Argentina Digital: otro engendro intervencionista

La que, con el pomposo nombre de Argentina Digital, pretende aprobar con inusitada urgencia el gobierno nacional no mejorará la , no creará más competencia ni fomentará la inversión en un sector clave de la vida actual. Por el contrario, consolidará la más absoluta arbitrariedad gubernamental al delegar ilimitadamente en el Poder Ejecutivo todas las decisiones en la materia, frenará las inversiones al fijar las tarifas en un mercado completamente dinámico y será otro instrumento del kirchnerismo para condicionar la libertad de expresión, al afectar el financiamiento de la producción de contenidos.

Como ocurrió con otras iniciativas, debajo de un ropaje de modernidad y democratización, se oculta una ley autoritaria e inconstitucional que, lejos de fijar reglas claras para el necesario desarrollo de las telecomunicaciones, asegura al Gobierno una nueva herramienta de extorsión política y económica a las empresas y los usuarios.

De la lectura del proyecto, se desprende con claridad el verdadero propósito perseguido por el Poder Ejecutivo: tomar definitivamente bajo su exclusivo control a los medios de comunicación audiovisual y empresas de telecomunicaciones, excluyendo al Congreso de toda participación en la administración y gestión del futuro sistema.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha justificado la necesidad de su urgente tratamiento en tener que modificar las normas sobre telecomunicaciones en vigor desde hace 42 años, que a lo largo de los últimos 11 años no fueron desvelo del matrimonio que gobernó el país.

Curiosamente, el nuevo proyecto propone anular parcialmente la ley de medios audiovisuales, tan celebrada por la primera mandataria, y derogar completamente el marco regulatorio sobre el que se basó la licitación de espectro para telefonía 4G y 3G con la que el Gobierno recaudó 2200 millones de dólares. Sobre ese procedimiento, cuestionado por su falta de transparencia, se cierne ahora una gran incertidumbre.

Se ha cuestionado desde la oposición también que el proyecto tendría "nombres y apellidos", ya que la derogación parcial de un artículo de la ley de medios permitiría a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) concluir con el plan de adecuación del grupo encabezado por José Luis Manzano, ilegalmente beneficiado en la licitación de licencias de 4G.

Resulta llamativo que desde todos los sectores involucrados, las telefónicas y los cableoperadores, sean grandes multinacionales o empresas...