La sostenibilidad del sistema jubilatorio, un debate muy próximo

El pago de las jubilaciones y pensiones que están a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ) representa nada más y nada menos que alrededor de cuatro de cada diez pesos del presupuesto de la Nación. Con insuficiencia de ingresos para cubrir esas erogaciones con los aportes y contribuciones más los impuestos que -algunos en parte y otros en su totalidad- se asignan al sistema, el Tesoro cubre el déficit previsional que es, en definitiva, buena parte del déficit fiscal general.

Con compromisos crecientes a lo largo del tiempo, a causa de las políticas decididas en los últimos años, y a consecuencia también del progresivo envejecimiento poblacional, la sustentabilidad del sistema previsional es un tema cuyo debate se instalará en poco tiempo.

La cuestión, de hecho, ya fue contemplada en una norma votada por el Congreso el año pasado. Además de disponer el blanqueo fiscal y de establecer un plan de recomposición de haberes para un grupo de jubilados, la ley 27.260 ordena crear un Consejo de Sustentabilidad Previsional y le asigna una misión concreta: elaborar un proyecto de reforma integral del régimen jubilatorio que deberá estar listo en 2019. Cada seis meses, según la ley, deberán informarse los avances a una comisión bicameral del Congreso.

Para este año, la previsión oficial es que las prestaciones a la seguridad social se lleven $ 952.345 millones. La distribución estimada por la ley de presupuesto indica que, de ese monto, $ 792.450 millones irán a los pagos de jubilaciones y pensiones del sistema regular (cobradas por algo más de 6,7 millones de personas) y otros $ 97.192 millones, a las pensiones no contributivas (son 1,5 millones).

La primera cifra mencionada está integrada, además, por $ 59.657 millones para el plan de reparación histórica, y por $ 3046 millones para la pensión universal dirigida a personas que, al cumplir 65 años, no acceden a una jubilación por falta o insuficiencia de aportes.

Estos dos últimos ítems se refieren a políticas instrumentadas por el actual gobierno. En el caso del plan de reparación, la intención es poner los ingresos de unos 2,4 millones de jubilados en línea con lo dicho por la Corte Suprema en algunos de sus fallos sobre el tema previsional. Hay, por lo tanto, una meta de reducción del número de juicios -tanto presentes como futuros-, porque al firmar un acuerdo con la Anses que debe homologar la Justicia, el jubilado renuncia a iniciar o a continuar una demanda.

Esto alivia...