Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 13 de Abril de 2011 (caso Montero Cuña Edgardo Norberto C/ Peugeot Citroen Argentina S.a. S/ Accidente - Accion Civil)

Fecha de Resolución:13 de Abril de 2011
CONTENIDO

Poder Judicial de la Nación -1-

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Expte. nº 19.111/2003

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 73050 SALA

V. AUTOS: “MONTERO

CUÑA EDGARDO NORBERTO C/ PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. S/

ACCIDENTE - ACCION CIVIL” (JUZGADO Nº 63).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 13 días del mes de abril de 2011, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

1) La sentencia de primera instancia (fs. 506/511) ha sido apelada por la parte actora a tenor del memorial que luce anejado a fs. 515/520, mereciendo réplica de la demandada y de Berkley Internacional ART S.A. (fs. 533/535 vta. y fs. 536/538). La demandada y la citada como tercero cuestionan la forma en que se impusieron las costas y los honorarios regulados a los profesionales intervinientes por considerarlos elevados (fs. 512/vta. y 520-I/522). A su vez, el perito médico Francisco Martín Iglesias y el perito contador Oscar Antonio Lonardo se quejan porque consideran reducidos los honorarios regulados en su favor (fs. 513 y fs. 514).

2) El señor juez a quo rechazó la pretensión al considerar que no estaba probado que el daño que padece el Sr. Montero Cuña guarde relación de causalidad adecuada con las tareas realizadas. Para así decidir le otorgó preminencia al dictamen del Cuerpo Médico Forense respecto del peritaje médico obrante en autos.

Contra esta decisión se alza el actor pues, según sostiene, el sentenciante no tuvo en cuenta las reiteradas impugnaciones y observaciones efectuadas al dictamen del Cuerpo Médico, en tanto señala que debe darse validez al dictamen del perito médico designado de oficio. Afirma que el Dr. Papagni, perteneciente al Cuerpo Médico, basa su informe en radiografías y no tuvo en cuenta las resonancias magnéticas obrantes en autos que son estudios de mayor complejidad. Cuestiona que se recepten las conclusiones del Cuerpo Médico Forense sobre el origen de la patología artrósica y cita un fallo de esta sala dictado in re: “Utge Aguilar, Mariana c/ Internacional Health Services Argentina S.A. y otro”. Finalmente, sostiene que se encuentra probado, en base a la prueba testimonial y peritajes técnico y contable, el nexo de causalidad adecuado entre la incapacidad y las tareas desempeñadas.

El perito médico designado de oficio, en base al examen físico efectuado al actor y con sustento en los exámenes complementarios realizados, concluyó que el accionante padece hernia de disco lumbosacro, con limitación funcional y compromiso electromiográfico y agregó que: “El examen clínico, semiológico y complementario, han permitido comprobar los diagnósticos descriptos, las que disminuyen la capacidad del actor en el 10% (DIEZ POR CIENTO) por la afección vertebral…” (ver dictamen fs. 406/408).

Ante las impugnaciones formuladas por las partes (fs. 413/415 vta., fs. 416/419 y fs.

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420/421) el experto reiteró dichas conclusiones (v. fs. 423/424 vta.).

Otorgo a este dictamen plena fuerza convictiva pues sus consideraciones médicas se exhiben fehacientemente fundadas en sólidas bases técnicas y científicas. No controvierten lo expuesto las impugnaciones efectuadas en tanto las mismas trasuntan disconformidades con el resultado del dictamen, sin aportar datos de orden científico que permitan apreciar imprecisiones o equívocos por parte del profesional del arte de curar y fueron sólidamente contestadas (cfr. art. 477 C.P.C.C.N.). A lo cual se agrega lo que paso a exponer.

Asimismo, dicho informe tiene sustento en los estudios complementarios obrantes en autos. Así, la resonancia magnética de fecha 13-5-2002 da cuenta de que el demandante presenta “degeneración del 4to. y del 5to. disco lumbar. El 4to. disco protruye en dirección posterior, medial y bilateral con predominio hacia la derecha.

Protrusión pósteromedial del 5to. disco lumbar. Hipertrofia facetaria difusa. No se descubren otras alteraciones” (ver informe remitido por el Hospital Italiano, fs. 251/252).

En igual sentido, la resonancia practicada en el Hospital Gral. de Agudos Dr. Juan A. Fernández el 2-12-2006 -a solicitud del perito médico designado de oficio-

informa que: “Een el nivel L4-L5 y L5-S1: los discos intervertebrales disminuidos de altura y con señal hipointensa en el T2 por fenómenos de degeneración-desecación manifiestos por hipointensidad de la señal en el T2 disminución de altura. A nivel L4-

L5, leve protrusión posteromedial intraforaminal derecha. A nivel L5-S1, protrusión posteromedial intraforaminal izquierda. Los restantes discos intervertebrales examinados conservan su morfología e intensidad de señal habitual sin protrusiones discoteofitarias posteriores significativas” (ver constancia obrante en sobre de prueba reservada; el subrayado es mío).

De los estudios de alta complejidad cuyas conclusiones fueron transcriptas precedentemente así como del informe del perito médico designado de oficio se desprende que no se trata sin más de un proceso artrósico generalizado de similar intensidad en todas las articulaciones, sino de una hernia ubicada en la zona lumbar.

Obsérvese que los estudios radiológicos efectuados por el Cuerpo Médico Forense dan cuenta de que existen signos “muy incipientes de espondilosis” en la columna cervical y dorsal (fs. 469) lo que se contrapone con la hernia ubicada en la zona lumbar.

Ahora bien, el Dr. Héctor Nicolás Papagni, perteneciente al Cuerpo Médico Forense, sobre la base de radiografías efectuadas al reclamante, concluyó que presenta “espondiloartrosis de columna y ambas caderas” y sin dar mayores precisiones señaló: “Sin relación causal ni concausal con las tareas denunciadas (oficial soldador).

Patología crónica, degenerativa” (v. fs. 478/479).

Ante la impugnación formulada por la parte actora (fs. 489/491 vta.) el Dr. Papagni mantuvo su postura y señaló que se trata de un proceso artrósico Poder Judicial de la Nación -3-

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generalizado. Sin embargo, tal como señalé precedentemente, esta conclusión no se corresponde adecuadamente con las resonancias magnéticas obrantes en autos por lo que considero que en las circunstancias comprobadas del caso concreto debe otorgarse preminencia al dictamen efectuado por el perito médico de oficio por basarse en estudios de mayor complejidad en relación a los Rx efectuados en el Cuerpo Médico Forense.

En efecto, es sabido que ante la existencia de dictámenes contradictorios,

el judicante deberá apreciar los fundamentos en que se sustentan, en consideración al tipo de daño que se analiza, y otorgar preferencia a uno u otro de acuerdo con la regla de la sana crítica (art. 386 y 477 C.P.C.C.N.).

Por lo demás, debe tenerse en cuenta que la demandada no acompañó en autos el examen preocupacional ni el examen de egreso correspondiente al trabajador a los fines de determinar si ingresó a trabajar con una afección columnaria, o para determinar cuál fue el estado de salud al momento del egreso.

Sentado ello, cabe analizar si se encuentran acreditadas las tareas de esfuerzo y en posiciones antifisiológicas denunciadas en el escrito inicial que pudieran haber causado, desencadenado o agravado la afección columnaria que ostenta el Sr.

Montero Cuña.

En tal sentido, considero que los testigos que declararon en autos (Santa Cruz, fs. 206/207; Vallejos, fs. 208/209; Gallo, fs. 211/213) fueron coincidentes al describir las tareas desarrolladas por el accionante a lo largo de la vinculación laboral.

Así, Santa Cruz trabajó junto con el actor en el sector chapistería y describió en forma pormenorizada las tareas realizadas. Afirmó que todas las tareas que describió “…se hacían parado, sentados, acostados, ‘muchos movimientos se hacían’…”. Explicó que las soldadoras pesaban 40 o 50 kg. y que “las posiciones para soldar eran ‘agacharse para soldar la pestaña de los mascarones, la otra cuando suelda arriba, parado’…”.

En forma coincidente, Gallo declaró que “todas las tareas que se hacían en ese taller eran posiciones malas porque se trabajaba con autoelevadores de gran porte,

todas con ruedas macizas que pesaban entre 20/30 ks. hasta más de 100 kg.; todas esas se colocaban y se sacaban a mano” (fs. 212). Agregó que los “carros portauñas son todos macizos con mucho peso, cilindros de elevación y de inclinación son todos de mucho peso…que no se levantaban a mano pero ‘la parte final era acomodar a mano, por ej. las cubiertas siempre se acomodaban a mano para sacarlas y ponerlas’…Que las máquinas no tienen amortiguación y es un golpeteo terrible conducirlas…que también había máquinas para levantar contenedores que eran muy pesadas y las manejaba el actor y otros compañeros”.

En similar sentido se expidió Vallejos. Estos testimonios resultan convictivos porque provienen de personas que tuvieron un conocimiento directo de los hechos sobre los cuales deponen en tanto cumplieron las mismas funciones que el Poder Judicial de la Nación -4-

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accionante y dieron un detalle pormenorizado de las tareas cumplidas (cfr. art. 90 L.O.).

Obsérvese que no hay ninguna prueba que indique que hubieran mentido o que tuvieran el ánimo de perjudicar a la accionada. Si bien estos testigos manifestaron tener juicio pendiente contra la demandada, lo cierto es que sus pleitos derivan de causales diferentes (despido) a las aquí en tanto, como dije, los dichos fueron coincidentes y concordantes entre sí y los declarantes presenciaron las tareas desarrolladas por el hoy reclamante (art.

90 L.O.).

Es evidente así, a mi juicio, que el actor padece una patología columnaria como consecuencia de las tareas realizadas para la empleadora. Al respecto, cabe recordar que la incapacidad es la imposibilidad de realizar los actos y ejecutar las acciones posibles anteriores al accidente, vale decir, que la incapacidad es la pérdida de la capacidad preexistente. La incapacidad laboral es, entonces, la falta de salud o aptitud para desempeñar en forma eficiente, una determinada tarea” (Basile, Defilippis Novoa,

González en “Medicina legal del trabajo y seguridad social”, Bs. As. ,.Ed. Ábaco, pág.

277/278). En el caso, el perito médico afirmó que el actor no pasaría un examen preocupacional (fs. 423 vta.). Tampoco resulta suficiente para controvertir las tareas de esfuerzo descriptas por los testigos el peritaje técnico, pues el perito se limitó a describir las tareas supuestamente realizadas por el trabajador pero sin mencionar de dónde extrajo dicha información. Al contestar la impugnación formulada por el accionante señaló que esa información había sido brindada en forma verbal por personal de la empresa demandada (v. fs. 307) lo que le resta valor probatorio (cfr. art. 477

C.P.C.C.N.). Si bien manifestó que las tareas no requerían esfuerzo lo cierto es que se trata de una afirmación dogmática porque ello no implica que durante el período en que se desempeñó el accionante dicha actividad no hubiera requerido la realización de esfuerzos y la adopción de distintas posturas, tal como describen los testigos (recuérdese que se está ante una relación de larga duración).

En concreto, está acreditado que el demandante debía realizar tareas de esfuerzo y adoptar posturas anti fisiológicas. En este contexto, coincido con el porcentaje de incapacidad establecido por el perito médico en el 10% de la total obrera pues es sabido que los “baremos” son solo indicativos y que en definitiva el órgano facultado legítimamente para determinar la existencia -o no- del grado incapacitante y su adecuación y medida es el jurisdiccional, a través de la interpretación de los arts. 386 y 477 del C.P.C.C.N. cit., en tanto concluyo que esa incapacidad guarda relación de causalidad adecuada con las tareas cumplidas para la empleadora. Obsérvese que esta última no demostró haberle otorgado al trabajador faja lumbar a los fines de atemperar las consecuencias de los esfuerzos que debía realizar para el cumplimiento de sus tareas.

En cuanto a la afección psicológica, el perito médico concluyó que el aquí

reclamante presenta trastorno adaptativo mixto y determinó el porcentaje de incapacidad en el 5% de la t.o. El experto basa su dictamen en el informe remitido por el Hospital Poder Judicial de la Nación -5-

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Fernández en donde el Sr. Montero Cuña fue evaluado en el servicio de salud mental de ese nosocomio. Así, el licenciado Alejandro Farj concluyó que “de la entrevista clínica y los test puede decirse que con respeto al accidente de autos, presenta signos y síntomas compatibles con daños psíquico de intensidad moderada” (v. fs. 348).

Estos informes coinciden con la evaluación psicológica efectuada pro la licenciada Silvia Castelao perteneciente al servicios de psicología del Cuerpo Médico Forense quien concluyó que “Se constatan signos de perturbaciones a nivel de la configuración del esquema corporal caracterizadas por angustia, impotencia y preocupaciones por su estado de salud física” (v. fs. 483). Asimismo, el médico forense Alberto Vicente Donnes (h) dictaminó que “Desde la óptica psiquiátrica, el peritado presenta un trastorno de personalidad, con un síndrome ansioso-depresivo de grado leve,

focalizado en sus referidas dolencias físicas”. Si bien agregó que no guardaba vinculación con el trabajo infirió ello porque el perito forense generalista había dictaminado que la incapacidad física no era vinculable con las tareas desarrolladas (v. fs. 485), sobre lo cual me remito a lo dicho más arriba.

En base a lo expuesto, cabe concluir que el actor presenta un 5% de incapacidad con motivo de la afección psíquica que ostenta con motivo de las afecciones que padece en virtud del trabajo cumplido para la demandada.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que:

“Si bien esta Corte ha establecido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes tanto físicas como psíquicas esta incapacidad debe ser reparada, ello es en la medida que asuma la condición de permanente (Fallos: 315:2834; 321:1124; 322:1792;

S.36.XXXI, “Sitja y Balbastro, Juan Ramón c/ La Rioja, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios”, sentencia del 27 de mayo de 2.003). De modo que, para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria, y debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso” (C. 742.

XXXIII. “Coco, Fabián Alejandro c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios” del 29 de junio de 2.004).

3) Ahora bien, la posición adoptada hasta el momento implica el análisis de las defensas oportunamente invocadas por la demandada -vencedora en el pleito en primera instancia- lo que lleva a la excepción de prescripción opuesta en el responde (fs.

66 y 83/vta.). Reiteradamente se ha dicho que: “El plazo para la prescripción de las acciones provenientes de la responsabilidad civil por enfermedades profesionales, debe comenzar a contarse desde que la víctima tomó conocimiento de la certeza del daño en su verdadera dimensión” (Sala IX, sent. 12769 del 16/9/05, in re: “Pérez, Francisco c/ Estado Nacional Armada Argentina y otro s/ accidente”).

En el caso, la demandada no probó haberle efectuado al accionante el examen médico de egreso por lo que cabe considerar que debió haber tomado cabal Poder Judicial de la Nación -6-

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conocimiento de la afección que padece a través de la resonancia magnética efectuada en el Hospital Italiano de fecha 13/5/2002. Pero además, lo cierto es que el distracto en la relación laboral de marras se produjo en 2002 (ver a fs. 6 vta. y 276) y la demanda se interpuso en 2003 (fs. 24), de modo que no estando probado un fehaciente conocimiento previo de la enfermedad, cabe concluir que no había transcurrido el plazo bianual al interponerse la acción.

Al respecto la jurisprudencia ha dicho que: “El plazo de prescripción de la acción de derecho común por la incapacidad derivada de un accidente de trabajo o de una enfermedad-accidente debe computarse desde el momento en que el trabajador pudo ejercitarla, luego de haber apreciado con objetividad la real magnitud del daño sufrido.

Este plazo comienza a correr desde que el daño es cierto y susceptible de apreciación (cfr.

Borda, Guillermo, Tratado de Derecho Civil Argentino, Obligaciones V II; Sala III,

expte.nro: 13.549/01, sent. 85.140 del 29/8/03, “Ibáñez, Ramón c/ Ford Argentina S.A. y otro s/ accidente”).

Por lo expuesto, correspondería rechazar la excepción de prescripción opuesta por la demandada.

4) En base a lo dicho y a la prueba analizada, considero que se encuentra probada la relación de causalidad adecuada entre las dolencias que padece el demandante y las tareas desempeñadas en las condiciones impuestas por la empleadora.

En estas condiciones, demostrada como está la participación de una cosa viciosa o riesgosa propiedad de la empleadora (soldadoras y demás máquinas descriptas por los testigos) resulta de aplicación al caso la doctrina emergente del fallo plenario “Pérez, Martín c/ Maprico S.A.” del 27-12-88, según el cual, en los límites de la responsabilidad establecida por el art. 1113 del Código Civil, el daño causado por el esfuerzo desplegado por el trabajador para desplazar una cosa inerte, puede imputarse a riesgos de la cosa por lo que la empleadora debería responder por el daño que presenta Montero Cuña por las afecciones columnarias que padece.

En concreto, cabe concluir que la empleadora resulta responsable por la patología columnaria y por la afección psíquica que padece el reclamante en virtud del cumplimiento de las tareas asignadas por aquella, con sustento en la normativa civil mencionada precedentemente.

5) Establecido ello diré que en el escrito inicial se reclama una reparación integral y que, a tal fin, se peticiona la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557.

Este tema ha sido objeto de tratamiento y decisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/

accidente - ley 9688” (sentencia del 21 de septiembre de 2004), donde se estableció que la exención a los empleadores de responsabilidad civil frente a sus trabajadores y a los Poder Judicial de la Nación -7-

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derechohabientes de éstos que -como regla- establece el artículo 39 antes citado, importa colocar a los trabajadores víctimas de infortunios laborales o de enfermedades profesionales en una situación desventajosa en relación con el resto de los ciudadanos,

por cuanto la indemnización que la ley especial establece para tales casos solo contempla la pérdida de capacidad de ganancia de aquellos (hasta el tope máximo que el régimen establece), y los excluye de la reparación integral que la ley común prevé; en tales condiciones y dado el origen de tal doctrina es mi opinión que la misma debe ser acatada y por ende, debe declararse en el caso concreto la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557.

6) A los fines de determinar la cuantificación del daño sufrido cabe tener en cuenta la mejor remuneración constatada por el perito contador que asciende a $

1.249,29 correspondiente al mes de noviembre de 2.001 (v. anexo, fs. 271). Sentado ello, cabe señalar que para la cuantificación del daño material no debe aplicarse fórmula alguna en consonancia con los términos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: “Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL” donde se sostuvo que: “El valor de la vida humana no resulta apreciable tan solo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres” (A. 436. XL; Recurso de hecho:

“Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL, del 8 de abril de 2008).

Con estos parámetros y teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la edad del demandante a la fecha del egreso (50 años), los posibles años restantes de vida útil laboral, el salario mensual ya indicado ($ 1.249,19), las secuelas psicofísicas verificadas (15%), la perspectiva de ganancia de la que el trabajador se ve privado, así

como las diversas circunstancias de índole económico-social, considero que el resarcimiento por daño material debería ascender a la suma de $ 35.000 que involucra el daño físico, el lucro cesante y la pérdida de chance, ello en base al salario ya expresado y sin perjuicio de lo que más abajo indicaré sobre intereses.

Asimismo, el alcance de la acción instaurada involucra la petición de la reparación integral del perjuicio padecido por el reclamante, por lo cual el resarcimiento debe cubrir tanto el daño material derivado de la disminución laborativa como el de índole extrapatrimonial, según lo ha reconocido la jurisprudencia uniforme de los tribunales que se consolida a través de la doctrina legal de la sentencia plenaria Nro. 243

del 25-10-1982 in re: “Vieites, Eliseo c/ Ford Motor Argentina S.A.”; y al respecto remarco que el daño moral no requiere prueba especial y que los jueces gozan de un Poder Judicial de la Nación -8-

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amplio criterio para su determinación; teniendo en cuenta la naturaleza de la dolencia y las circunstancias personales del interesado, entiendo que deviene adecuado estimar la indemnización por daño moral en la suma de $ 7.000.

La reparación integral alcanzaría pues un capital de $ 42.000, suma a la que corresponde adicionar desde el 1 de marzo de 2002 (fecha del egreso, que aparece adecuada en el caso por las características de la afección, de corte evolutivo) y hasta el efectivo pago, los intereses a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (cfr. esta Cámara, Acta Nro. 2357 del 7/5/02 y Res.

Nro. 8 del 30/5/02 y art. 622 del Código Civil)

Por las razones hasta aquí expuestas, propongo revocar la sentencia de grado, declarar la inconstitucionalidad del art. 39, apartado 1 de la ley 24.557 en el caso,

y hacer lugar a la demanda por enfermedad profesional contra Peugeot Argentina S.A.

con los alcances indicados precedentemente.

7) Seguidamente trataré la situación de Berkley International ART S.A.

que no fue demandada en autos sino citada en calidad de tercero por parte de la empleadora (fs. 87). Al requerir dicha citación la demandada señaló que se trata de la aseguradora contratada en cumplimiento de la normativa vigente (ley 24.557) y que “No puede rechazarse la citación que se solicita, en razón de ser la ART deudora de la prestación exigida por la ley 24.557. Por lo tanto, por lo menos hasta dicha suma, la citada debe responder, en razón del seguro pactado con mi parte y de la obligación legal ante el actor” (v. punto X, fs. 87/vta.).

La aseguradora de riesgos reconoció en su primera presentación que celebró que la demandada un contrato de afiliación bajo los términos de la ley 24.557 (v.

fs. 106).

Ya en casos anteriores (“Perrotta, Jorge Alberto c/ A.I.P.A.A. S.A. s/

Accidente – Acción Civil”, sentencia definitiva nº 69.066 del 30-11-2006) me expedí en forma favorable a la condena solidaria en los términos de la póliza aunque se estuviera resolviendo una acción civil, en tanto un análisis integral de la cuestión así me llevó a hacerlo apartándome de lo que anteriormente venía resolviendo y no, en rigor, porque hubiera cambiado mi parecer sino por lo que paso a exponer. Anteriormente en este tipo de pleitos (en los que se reclama en virtud de disposiciones de la ley común y donde la condena se funda en esta última) indiqué que no cabe condenar a la aseguradora pues la posible responsabilidad de esta última se sostiene eventualmente en los términos de la L.R.T. y en el contrato así suscripto mas no en el derecho civil (no obstante aclaro que aquí está introducido por la vía de la citación peticionada, un reclamo específico contra la aseguradora, para cubrir las contingencias conforme la ley 24.557); pero además lo cierto es que el Alto Tribunal en el caso "Aquino" sostuvo que "…es manifiesto que del hecho de ser constitucionalmente inválido que la mentada prestación de la LRT origine la eximición de responsabilidad civil del empleador (art. 39, inc. 1), no se sigue que las Poder Judicial de la Nación -9-

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Aseguradoras de Riesgos del Trabajo queden relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley. De tal suerte, este pronunciamiento no solo deja intactos los mentados propósitos del legislador, sino que, a la par, posibilita que el empleador pueda encontrar protección en la medida de su aseguramiento…" (último párrafo considerando 14, votos Dres. Petracchi y Zaffaroni, ídem considerando 11 votos Dres. Belluscio y Maqueda, ídem considerando 4 voto Dr. Boggiano, fallo publicado en D.T. 2004-B pág. 1286). Si bien es mi opinión personal que no puede seguirse necesariamente de tal aserto que quepa condenar derechamente a la aseguradora -en el marco de un pleito iniciado al amparo de la ley común- en los términos de la póliza suscripta conforme ley 24.557, admito que es exacto que en la causa "Cura, Hugo Orlando c/ Frigorífico Riosma" la Corte Suprema dejó sin efecto una sentencia de esta Sala en la medida en que fue cuestionada por la empleadora por la exención de responsabilidad de la aseguradora, citando al efecto el caso "Aquino" (sentencia del 14-

6-2005); se dijo allí que tal como se puntualizara en esa oportunidad "…es manifiesto que del hecho de ser constitucionalmente inválido el arriba recordado art. 39.1, en cuanto exime de responsabilidad civil al empleador, no se sigue que las aseguradoras de riesgos del trabajo no deban satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la ley 24.557…" y que "…la mentada inconstitucionalidad igualmente posibilita que el empleador pueda encontrar protección en la medida de su aseguramiento…" por lo que se revocó el pronunciamiento apelado a fin de que fuera juzgado nuevamente de acuerdo con lo expresado en el párrafo transcripto. Este criterio fue reiterado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: “Krul, Teodoro Nicolás c/ Otis Argentina S.A. y otro s/ acción civil” (K. 106.XLII).

A lo expuesto se suma que en igual sentido se ha expedido la Sala III de la Cámara en casos análogos (v.g.: sentencia nº 84.612 del 14-3-2003 en expte. 9595/00

"Bordón, Raúl Víctor c. Patricios S.A. y otro s/accidente - acción civil", parte pertinente del voto del Dr. Guibourg al que adhirió el Dr. Eiras, criterio que el primero aplicó y que había informado la solución anterior impresa por dicha Sala en sentencia nº 19.519/98

"Fernández, Isidoro M. c. Asemp S.A. y otros s/accidente", voto del Dr. Eiras con adhesión de la Dra. Porta, entre otros). Y la Sala I asimismo se expidió sobre la responsabilidad de la aseguradora hasta el límite de la cobertura pactada con el empleador (v. sentencia del 23-12-2003 "S.C.A. c/ Consignaciones Rurales S.A.",

publicada en diario La Ley del 27/2/04, primer voto del Dr. Pirroni con adhesión del Dr.

Puppo). De la misma forma en esa línea interpretativa cabe también mencionar el criterio sentado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en la causa "Dametto Raul E. V.

Inti S.A" sentencia del 14-10-2003, donde estableció que la condena sistémica contra la ART en una causa en la que se promovió acción civil, sosteniendo la inconstitucionalidad del art. 39, ley 24.557, no implica modificación de la causa petendi ni violación al principio de congruencia si el Tribunal no modifica la plataforma fáctica Poder Judicial de la Nación -10-

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esgrimida y se limita a calificar la relación sustancial de la litis determinando las normas que la rigen.

En consecuencia, dado que la ART en el responde no alegó que se tratara de una enfermedad no incluida en el listado de enfermedades profesionales (cfr. art. 6 ley 24.557), propicio que se haga extensiva la condena a Berkley Internacional ART S.A. en los límites de la cobertura pactada.

Al respecto, tendré en cuenta el “ingreso base” determinado por el perito contador de $ 1.163,16 (fs. 279 vta.) de conformidad a lo normado en el art. 12 ley 24.557.

En consecuencia, el monto de la prestación dineraria conforme el art. 14

ap. 2 inc. a) asciende a la suma de $ 12.021,25 (53 x 1.163,16 x 15% x 1,3) la que devengará los mismos intereses fijados para la reparación integral.

8) La solución propuesta implica dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios efectuadas en origen (cfr. art. 279 C.P.C.C.N.) y proceder a su determinación en forma originaria, lo que torna abstracto el tratamiento de los recursos en ese sentido.

Corresponde imponer costas a Peugeot Citroen Argentina S.A. por haber resultado vencida en la acción entablada por reparación integral (en caso de seguirse mi opinión, claro está), conf. art. 68 C.P.C.C.N.; en cuanto a honorarios, en atención al resultado del litigio, mérito e importancia de las labores, la naturaleza, alcance, tiempo,

calidad y resultado de la tarea realizada en cada caso (hubo alegatos, ver a fs. 443 y sig.),

y el valor económico del litigio, correspondería regular al patrocinio y representación letrada de la parte actora, de la demandada y de los perito contador, médico e ingeniero,

por la actuación en primera instancia, el 15%, 12%, 5%, 5% y 5% respectivamente,

porcentuales a calcular sobre el capital de condena más intereses que en definitiva se determine en la etapa prevista en el art. 132 de la L.O. (cfr. art. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839; art. 3 dcto-ley 16.638/57).

En cuanto a Berkley International ART S.A. (art. 68 cit.) resultará

solidariamente responsable por todos los honorarios de la representación letrada de la parte actora y los peritos, y por tasa judicial, hasta el importe que resulte de aplicar los respectivos porcentajes que en cada uno de esos casos correspondan (me remito al párrafo anterior), pero sobre la cifra de capital e intereses por la que en definitiva resulta obligada ante el actor conforme liquidación del art. 132 L.O. y lo expuesto en el punto 7; en cuanto a los estipendios de sus propios abogados, resultarán a su cargo, y mociono fijarlos en el porcentual de 13% del monto de su condena solidaria por capital e intereses (arts. 38 L.O. y los ya citados de la ley arancelaria).

9) En atención al resultado obtenido en esta instancia, considero que las costas en lo que respecta a honorarios de los Dres. Carlos M. Pinto y Leandro A. Bastida -que deberían fijarse en 4,25% del monto total de condena e intereses a favor del actor Poder Judicial de la Nación -11-

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que se determine en la oportunidad del art. 132 L.O.-, deben correr a cargo de la demandada, y solidariamente de Berkley International ART S.A. pero en este último caso calculándose dicho porcentaje sobre la cifra de capital e intereses por la que en definitiva resulte obligada esa aseguradora ante el demandante conforme la misma liquidación del art. 132 cit.; en cuanto a honorarios de los Dres. Amadeo Eduardo Traverso, Juan Pablo Traverso y María Cecilia Mazzantini -que propicio regular conjuntamente en el 3,50%

del monto de condena que resulte para Berkley ART por capital e intereses- y de los Dres. Carlos Alberto López , María J. Viñales y Pablo José Barbieri -que se deberían fijar conjuntamente en el 3,50% del capital e intereses total que deba abonar la demandada-, deberían correr en el orden causado (cfr. art. 68 C.P.C.C.N. y el 14 de la ley arancelaria).

EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL

RESUELVE:

1º) Revocar la sentencia de grado y admitir la demanda, condenando a PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a abonar al actor EDGARDO NORBERTO MONTERO CUÑA dentro del quinto día de quedar firme la liquidación prevista en el art. 132 L.O. la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($

42.000) con más los intereses propuestos en el considerando 6 del primer voto de este acuerdo. 2º) Hacer extensiva la condena a BERKLEY INTERNATIONAL –

ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SOCIEDAD ANÓNIMA en forma solidaria hasta la suma de PESOS DOCE MIL VEINTIUNO CON VEINTICINCO

CENTAVOS ($ 12.021,25) con más los intereses propuestos en el punto 7 del primer voto. 3º) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios efectuados en la sentencia de 1ª instancia. 4º) Declarar las costas de 1ª instancia y regular los respectivos honorarios, como se sugiere en el punto 8 del primer voto. 5º) Imponer las costas de alzada y regular los respectivos honorarios, como se indica en el punto 9 del citado primer vot. 6º) Reg., not. y dev..Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Conste que el Dr. Enrique Nestor Arias Gibert, no vota por encontrarse en uso de licencia.

MLF

María C. García Margalejo Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara Poder Judicial de la Nación -12-

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