Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 5 de Marzo de 2014, expediente I 3092 S

• Presidente: Kogan-Negri-de Lázzari-Hitters-Domínguez-Celesia
• Fecha de Resolución: 5 de Marzo de 2014
• Emisor: Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 5 de marzo de 2014, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores K., N., de L., Hitters, D., Celesia, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 3092, "P., F. contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad -ley 12.727, 12.774".

A N T E C E D E N T E S

1. El señor F.P., por derecho, promueve demanda originaria contra la Provincia de Buenos Aires, pretendiendo la declaración de inconstitucionalidad del decreto 1465/2002; arts. 15 de la ley 12.727; 27 de la ley 12.774; 13 de la ley 12.836; 29 y 30 de la ley 12.874 y 27 y 28 de la ley 13.002 por entenderlos violatorios de los derechos y garantías contenidos en la Constitución provincial y en la Constitución nacional (fs. 5/11).

2. A. contestar la demanda el Asesor General de Gobierno (v. fs. 22/33) plantea su rechazo y sostiene la constitucionalidad de las normas atacadas.

3. Cumplidos los pasos procesales y oído el señor S. General (v. fs. 37/44), la causa ha quedado en estado de ser resuelta, por lo que corresponde plantear y votar la siguiente

   C U E S T I Ó N

   ¿Es fundada la demanda?

   V O T A C I Ó N

   A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

1. El accionante solicita la declaración de inconstitucionalidad del decreto 1465/2002; arts. 15 de la ley 12.727; 27 de la ley 12.774; 13 de la ley 12.836; 29 y 30 de la ley 12.874 y 27 y 28 de la ley 13.002, sosteniendo que esas normas son violatorias de los derechos consagrados en los arts. 14 bis, 16, 17, y 28 de la Constitución nacional y 10, 11 y 31 de la Constitución provincial.

   Explica que obtuvo la jubilación ordinaria por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires en base al cargo de Jefe de Departamento desempeñado en la Contaduría General bonaerense, registrado bajo el número de beneficiario 1051799750.

   Señala que se encuentra comprendida en los términos del art. 15 de la ley 12.727 y sus prórrogas dispuestas por el decreto 1465/2002; arts. 29 y 30 de la ley 12.874 y 27 y 28 de la ley 13.002 en cuanto disponen una reducción del haber mediante una tabla anexa la primera de las normas citadas, un tope en el haber y la supresión de pago del sueldo anual complementario

   Pone de resalto la lesión patrimonial sufrida con base en la inconstitucionalidad de esas normas y actos emanados de la Administración en su consecuencia, recalcando que la forma en que los Poderes Legislativo y Ejecutivo pretenden paliar la crisis económica financiera excede el límite de admisibilidad.

   Destaca que el pago de los haberes de pasividad no afecta las Rentas Generales del Estado ya que provienen de fondos que la propia ley previsional implementa para sostener el sistema, generando inseguridad jurídica a partir de la irracionalidad de las medidas dispuestas.

   Con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia nacional señala que las medidas de emergencia tienen un límite en los parámetros que la Constitución impone, de razonabilidad, temporaneidad e igualdad en el reparto de las cargas, y en la inseguridad jurídica generada a partir de medidas como las tomadas por el Estado en relación a la normativa aquí cuestionada.

   Remarca que la norma que establece que "no se devengará" el sueldo anual complementario incurre en vicios ilegítimos al violentar derechos patrimoniales.

   Solicita se declare la inconstitucionalidad de las normas invocadas y simultáneamente se condene al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires a liquidar su haber de jubilación a partir del mes de julio de 2001 sin computar la tabla de ajuste implementada por las citadas leyes de emergencia y se disponga el pago del sueldo anual complementario, con expresa imposición de costas.

   Deja planteado el caso federal.

2. Al contestar el traslado conferido, el Asesor General de Gobierno pone de resalto que el planteo efectuado por la parte actora omite toda consideración sobre el marco fáctico en que las normas impugnadas han sido sancionadas por el legislador en ejercicio de su competencia: la emergencia pública en lo económico, social y financiero de la Provincia de Buenos Aires, conforme fuera declarada por la ley 12.727 y sus modificatorias.

   A ello agrega que los derechos no son absolutos, ni siquiera los que emergerían del art. 110 de la Constitución nacional, porque ellos están sujetos a reglamentación -de acuerdo al art. 28 de la Constitución nacional-, y además sostiene que deben adecuarse a las circunstancias y al particular momento histórico, social y cultural por el que atravesara la Provincia de Buenos Aires.

   Añade que debe tenerse como objetivo principal preservar el bienestar de los habitantes, sin olvidar que su supervivencia es esencial para tal fin; por ello, afirma que frente a situaciones extraordinarias es posible limitar derechos constitucionales, ya que sobre éstos se encuentran aquellos principios que fueron los que motivaron la sanción de la propia norma normarum.

   Continúa diciendo que las leyes de emergencia son, en principio, constitucionales pues, conforme lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia nacional -en los pronunciamientos que cita-, se admite la posibilidad que el Estado, en situación de emergencia económica, ejercite un poder de policía de cuya aplicación se siga una restricción de derechos constitucionales, que no...