Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 8 de Julio de 2011 (caso Soraire, Maria del Carmen C/ Pami Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados S/ Despido)

Expte. Nº 35.949/08

SENTENCIA Nº 92.633 CAUSA Nº 35.949/08 “SORAIRE, MARIA

DEL CARMEN C/ PAMI INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA

JUBILADOS Y PENSIONADOS S/ DESPIDO” JUZGADO Nº 8

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina,

a 14/7/11, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar los recursos deducidos contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

La Doctora Cañal dijo:

Contra la sentencia de primera instancia, se alzan ambas partes mediante los memoriales de fs.

402/409 y fs. 411/416, con réplica a fs. 420/423 Y FS. 424/427.

La accionada se queja porque se aplica la presunción establecida en el artículo 23 de la LCT;

porque considera improcedente el artículo 18 de la citada norma;

por el cómputo de la antigüedad; porque se rechaza la excepción de prescripción; por la imposición de costas y porque se la condena a entregar el certificado de trabajo.

La actora, por su parte, se agravia porque se rechazan las diferencias salariales; porque se tuvo por válida la renuncia; por la remuneración que se tuvo en cuenta para el cálculo indemnizatorio, y por la fecha a partir de la cual se aplican los intereses.

La accionante sostiene en la demanda,

que ingresó a trabajar a las órdenes de la demandada el 5 de agosto de 2003, como Jefa del Area de Prestaciones Médicas de la Unidad de Auditoría Prestacional del Instituto demandado. El 14

de agosto del mismo año, se le asignaron tareas con nivel subgerencial, como integrante de la planta permanente del instituto y bajo relación de dependencia.

Alega que las presiones políticas de la nueva conducción del instituto, tornaron insostenible su permanencia en el cargo, y por tales circunstancias de violencia moral se vio obligada a renunciar en marzo de 2004, pero permaneció en el mismo sector de la Unidad de Auditoría Prestacional, cumpliendo las mismas tareas, en calidad de prestadora autónoma. El 8 de octubre de 2007, la demandada rescindió el vínculo sin justa causa (fs. 32/33).

La accionada, por su parte, reconoce que la actora ingresó como funcionaria con Nivel Subgerencial,

el 5.8.2003, que renunció en marzo de 2004, y que en junio del mismo año, comenzó a prestar servicios en carácter de prestadora para la Unidad de Gestión Local (fs. 133 vta./134).

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El juez entiende que, dado que la demandada no aportó elemento alguno para desvirtuar la presunción emanada del artículo 23 de la LCT, no hay motivos para excluir la prestación de la actora de la protección establecida por ésta última normativa.

En primer lugar, cabe destacar, que considero que los requisitos de toda relación de dependencia no pueden ser hoy los mismos que al tiempo de la sanción y promulgación de la ley de contratos. El tipo de subordinación requerida por ella, hoy no resulta aplicable a todo tipo de vínculo, y ello es así porque las relaciones en sí ya no son las mismas.

Cada vez más el mercado de trabajo nos presenta a trabajadores altamente capacitados que no requieren de ninguna instrucción técnica por parte de su empleador y al que ni siquiera se le rinden cuentas,

sencillamente porque aquél no tiene siquiera los conocimientos para comprender los alcances del aspecto técnico de su gestión.

Precisamente por eso lo contrata y esto es lo que se presta a confusión, puesto que se comprometen no solo al cumplimiento de una tarea en forma continuada, sino a la realización de una obra en concreto.

Esta es sin dudas la hipótesis de los médicos que acuerdan la atención de pacientes a su leal saber y entender, pero en el marco de una estructura ajena. Es que estos profesionales ponen su capacidad de trabajo a disposición de un tercero e inclusive, a veces hasta lo hacen en su propio consultorio, al que colocan por periodos a disposición de su empleador, quien derivará sus pacientes hacia ese lugar. Tampoco incide en ello que no sean estos sus únicos pacientes, lo que no puede sorprendernos, cuando la exclusividad no es una nota del contrato de trabajo.

Luego, el hecho de que a estos profesionales se los obligue a entregar recibos en concepto de "honorarios" y aún que se los haga aportar como autónomos, no cambia las cosas. Ellos no pueden disponer libremente de su tiempo, quedando a disposición del empleador que, de alguna manera, "ordena" su tarea al fijar a quiénes habrá de atender,

por qué arancel, y demás.

Por lo tanto, en materia de esta profesión, la idea de "liberal" ha quedado rezagada al concepto de independencia técnica únicamente, convirtiéndose paso a paso más en una excepción que en una regla, que el médico que trabaja con un tercero lo haga como autónomo.

Análogamente, tiene dicho la jurisprudencia que “el hecho de que el actor, médico, trabajara en su propio consultorio, no lleva a concluir que no prestara servicios dependientes para la demandada. No empece a la conclusión expuesta la circunstancia de que el actor percibiera honorarios en la medida en que atendiera a los pacientes, pues tal denominación no le quita carácter remuneratorio, ya que el 2

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salario es la retribución del trabajador dependiente que constituye la ventaja patrimonial (o `ganancia´) que recibe como contraprestación del trabajo subordinado, por lo que tienen dicho carácter todas aquellas sumas de dinero que lo beneficien incorporándose a su patrimonio. Este tipo de salario, tal como lo precisa el art. 104 de la L.C.T., puede ser considerado como una retribución "por rendimiento", circunstancia que lo hace esencialmente variable y subordinado al resultado que aquel obtenga, pero sin perder por ello su carácter salarial. Tampoco conmueve lo expuesto, la emisión de facturas por parte del apelante, ya que frente al denominado "principio de primacía de la realidad", válidamente puede concluirse que la entrega de dicha documentación constituye una exigencia formal de la empleadora para eludir la aplicación de las normas laborales que resultan indisponibles para las partes, art. 12 de la LCT y, en sentido análogo, SD Nº 81.039 en autos: “García, María Inés c/

Liga Israelita Argentina contra la Tuberculosis y de Medicina preventiva y otro”, del registro de esta sala, que comparto.

“Si bien cuando se trata de trabajadores con conocimientos específicos del área que les compete, como en el caso de los profesionales, suele faltarle fuerza a la nota de dependencia técnica, presente en otros contratos de trabajo, ello no implica, en modo alguno, que deba descartarse la existencia de una relación laboral. Porque es justamente esa capacidad de desenvolverse con independencia dentro del marco del área específica de sus conocimientos, uno de los extremos tenidos en cuenta por el empleador a la hora de incorporar a su plantel este tipo de profesionales (en igual sentido Sala IV SD 70.244 del 21/3/94 "Esteve, Marcia C/ Int.

Arg. del Riñón y Transplantes s/ despido"; Sala II SD 70294 del 17/7/92 "Fischer, Eduardo c/ Transportes Intercap SA s/

despido"). Lo determinante, en estos casos es la subordinación con la empleadora, la integración a su estructura y la sujeción del profesional a las directivas de sus superiores (Sala X, SD.

9328 26/3/01 "Porcelli, Mariela c/ Inder. Instituto Nacional de Reaseguros s/ despido").

Ubicado de este modo el tema en la realidad de nuestro tiempo, cabe verificar si de acuerdo con la prueba rendida, la situación de la demandante es conteste con esta descripción, y luego, si debe ser desplazada la LCT como marco normativo.

En el caso, la accionada no aportó

ninguna prueba para desvirtuar la presunción establecida en el artículo 23 de la LCT.

En efecto, la demandada afirma en su responde, que la actora se desempeñó como “prestadora profesional independiente”, modalidad que, según explica,

determina el carácter autónomo del vínculo y, por ende, la inexistencia de relación laboral.

Reconocida la prestación de servicios de la accionante para la demandada, cobra operatividad la presunción establecida en el art. 23 de la LCT, salvo que “…por 3

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las circunstancias, relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario…”.

Estimo que en el caso , y por las razones expuestas, no se encuentran acreditados los supuestos de excepción que contempla la citada norma (arg. arts. 163 inc. 5 y 377 del CPCCN).

Tampoco se encuentra acreditado en la causa, que la prestación de tareas de la actora como médica de la entidad demandada, fuese distinta de la de aquellos profesionales que conforman el plantel permanente de la misma (arg. art. 377 del CPCCN).

No conmueve lo expuesto, la circunstancia de que la accionada haya contratado a la actora con una modalidad (prestadora profesional independiente),

admitida por las normas que regulan su actividad y organización,

que la haya registrado como prestadora y que le exigiera la presentación de facturas para pagarle sus retribuciones pues,

frente al denominado “principio de primacía de la realidad”,

válidamente puede concluirse que, con dicha implementación, el instituto demandado tendió eludir la aplicación de las normas laborales que resultan indisponibles para las partes (art. 12 de la LCT).

En consecuencia, corresponde mantener lo decidido en la anterior instancia.

Resulta innecesario analizar la queja por la aplicación del artículo 18 de la LCT, dado el resultado al que se arriba en la presente litis.

Luego, no deviene contradictorio lo resuelto por el sentenciante, tal como lo alega la recurrente,

puesto que la norma citada establece, claramente, que se considerará tiempo de servicio el efectivamente trabajado, desde el comienzo de la vinculación que corresponda a los sucesivos contratos a plazo que se hubiesen celebrado entre las partes y el tiempo de servicio anterior, cuando el trabajador, cesado en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las órdenes del mismo empleador.

También es abstracto analizar la queja por la entrega del certificado de trabajo, por los mismos argumentos dados precedentemente.

Los agravios por la excepción de prescripción y la imposición de costas, serán analizados luego de tratar la queja de la actora.

La accionante sostiene que, según surge de la prueba de libros, trabajó en forma ininterrumpida desde la renuncia. Si bien el primer pago como prestadora, lo cobró el 23

de junio de 2004, está fehacientemente esclarecido que el mismo comprendió las horas trabajadas desde el 12 de marzo hasta mayo 4

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del mismo año inclusive. En esas condiciones, entiende que le corresponde el pago de las diferencias de salarios.

El sentenciante, no hizo lugar a las diferencias salariales entre el sueldo efectivamente percibido y el correspondiente a la categoría de subgerencia. Sostuvo que la actora no suministró ninguna explicación, para fundar la violencia moral que habría producido el vicio de la voluntad que invalidara la renuncia.

De la prueba de libros, surge que la actora ingresó a trabajar bajo dependencia de la demandada, el 5

de agosto de 2003, y entre marzo de 2004 y febrero de 2007,

figura como prestadora del instituto (ver fs. 310 vta.).

Lo informado por el perito contador,

desvirtúa las afirmaciones de la accionada en cuanto a que,

luego de la renuncia, dejó pasar un par de meses para ingresar como prestadora.

También, es dable destacar, que el experto contable, al contestar las impugnaciones deducidas por la actora, informa que los importes abonados en la orden de pago Nº 42046851, corresponden a las horas trabajadas en los meses de marzo, abril y mayo (ver fs. 360), lo que echa por tierra los argumentos dados por la empleadora.

En tales condiciones, no se puede considerar una renuncia de derechos por parte de la trabajadora.

En efecto, en un caso de aristas similares, he sostenido que el artículo doce de la LCT establece que, aun cuando libremente el dependiente haya querido acordar una cláusula, la misma carecerá de efectos cuando “suprima o reduzca los derechos previstos en la LCT, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción” (art.12 LCT).

Es que cuando “negocia” las condiciones de su contrato, así como a las modificaciones del mismo, como en la especie, el trabajador solo “adhiere” a los términos impuestos por el empleador.

Ahora bien, ¿cuáles derechos resultan irrenunciables?. Hasta “Bariain” (CNAT, Sala VI, 14 de mayo de 1985, in re “Bariain, Narciso Teodoro c/ Mercedes Benz Argentina S.A.s/ despido”) aparecía como la interpretación mayoritaria del artículo 12 la que lo entendía relativo a cierto tipo de cláusulas y de determinada fuente. Por lo tanto, solo eran irrenunciables los mínimos derivados de la ley, los estatutos y las convenciones colectivas (Etala, Carlos Alberto.

“El orden público laboral, la revisión del contrato y el vicio de lesión”. LT, XXXIII, pág.561).

A nuestro juicio, una interpretación como ésta implicaría dos vicios diferentes. Por una parte el de redundancia, puesto que no es posible concluir 5

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que el artículo de marras es la sanción del antecedente que reza “el orden público laboral es indisponible”, previendo la nulidad para quien así lo acuerde, puesto que esta función ya le fue reservada en forma expresa al artículo 7 cuando prohibe el pacto de condiciones “menos favorables” para el trabajador que las previstas en la ley, convenciones y laudos con fuerza de tales.

Por lo tanto, cuando en la lectura de la LCT llegamos al artículo 12, ya conocemos qué se entiende por orden público laboral y a qué ha de atenerse quien lo viole,

razón por la cual no podría estarse refiriendo a la misma cuestión.

De este modo nos encontramos con el segundo vicio: circularidad. Si entendemos que el artículo 12

prohibe todo acuerdo contrario al orden público laboral cuya violación, a su vez, está prohibida, no estaría agregando nada nuevo.

Por el contrario, en “Bariain” la Sala VI de la Cámara interpretó que también eran irrenunciables los derechos que estaban por encima del mínimo pero que tenían por origen el contrato de trabajo, retocando así la teoría tanto en relación con la fuente cuanto con la naturaleza de los derechos.

Una interpretación como esta no puede admitir convalidación a posteriori, por lo cual el hecho de que el trabajador afectado no intime ni haga denuncia de su contrato no podría implicar su novación. Esta fue la razón por la cual se falló en forma favorable en aquélla causa y en la más novedosa,

“Velazco” (CNAT, Sala VI, Sd.49959, del 14/10/98 in re “Velazco,

Héctor Domingo c/ Celulosa Jujuy S.A. s/despido”, voto de la mayoría Drs. De la Fuente y Fernández Madrid).

Para así resolver opera el artículo 58 de la LCT que no admite presunciones en contra del trabajador, lo que se compadece en un todo con el contenido del mentado artículo 12. Por lo tanto, la primer regla será que la carga de la prueba pesa sobre el empleador.

Ello en razón de que el mero silencio no puede ser prueba válida, en especial ante el marco económico que a todos envuelve. Nuevamente el artículo 58 nos orienta al decir que nada puede presumirse del silencio, solo de actos que impliquen un comportamiento inequívoco.

Aquí la interpretación se torna también muy farragosa y no puede ser realizada en forma aislada,

tanto del Código Civil, cuanto de la propia LCT. En el código se receptan dos formas de manifestar el consentimiento (art.1145),

la expresa y la tácita. En el primer caso se cuentan la manifestación verbal, por escrito o por signos inequívocos; en el segundo los hechos o actos que lo presupongan o autoricen a presumirlo “excepto en los casos en que la ley exige una manifestación expresa de voluntad”, o que las partes hubiesen estipulado alguna formalidad tal fin.

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Por lo tanto, los actos o hechos del trabajador no pueden ser considerados “inequívocos” sin más,

presumiendo desde ellos una aceptación, cuando la ley exige una manifestación expresa de la voluntad. Y es aquí donde complementa el análisis la ley de contratos, reclamando precisamente este tipo de expresión: el artículo 15 nos dice que todo acuerdo transaccional, conciliatorio o liberatorio sólo será válido cuando medie intervención de la autoridad judicial o administrativa, así como resolución fundada que evalúe la justa composición de derechos e intereses (CNAT, Sala IV, Sd.83.649,

del 30/4/99, in re “Kraisman, Alejandro Gabriel c/ Vilguad S.A.

s/ despido”, del voto del Dr. Lasarte, en mayoría).

La jurisprudencia ha dicho que “el fallo plenario 137, ¨Lafalce, Angel c/ Casa Enrique Schuster S.A”, que fue dictado ya hace veintiocho años y tendría que ser revisado a la luz de las disposiciones de la ley de contrato de trabajo cuyo artículo 15 establece exigencias precisas para la conciliación y de toda una normativa que fortifica el orden público laboral y que impide la renunciabilidad de los derechos”

(CNAT, Sala VI, Sd.50.257, del 18/11/98 in re “Panelo, Héctor Armando c/ YPF s/ accionario obrero”. Dr. Fernández Madrid, por la minoría).

Miremos el fenómeno de la renuncia desde sus dos frentes. En el caso de Velazco, durante casi veinte años la empresa armó su esquema en base a su reajustado contrato, sin que aquél hiciese ningún reclamo, por lo que era lógico suponer que a su egreso nada podría reclamar en relación con aquélla pretérita situación.

Pero si enfocamos la cuestión desde el lado del trabajador (a lo que la naturaleza protectoria de nuestro derecho nos obliga), también podemos ver que la opción en la que se encontraba el trabajador era diabólica, como bien pudo haberlo sido para la mayor parte de los demandantes: si no aceptaban la modificación, era muy probable que se estuviesen exponiendo a perder su trabajo (CNAT, Sala III, in re “Casterán,

Gustavo y otro c/ Raña de Veloso”, 30/8/85).

Hemos llegado a un punto en donde este do ut des leonino no debe ser sospechado, es explícito. Así

llegó a pretenderse que tuviera plenos efectos un acuerdo de rebaja salarial sin que fueran disminuidas ni las obligaciones ni la carga horaria, a cambio de una promesa de estabilidad que,

de no ser cumplida, no tenía prevista ninguna sanción adicional (CNAT, Sala III, Sd.78.965, del 26/5/99 in re “Groba, María Andrea c/ Instituto Independencia SRL s/ despido”). Esta grosera desproporción llevó a los jueces a decretar la nulidad del acuerdo y condenar al pago de las diferencias.

Porque si bien la “autonomía de la voluntad” debe tener como regla interpretativa la buena fe de las partes, es en el derecho del trabajo (en el cual la primacía de la realidad es un principio capital) donde resulta en particular relevante considerar lo que “verosímilmente 7

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entendieron o pudieron entender los firmantes, obrando con cuidado y previsión, arts.1198 Cód. Civil y arts.63 y ccs. de la LCT, CNAT, Sala IX, Sd.del 17 de setiembre de 1998, in re “Maller, Gustavo Sergio y otros c/ YPF s/ accionario obrero”).

Porque no siempre la hipótesis es de que el trabajador “no ha comprendido los alcances del acuerdo”, muchas veces nos encontramos con empleados superiores de alta capacitación, como en la especie, donde el trabajador comprende perfectamente que si no acepta, pierde la fuente de trabajo y la posibilidad de percibir una indemnización integral.

En este mundo globalizado es razonable presumir que el trabajador no obra siempre con su libre voluntad, sino que la misma está viciada por la necesidad de preservar su empleo por lo que “resulta innecesario abundar sobre las dificultades que se presentan en la actualidad y desde hace tiempo en el mercado laboral, y resulta de toda lógica que quienes lo han logrado se allanen a requisitorias indebidas para mantener su fuente de trabajo (CNAT, Sala VIII, Sd.27.136, in re “Marini, Patricia c/ Indicom S.A. y otro s/ accidente”, voto del Dr. Billoch Caride, por la mayoría).

En tales condiciones, considero, que dado que quedó acreditado que la actora, pese a su renuncia,

continuó trabajando para la demandada en relación de dependencia, corresponde hacer lugar a las diferencias de salarios, toda vez que existió una reducción de la remuneración.

No escapa a mi criterio que la accionante no logró acreditar la supuesta presión moral para renunciar a su empleo. Sin embargo, resulta sorprendente que luego de la supuesta renuncia, continuara trabajando en forma ininterrumpida como “prestadora médica”.

Ahora bien, la demandada plantea en el responde excepción de prescripción.

La actora reclama diferencias salariales por el período 2005-2007 y el SAC 2º semestre de 2005. Teniendo en cuenta que el 29 de noviembre de 2007 intimó

por el pago de las mismas (reconocido a fs. 135), el plazo de la prescripción se suspendió por un año en los términos del artículo 3968 del Código Civil. Por lo tanto, dado que la demanda fue iniciada el 28 de noviembre de 2008 (según cargo de fs. 37 vta.), no se encuentra excedido el plazo bienal establecido por el artículo 256 de la LCT, por lo que corresponde desestimar la excepción de prescripción.

En virtud de lo expuesto, corresponde también tomar como base el mejor salario que informa el perito contador, de $ 8.874,36 (fs. 312 vta.) y recalcular los montos de condena.

Indemniz. por antigüedad (4 $ 35.497,44

períodos)

Indemniz. sust. preaviso más $ 9.613,89

SAC

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Integración mes de despido $ 6.507,82

Vacaciones prop. 2007 (10 días $ 2.958,12

SAC 2º sem 2005 $ 4.437,18

SAC 2006 $ 8.874,36

SAC prop. 2007 $ 2.958,12

Art. 1º ley 25323 $ 17.748,72

Art. 2º ley 25323 $ 24.992,84

Art. 80 LCT $ 26.623,08

Diferencias salariales $ 125.251,14

2005/2007

TOTAL $ 265.462,71

A dichas sumas deberá aplicarse la tasa de interés fijada en la anterior instancia, que llega firme a esta alzada y desde que cada suma es debida. Cabe aclarar, que toda vez que se encuentra consentida la no aplicación de actualización monetaria, no puedo introducir la cuestión sin violar el principio de congruencia.

En atención a la forma de resolver,

corresponde mantener la imposición de costas, toda vez que la demandada resulto vencida (artículo 68 del CPCCN).

Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 CPCC, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y encarar su determinación en forma originaria.

Teniendo en cuenta el monto de condena,

la calidad y a la extensión de las desempeñadas por los profesionales y por el experto interviniente y lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de las partes actora y demandada y para el perito contador en 17 %, 13 % y 7 %, respectivamente, a calcular sobre el monto de condena y sus intereses.

Las costas de alzada serán soportadas por la parte demandada. Propicio regular los honorarios de los presentantes de fs. 402/409 y fs. 411/416 en 25 % y 30 %,

respectivamente, a calcular sobre lo que le corresponda por su actuación en la anterior instancia.

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la sentencia 65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos “Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688”, que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación” (C.181 XXIV del 16

de junio de 1993), al sostener “que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio –

adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría 9

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desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto”.

Voto, en consecuencia, para que se confirme la sentencia en lo principal que decide y ha sido materia de agravios. Propongo elevar el monto de condena a la suma de $ 265.462,71 (pesos doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos con setenta y un centavos), con más los intereses fijados en la anterior instancia, que deberán aplicarse desde que cada suma es debida. Propicio dejar sin efecto las regulaciones anteriores y regular los honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de las partes actora y demandada y para el perito contador en 17

%, 13 % y 7 %, respectivamente, a calcular sobre el monto de condena y sus intereses. También propongo imponer las costas de alzada a la demandada y regular los honorarios de los presentantes de fs. 402/409 y fs. 411/416 en 25 % y 30 %,

respectivamente, a calcular sobre lo que le corresponda por su actuación en la anterior instancia. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

El Doctor Catardo dijo:

Que por compartir sus fundamentos,

adhiero al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal

RESUELVE:

I.- Confirmar la sentencia en lo principal que decide y ha sido materia de agravios.

II.- Elevar el monto de condena a la suma de $ 265.462,71 (pesos doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos con setenta y un centavos), con más los intereses fijados en la anterior instancia, que deberán aplicarse desde que cada suma es debida.

III.- Dejar sin efecto las regulaciones anteriores y regular los honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de las partes actora y demandada y para el perito contador en 17 %, 13

% y 7 %, respectivamente, a calcular sobre el monto de condena y sus intereses.

IV. Imponer las costas de alzada a la demandada y regular los honorarios de los presentantes de fs. 402/409 y fs. 411/416 en 25 % y 30 %, respectivamente, a calcular sobre lo que le corresponda por su actuación en la anterior instancia. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado,

que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

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Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Luis A. Catardo Diana Regina Cañal Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí: Leonardo G. Bloise smn Secretario 11