Gils Carbó, una prueba incómoda para Macri

Sobornos. Narcotráfico. Enriquecimiento ilícito. Mafias. Lavado de dinero. La vida pública se ha saturado con estas palabras tóxicas. No sólo porque avanzaron los delitos. También porque el sistema judicial, en vez de sancionar, ha suministrado impunidad.

Uno de los factores principales de esta trampa es el comportamiento del Ministerio Público, que agrupa a los fiscales. En la cúspide de ese poder está , la procuradora general de la Nación.

Pasado mañana Gils Carbó estará en el centro del debate legislativo. No será porque, como se podría esperar, sea sometida a juicio político. El Gobierno y los principales líderes del peronismo decidieron desplazarla con un método más discutible: modificando la ley que rige a los fiscales. El procedimiento está desatando controversias aun entre críticos acérrimos de Gils Carbó.

El temor es que, en el clima de indignación que provoca esta funcionaria, se establezca un régimen que promueva los vicios que, en teoría, se pretenden corregir. Debajo de esta controversia palpitan cuestiones de primera magnitud.

Por ejemplo, cuál es el compromiso de la dirigencia política con la lucha por la transparencia. Y una más específica: hasta dónde llega el cambio de Cambiemos.

Gils Carbó ha sido clave en el blindaje judicial del kirchnerismo. Y en la persecución penal del adversario. Cuando murió Néstor Kirchner, su viuda desistió de seguir controlando los tribunales a través del engranaje extorsivo que proveía el espionaje. El ejecutor de esa mutación fue Carlos Zannini. Su herramienta, Gils Carbó. Cristina Kirchner debilitó a los jueces en favor de los fiscales. Y la procuradora subyugó a las fiscalías. Primero, resolvió que los jurados de los concursos serían designados por ella sin control alguno. Además, trasladó fiscales de una jurisdicción a otra según las prioridades del Ejecutivo. Ejemplos: Carlos Gonella, que había concursado en Formosa, fue enviado a Córdoba; Juan Pedro Zoni, que ganó una fiscalía en Santiago del Estero, se desempeña en Capital donde, entre otras causas, investiga a la madre y a la hermana de Alberto Nisman por lavado de dinero; Carlos García, que concursó en Tartagal, se radicó en Morón; y Leonel Pérez Barbella, designado en General Pico, fue destinado a la Capital. Esa acumulación de poder tuvo, por la negativa, otra consecuencia: Alberto Nisman precipitó su denuncia contra Cristina Kirchner, que lo llevaría de un modo u otro a la muerte, para evitar que la procuradora lo desplace de la...