El Gobierno mira a Córdoba para analizar cómo logró frenar los juicios laborales

CÓRDOBA.- La Casa Rosada convocó al fiscal de la justicia provincial Enrique Gavier para interiorizarse de las investigaciones que lleva adelante desde 2009 sobre la "industria del juicio" y a cuya tarea, en buena medida, se adjudica la caída del 55% en las demandas -desde entonces hasta hoy- mientras que en el resto del país en ese período crecieron 210%.

Gavier confirmó a LA NACION que se reunió con el presidente Mauricio Macri, a quien le describió la tarea que lleva adelante, los modus operandi detectados y las elevaciones a juicio que ya solicitó.

Este año, el Presidente criticó duramente la "mafia de los juicios laborales" e instaló el tema en la agenda; se trata de un reclamo de los empresarios desde hace años. En el Gobierno aseguran que se inician más de 100.000 juicios por año, con un costo promedio por juicio de 16.500 dólares. En mayo pasado Córdoba adhirió a la nueva ley de riesgos del trabajo sancionada por el Congreso; es el único distrito que se sumó hasta ahora.

La investigación de Gavier comenzó en 2009 por una denuncia del entonces titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, Juan González Gaviola, y de abogados laboralistas. El funcionario se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia porque Córdoba concentraba el 20% de las demandas laborales del país.

"Comenzamos a investigar los peritajes laborales y derivamos en una serie de conclusiones que ya conoce el Superior Tribunal y que hasta promovieron un monitoreo sobre los peritajes de la Justicia. Por la investigación del delito y los mayores controles cayeron las demandas cuando en el resto del país subieron", explicó Gavier.

El primer abordaje de la investigación (ya hay tres causas elevadas a juicio) implicó el análisis de unos 5500 procesos judiciales, de lo que se desprendió que 4500 presentados entre 2008 y 2009 eran seguidos de acuerdos de partes con una prueba que se limitaba a dos certificados médicos siempre firmados por los mismos profesionales y con enfermedades recurrentes que implicaban una discapacidad de alrededor del 10%.

En la instrucción de las causas se mostró que ocho de cada 10 enfermedades profesionales demandadas no existían y que el 15% eran propias de la edad del demandante. La fiscalía describe, por ejemplo, que abogados del gremio de la salud, Atsa, buscaban clientes entre empleados de hospitales y empresas sanitarias, recibían certificados médicos con enfermedades inexistentes e iniciaban demanda.

Después, les...