Sentencia nº 181962 de Juzgados de 1º Instacia en lo Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy - Juzg. 1º C. y C. Nº 1 Secretaría 13, 26 de Febrero de 2010

• Fecha de Resolución: 26 de Febrero de 2010
• Emisor: Juzg. 1º C. y C. Nº 1 Secretaría 13

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AUTOS Y VISTOS: el expediente Nº B-181962/07, caratulado “Ejecutivo: R., M.I. c/ Tintilay, V.M.”, en los que;

CONSIDERANDO:

1. Promovido juicio ejecutivo en fecha 14/12/2007, se dispuso librar mandamiento de intimación de pago, ejecución y embargo, el que no pudo diligenciarse en el domicilio denunciado del demandado (cfr. informe de Oficialía de Justicia de fojas 14 vta.).-

   Por lo que, mediante providencia de fecha 16/04/2008 se intimó a la promotora a denunciar el domicilio real del demandado en el término de cinco días y bajo apercibimiento de tener presente la voluntad de no instar la causa (fojas 17).

   Dicha resolución, debidamente notificada, firme y consentida, a la fecha no ha sido cumplida, pues la actora no ha denunciado el domicilio de la demandada ni efectuado petición en concreto que implique impulso procesal (cfr. informe de secretaría de fojas 19) o que interrumpa el transcurso del plazo de caducidad.

2. Conforme lo relatado ha transcurrido el plazo de caducidad que establece el artículo 200 del C.P.C. sin que se haya trabado la litis, por lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento decretado y tener por presente la voluntad de no instar el trámite que surge de las constancias de la causa.

   De la compulsa de las actuaciones surge la manifiesta inactividad por más tiempo del previsto por ley (art. 200 CPC). En consecuencia, reuniéndose los dos presupuestos de la caducidad: inactividad y plazo (más de un año), debe tenerse por configurada. Y la solución no puede ser otra por el principio de disciplina de las formas (art. 150, inc. 4º Constitución Provincial, art. 4 C.P.C.) y lo dispuesto por el art. 201 CPC: “la caducidad se opera de derecho” e impone la obligación al juez de declararla.

   Y si bien el art.150, inc. 5 de la Constitución Provincial impone a los jueces el deber de evitar la paralización del proceso, dicho deber cede cuando el impulso procesal depende exclusivamente de la voluntad de las partes (Cfr. Fallo del Superior Tribunal de Justicia in re: “S.M. y otro c/Daniel T. y otros”), pues el artículo 1 del Código Procesal Civil consagra el principio de iniciativa a su cargo.

   En este caso en particular, atento el estado de la causa, la carga procesal pesaba sobre la actora, pues no puede suplir el órgano jurisdiccional la falta de denuncia del domicilio del demandado.

3. Conforme lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia in re: “M.B.H. c/Raúl Quintar, J.Q. y H.J.” (L.A. 38, fº 111/114, nº 54) “Es casi un...