Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sentencia nº de Sala Penal, 12 de Septiembre de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 354549642

Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sentencia nº de Sala Penal, 12 de Septiembre de 2012

RESUMEN

RECURSO DE CASACIÓN - EXTORSION - BIEN JURÍDICO PROTEGIDO - DELITOS DE OFENSA COMPLEJA - MODALIDADES TÍPICAS - MODO DIRECTO E INDIRECTO - EXIGENCIA COACTIVA - INTIMIDACIÓN - IDONEIDAD - FUNDAMENTO - INTIMIDACIÓN REAL O SIMULADA - DIFERENCIA CON EL DELITO DE COACCIÓN Y LA ESTAFA - ASPECTO SUBJETIVO.

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SENTENCIA NUMERO: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

En la ciudad de Córdoba, a los doce días del mes de setiembre de dos mil once, siendo las once y treinta horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la doctora María Esther Cafure de Battistelli, con asistencia de las señoras Vocales doctoras Aída Tarditti y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, a los fines de dictar sentencia en los autos “GONZÁLEZ, Carlos Alberto p.s.a. extorsión, etc. -Recurso de Casación-” (Expte. “G”, 15/2009), con motivo del recurso de casación interpuesto por la Asesora Letrada del decimoquinto Turno, Dra. María Clara Cendoya, a favor del imputado Carlos Alberto González, en contra de la Sentencia número siete, del veintisiete de marzo de dos mil nueve, dictada por la Cámara en lo Criminal de Undécima Nominación de la ciudad de Córdoba.

Abierto el acto por la Sra. Presidente, se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes:

1)-. ¿Ha sido indebidamente aplicado el art. 168 del CP

2)-. ¿Qué resolución corresponde dictar

Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dras. Aída Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel.

A LA PRIMERA CUESTIÓN:

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

I. Por Sentencia número siete, del veintisiete de marzo de dos mil nueve, la Cámara en lo Criminal de Undécima Nominación de la ciudad de Córdoba, en lo que aquí interesa, resolvió: "...II) Declarar que CARLOS ALBERTO GONZALEZ, ya filiado, es autor responsable de extorsión reiterada –cuatro hechos- (hechos nominados Trigésimo segundo, cuadragésimo séptimo, quincuagésimo segundo y quincuagésimo tercero de la Acusación), en los términos de los arts. 45, 168 y 55 del Código Penal, e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de Ocho años de prisión, adicionales de ley, costas y declaración de reincidencia, y unificar con la impuesta por la Excma. Cámara Séptima en lo Criminal de esta Ciudad en la UNICA de QUINCE AÑOS Y OCHO MESES DE PRISIÓN, con adicionales de ley, costas y declaración de reincidencia (arts. 5, 9, 12, 29 inc. 3º, 40, 41, 50 y 58 del CP, 550 y 551 del CPP.; art. 1º ley 24660 y art. 1º ley 8878)..." (fs. 1657).

II. La Asesora Letrada del 15° Turno, Dra. María Clara Cendoya, interpone recurso de casación invocando el motivo sustancial (CPP, art. 468 inc. 1), por considerar que ha sido erróneamente aplicado el art. 168 del CP que contempla el delito de extorsión.

En primer término, la impugnante transcribe los hechos atribuidos a su asistido (trigésimo segundo, cuadragésimo séptimo, quincuagésimo segundo y quincuagésimo tercero); y luego, enuncia que el Tribunal de mérito declaró en razón de éstos sucesos fácticos que el acusado era coautor de extorsión reiterada -cuatro hechos-, en concurso real (CP, arts. 45, 168 y 55).

Rechaza dicha calificación legal considerando que es el delito de estafa reiterada (CP, art. 172 y 55) el que concurre a regular dichos casos. Expone que las modalidades delictivas han ido cambiando a través de los años y que las normas jurídicas deben ir adecuándose a las mismas.

Expresa que esta forma de comisión reciente, conocida vulgarmente como "secuestros virtuales", consiste en que el sujeto activo efectúa llamados telefónicos a través de los cuales engaña a su víctima a fin de lograr que ésta realice una disposición patrimonial, para lo cual simulan haber secuestrado un familiar de aquélla. Señala que el análisis de las figuras penales controvertidas se centra en el contenido de esta nueva designación -secuestro virtual-.

Sostiene que tanto la doctrina como la jurisprudencia desde hace mucho tiempo alegan que la diferencia entre la extorsión y la estafa radica en el medio empleado para cometer sendos delitos; según los autores, las variaciones entre una y otra figura penal toman en cuenta aspectos diferentes del hecho: en la intimidación infundida en la víctima o los requisitos exigidos al autor.

En cuanto a la primera pauta, señala que cuando el medio sirvió para infundir temor, estamos en presencia de una extorsión o hurto violento; en cambio, si el temor sirvió de medio para engañar, la figura que corresponde aplicar es la estafa simple (conf. Francesco Carrara y Andrés José D´ Alessio).

Así, entiende que en este caso el temor de las víctimas, quienes creían que un familiar había sido secuestrado, era utilizado por González como medio para engañar con lo cual le sirvió para lograr su disposición patrimonial.

Con respecto al sujeto activo, refiere que varios autores (Carlos Creus, Omar Breglia Arias y Davis E. Dayenoff) afirman que para que haya amenaza -exigencia típica de la extorsión- deben concurrir tres requisitos: ésta debe ser grave, futura y que su concreción dependa de la voluntad del autor. Advierte que esto último no ocurre en la hipótesis de autos pues el imputado no tenía el poder para hacer efectivo el daño intimidado sobre las personas supuestamente secuestradas.

Luego, alude a jurisprudencia que resolvió la cuestión en el mismo sentido.

Finalmente, formula las siguientes conclusiones: González atemorizó a las víctimas como medio para engañarlas y así lograr su desapoderamiento económico y, además, aquél nunca tuvo la posibilidad de concretar las amenazas, ya que no tenía persona alguna secuestrada.

Entiende que el delito atribuido a su asistido es extorsión propia (art. 168, primera parte del CP), y no extorsión engañosa (art. 168, segunda parte, del CP). Considera que el engaño está previsto de manera taxativa en nuestro ordenamiento jurídico y no...

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