Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 6 de Noviembre de 2019, expediente P 131058

PresidenteKogan-Negri-Genoud-Soria
Fecha de Resolución 6 de Noviembre de 2019
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresK., N., G., S.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.058, "Z., J.A. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 78.521 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".

A N T E C E D E N T E S

La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 1 de agosto de 2017, hizo lugar al recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de J.A.Z. contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 de Tandil, que lo había condenado a la pena de dos años y diez meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública en concurso ideal con omisión de los deberes de funcionario público, hechos cometidos desde el 31 de enero de 1994 y el 19 de abril de 2001. En consecuencia, decretó la prescripción de la acción penal en orden al delito de omisión de los deberes de funcionario público y fijó la pena impuesta al imputado en dos años de prisión de ejecución condicional, costas e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos, como autor responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública (arts. 2, 59, 62 inc. 2, 67 y 249, Cód. Penal; 451, 454, 530 y 531, CPP.; v. fs. 344/362).

La señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal casatorio interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 379/395), el que fue admitido por el tribunal intermedio a fs. 396/399 vta.

Oído el señor P. General, a fs. 411/418 vta., dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

  1. La señora defensora de Casación adjunta, doctora A.J.B. formuló dos planteos:

    I.1. En el primero sostuvo que en este proceso se violó el derecho del imputado J.A.Z. a ser juzgado en un plazo razonable, el que se encuentra garantizado en los arts. 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 75 inc. 22 de la C.itución nacional y con él los derechos de defensa en juicio, debido proceso y presunción de inocencia (arts. 1, 18 y 33, C.. nac.; v. fs. 386 y vta.).

    I.2. En segundo término -y en subsidio-, denunció la arbitrariedad de la sentencia impugnada por no haber dado respuesta a los planteos de atipicidad de la figura de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública, -arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del Código Penal-; ello con sustento en que -a entender de la defensa- no se acreditó el tipo subjetivo requerido, que describió como el dolo específico de procurar un lucro indebido para el autor o terceros o para causar daño, de lo que concluyó la vulneración al derecho de defensa, debido proceso y principio de inocencia (v. fs. 391 vta./394 vta.).

  2. A fs. 411/418 vta. obra el dictamen presentado por el señor P. General doctor J.C..

  3. Comenzaré este punto repasando algunos hitos procesales que estimo que son ilustrativos del recorrido que presentó este expediente.

    La causa tuvo su inicio el4 de septiembre de 2002a raíz de una denuncia formulada por el apoderado del Banco Provincia -doctor J.D.S.- direccionada contra J.A.Z., quien en ese momento ocupaba el cargo de gerente de la sucursal Tandil de dicha entidad, en razón de que una auditoría interna del banco había objetado ciertos tratamientos crediticios otorgados durante un período de la gestión del nombrado, específicamente entre el 31 de enero de 1994 y el 19 de abril de 2001 (v. fs. 2/4).

    Como consecuencia de ello Z. fue cesanteado el día 5 de diciembre de 2002 (v. fs. 190 de la ppal.).

    El señor agente fiscal actuante -doctor G.A.E.- dispuso el 18 de noviembre de 2002 (v. fs. 15) una serie de medidas investigativas en cabeza de la policía (DDI de Tandil).

    En junio de 2003 (v. fs. 78), bajo el fundamento de evitar dilaciones y en virtud de que había un único perito contador en el Departamento Judicial de Azul, el señor agente fiscal intentó -sin respuesta favorable- que docentes contadores de la Universidad Nacional del Centro "colaboraran" con la investigación y formularanad honoremuna experticia (v. fs. 86).

    El 25 de agosto de 2003 designó al Perito Oficial Contador Público de la Dirección de Asesorías Periciales del Departamento Judicial de Azul, contador R.R., circunstancia que se le notificara a J.A.Z. en carácter de imputado (v. fs. 95), dándose comienzo a las tareas periciales el día 12 de septiembre de 2003 (v. fs. 98).

    El 19 de marzo de 2004, la Procuración General, a pedido del señor agente fiscal, designó como investigadoras especiales a los instructores contadores V.G. y Y.M. (v. fs. 104). La investigación pasó a estar dirigida -interinamente- por la señora agente fiscal V.P..

    El 18 de agosto de 2005 las mencionadas investigadoras presentaron su informe a la señora agente fiscal en el cual concluyeron que "...si bien podemos decir que hemos detectado ciertas irregularidades, la falta de documentación no...

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