones a su cargo.

Por otra parte, reconviene por el pago de la suma de $ 276.666,84 (con más sus intereses) correspondiente a la tercera cuota del precio estipulado en el contrato, dado que -según afirma- E.N.Co.Te.S.A. realizó todas las prestaciones comprometidas. Asimismo reclama un resarcimiento por el grave

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(E.N.Co.Te.S.A.) s/ cobro de pesos.

Corte Suprema de Justicia de la Nación desprestigio que dice haber sufrido como consecuencia de las acusaciones injustas y afirmaciones "totalmente desproporcionadas y dañinas" efectuadas por diversos funcionarios provinciales, que fueron difundidas por todos los medios de comunicación masivos del país. Aduce que el importe del resarcimiento sólo podrá determinarse una vez "transcurrido un tiempo prudencial desde el acaecimiento de tan nefastos sucesos para el prestigio" de la empresa. Transcribe algunas publicaciones que se refieren a ella "en términos sumamente agraviantes".

III) A fs. 325/333 vta. la provincia contesta la reconvención y solicita su rechazo, pues entiende que dicho acto procesal no satisface los requisitos de admisibilidad previstos en el art. 330 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Asimismo niega -entre otros extremosque E.N.Co.Te.S.A. tenga derecho al pago de la suma que reclama; que aquélla padeciera un desprestigio por causas imputables al Estado provincial; y que sus funcionarios hubieran efectuado acusaciones injustas o afirmaciones desproporcionadas y dañinas.

Reitera las argumentaciones expuestas en la demanda en torno a que considera haber abonado a E.N.Co.Te.S.A. una suma excesiva en relación con las prestaciones efectivamente cumplidas por ésta, razón por la cual estima que la empresa carece de derecho a reclamar el pago de la cuota pendiente.

Afirma que la "indemnización por desprestigio" se sustenta en hipotéticos perjuicios extrapatrimoniales y que su reconocimiento se encuentra vedado, pues -según estima, con cita de jurisprudencia de esta Cortelas sociedades comerciales no son susceptibles de sufrir padecimientos espirituales.

Por otra parte -señalael desprestigio invocado "proviene únicamente de la grotesca intervención" de la empresa en el escrutinio.

Dice que en una conferencia de prensa efectuada el 6 de septiembre de 1993 el presidente de la demandada difundió planillas con datos contradictorios que, por otra parte, tampoco coincidieron con el resultado definitivo del escrutinio, de lo que deduce que aquélla nunca satisfizo la prestación a su cargo.

Considerando:

  1. ) Que esta causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts.