Educando a Sbattella

La perversidad kirchnerista no tiene límites. Superando su repulsión a aceptar imposiciones de los "países centrales", donde siempre intuye la diabólica mano del Tío Sam, el Gobierno adoptó normas para combatir el lavado de activos y el terrorismo internacional, según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El kirchnerismo advirtió que las presiones del GAFI no le venían mal, pues eso le permitiría incorporar un extenso y diverso herramental para lograr sus fines ideológicos y políticos mediante nuevos organismos y facultades exorbitantes.En el año 2000 se creó la Unidad de Información Financiera (UIF) y más tarde se tipificó el delito de lavado de activos y de financiación del terrorismo, otorgándose a la UIF la facultad de actuar también como parte querellante. En 2011, más precisamente, el 28 de diciembre, alegando urgencia por los compromisos internacionales, se sancionó la ley antiterrorista, que agrava las sanciones de cualquiera de las figuras típicas del Código Penal, cuando los delitos se cometieran para "aterrorizar a la población". Como distintos grupos temieron que la alineación con el GAFI y los dictados del Norte hiciesen de esta ley un instrumento para criminalizar la protesta social, el texto legal excluyó de su alcance la comisión de los delitos que pudiesen ocurrir "en el ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".No hubo que esperar mucho para que el kirchnerismo mostrara la hilacha. La UIF no sería un organismo técnico, tal como ingenuamente imaginó el GAFI, sino un organismo cooptado e integrado por amigos, parientes y activistas, destinado a hacer política en función de los objetivos inmediatos del partido gobernante. Desde 2010, cuando asumió su dirección José Sbattella, esa situación se ha agravado, convirtiéndose en una agencia para proteger a funcionarios y amigos del poder, ignorando denuncias e informes de operaciones sospechosas y, al mismo tiempo, perseguir adversarios poli ticos, periodistas, empresarios y personas que no comulgan con el oficialismo.Si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del cual depende la UIF, le hubiera dado claras instrucciones para investigar el lavado de activos en la Argentina, la repartición no hubiera dado abasto con las múltiples y obvias manifestaciones de súbita riqueza de funcionarios, ex funcionarios, asesores, directores, contratistas, sindicalistas y empresarios amigos del poder. Desde los aportes a la...