Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 8 de Julio de 2011 (caso Soraire, Maria del Carmen C/ Pami Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados S/ Despido)

Fecha de Resolución: 8 de Julio de 2011
 
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Expte. Nº 35.949/08

SENTENCIA Nº 92.633 CAUSA Nº 35.949/08 “SORAIRE, MARIA

DEL CARMEN C/ PAMI INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA

JUBILADOS Y PENSIONADOS S/ DESPIDO” JUZGADO Nº 8

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina,

a 14/7/11, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar los recursos deducidos contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

La Doctora Cañal dijo:

Contra la sentencia de primera instancia, se alzan ambas partes mediante los memoriales de fs.

402/409 y fs. 411/416, con réplica a fs. 420/423 Y FS. 424/427.

La accionada se queja porque se aplica la presunción establecida en el artículo 23 de la LCT;

porque considera improcedente el artículo 18 de la citada norma;

por el cómputo de la antigüedad; porque se rechaza la excepción de prescripción; por la imposición de costas y porque se la condena a entregar el certificado de trabajo.

La actora, por su parte, se agravia porque se rechazan las diferencias salariales; porque se tuvo por válida la renuncia; por la remuneración que se tuvo en cuenta para el cálculo indemnizatorio, y por la fecha a partir de la cual se aplican los intereses.

La accionante sostiene en la demanda,

que ingresó a trabajar a las órdenes de la demandada el 5 de agosto de 2003, como Jefa del Area de Prestaciones Médicas de la Unidad de Auditoría Prestacional del Instituto demandado. El 14

de agosto del mismo año, se le asignaron tareas con nivel subgerencial, como integrante de la planta permanente del instituto y bajo relación de dependencia.

Alega que las presiones políticas de la nueva conducción del instituto, tornaron insostenible su permanencia en el cargo, y por tales circunstancias de violencia moral se vio obligada a renunciar en marzo de 2004, pero permaneció en el mismo sector de la Unidad de Auditoría Prestacional, cumpliendo las mismas tareas, en calidad de prestadora autónoma. El 8 de octubre de 2007, la demandada rescindió el vínculo sin justa causa (fs. 32/33).

La accionada, por su parte, reconoce que la actora ingresó como funcionaria con Nivel Subgerencial,

el 5.8.2003, que renunció en marzo de 2004, y que en junio del mismo año, comenzó a prestar servicios en carácter de prestadora para la Unidad de Gestión Local (fs. 133 vta./134).

Expte. Nº 35.949/08

El juez entiende que, dado que la demandada no aportó elemento alguno para desvirtuar la presunción emanada del artículo 23 de la LCT, no hay motivos para excluir la prestación de la actora de la protección establecida por ésta última normativa.

En primer lugar, cabe destacar, que considero que los requisitos de toda relación de dependencia no pueden ser hoy los mismos que al tiempo de la sanción y promulgación de la ley de contratos. El tipo de subordinación requerida por ella, hoy no resulta aplicable a todo tipo de vínculo, y ello es así porque las relaciones en sí ya no son las mismas.

Cada vez más el mercado de trabajo nos presenta a trabajadores altamente capacitados que no requieren de ninguna instrucción técnica por parte de su empleador y al que ni siquiera se le rinden cuentas,

sencillamente porque aquél no tiene siquiera los conocimientos para comprender los alcances del aspecto técnico de su gestión.

Precisamente por eso lo contrata y esto es lo que se presta a confusión, puesto que se comprometen no solo al cumplimiento de una tarea en forma continuada, sino a la realización de una obra en concreto.

Esta es sin dudas la hipótesis de los médicos que acuerdan la atención de pacientes a su leal saber y entender, pero en el marco de una estructura ajena. Es que estos profesionales ponen su capacidad de trabajo a disposición de un tercero e inclusive, a veces hasta lo hacen en su propio consultorio, al que colocan por periodos a disposición de su empleador, quien derivará sus pacientes hacia ese lugar. Tampoco incide en ello que no sean estos sus únicos pacientes, lo que no puede sorprendernos, cuando la exclusividad no es una nota del contrato de trabajo.

Luego, el hecho de que a estos profesionales se los obligue a entregar recibos en concepto de "honorarios" y aún que se los haga aportar como autónomos, no cambia las cosas. Ellos no pueden disponer libremente de su tiempo, quedando a disposición del empleador que, de alguna manera, "ordena" su tarea al fijar a quiénes habrá de atender,

por qué arancel, y demás.

Por lo tanto, en materia de esta profesión, la idea de "liberal" ha quedado rezagada al concepto de independencia técnica únicamente, convirtiéndose paso a paso más en una excepción que en una regla, que el médico que trabaja con un tercero lo haga como autónomo.

Análogamente, tiene dicho la jurisprudencia que “el hecho de que el actor, médico, trabajara en su propio consultorio, no lleva a concluir que no prestara servicios dependientes para la demandada. No empece a la conclusión expuesta la circunstancia de que el actor percibiera honorarios en la medida en que atendiera a los pacientes, pues tal denominación no le quita carácter remuneratorio, ya que el 2

Expte. Nº 35.949/08

salario es la retribución del trabajador dependiente que constituye la ventaja patrimonial (o `ganancia´) que recibe como contraprestación del trabajo subordinado, por lo que tienen dicho carácter todas aquellas sumas de dinero que lo beneficien incorporándose a su patrimonio. Este tipo de salario,...

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