Ley de riesgos del trabajo: qué se logró y qué queda por implementar

A dos años de la aprobación de la ley 27.348 -que modificó el sistema de cobertura de accidentes laborales- el Gobierno, a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), tiene buenos datos para mostrar: en el último trimestre de 2018 la litigiosidad retrocedió en todo el país un 44,3% interanual y la tendencia se dio también en la provincia de Buenos Aires, en este caso con una baja de 42,8%. Además, la alícuota promedio que pagan los empresarios por el seguro fue en octubre pasado de 2,89%, lo que representa una caída del 18% con respecto a principios de 2016 y un ahorro para el conjunto de empleadores estimado en $25.000 millones.Sin embargo, quedan temas pendientes. Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) apuntan que, si bien cuando se mira el inicio de nuevas causas la litigiosidad descendió, hay un stock de 350.000 juicios que llega a poner en riesgo el sistema. En tanto, hay quienes advierten la necesidad de que todas las provincias adhieran a la ley, y en particular se menciona el caso de Santa Fe, una de las jurisdicciones que aún no dio ese paso. También se señala que es necesario que la Corte Suprema de Justicia tome el tema y se expida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma.La presidenta de la Unión de ART, Mara Bettiol, dice que la ley fue un hito muy importante que vino para resolver el problema de una litigiosidad exacerbada. Pero, mientras que el inicio de nuevos juicios es algo que se resolvió de manera adecuada -el flujo presentó una caída en un año de más de 44%-, hay preocupación por el stock de casos acumulados."La litigiosidad tiene dos aspectos: el flujo y el stock. Respecto del flujo, el nuevo sistema ha mostrado eficacia; respecto del stock, faltan cuestiones a implementar. Estamos hablando de 350.000 juicios, de los cuales un tercio ya tiene una pericia oficial en el ámbito judicial que presenta desvíos respecto de la nueva ley; así el sistema no se puede financiar y es necesario ordenarlo", explica. Agrega que si los criterios de esas pericias se usan para determinan las sentencias de esos casos y si se extrapolan al resto de las causas, entonces "el sistema no está en condiciones de afrontarlo".Para ejemplificar, dice que el año pasado se encontró que, por un esguince de tobillo -que representaría un 0% de discapacidad-, en el ámbito judicial a una persona le determinaron 10 puntos de discapacidad e incapacidad psicológica. "Esto no tiene que ver ni con el...