Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 29 de Diciembre de 1997, expediente P 52827

PresidenteGhione-Laborde-San Martín-Pisano-Negri-Hitters
Fecha de Resolución29 de Diciembre de 1997
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

DICTAMEN DE LA PROCURACION GENERAL:

La Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de Dolores condenó a N.Z. y a H.B. a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos por diez años para cada uno, con costas, por considerarlos autores responsables de estafas -catorce hechos- en concurso real, arts. 172 y 55 del Código Penal- (v. fs. 1232/1259).

Contra este fallo deducen recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley los imputados, por derecho propio y con patrocinio letrado (v. fs. 1273/1276 vta. y 1276 vta./1279 vta., respectivamente).

En mi opinión, ninguno puede prosperar, pero por diferentes razones: el primero porque resulta infundado y el segundo por inadmisible.

  1. Si bien se invoca la transgresión del art. 156 de la Constitución de la Provincia, en la sentencia no aparece omitida cuestión alguna. Se han tratado por separado los cuerpos de los delitos de los catorce hechos incriminados a los procesados y -también por separado- sus respectivas responsabilidades penales.

    No se advierte, tampoco, remisión global alguna al fallo de primera instancia como lo pretenden los recurrentes.

  2. El art. 350 del Código de Procedimiento Penal (ant. art. 341), al referirse al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, establece que: "Procede este recurso en todos los casos en que la sentencia definitiva revoque una absolutoria o imponga pena superior a tres años de prisión".

    Y la interpretación que de esta disposición hiciera el voto del Dr. A. en causa B. 22.479 "Brenet, P. s/ Hurto" (sent. del 3-IX-37, public. en `Acuerdos y Sentencias' Serie 15a., T. IX, pág. 202) resulta esclarecedora para dirimir esta cuestión previa.

    Dijo en aquella ocasión el recordado integrante de ese Alto Tribunal: "El propósito de la ley de enjuiciamiento al reglamentar el recurso de inaplicabilidad de ley acordado a la parte acusada, no parece haber sido otro que el de autorizar la apelación extraordinaria ante esta Corte cuando por sentencia pronunciada en segunda instancia en la causa penal se hubiera impuesto al reouna grave restricción a su libertad individual..."

    "Las restricciones impuestas al recurso de inaplicabilidad responden evidentemente a la necesidad de excluir la jurisdicción de la Suprema Corte en los asuntos penales de menor cuantía o escasa importancia, habiéndose medido esta última en función de la levedad o gravedad de la sanción impuesta en definitiva, descartándose las condenaciones a pena meramente pecuniaria y de inhabilitación, como asimismo las restricciones de libertad inferiores a tres años de prisión" (ob. cit.).

    Atendiendo a los conceptos expuestos, es mi cirterio que el texto legal que he transcripto, se refiere exclusivamente a la pena restrictiva de libertad cuando procura limitar la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley en razón de la entidad material de la sanción.

    Y puede sumarse, para abonar este criterio, el análisis de otra disposición del mismo Código como así, la comparación con los textos legales que rigen la materia en los distintos ordenamientos provinciales.

    En el primer caso, porque cuando el art. 433 del Código de Procedimiento Penal establece la distinción, entre causas graves y correccionales, lo hace atendiendo exclusivamente al monto de la pena corporal que pudiera imponerse, con prescindencia de las penas de otra naturaleza que eventualmente acompañen a la primera.

    En el segundo, porque la legislación de la mayoría de las provincias determina -a diferencia del art. 350 de nuestro Código de Procedimiento Penal- la procedencia del recurso extraordinario deducido por el imputado o su defensa contra sentencias que impongan penas no restrictivas de libertad (v. R.L. (h) "Códigos Procesales Penales Argentinos", ed. 1981; pág. 139/144).

    No ha de perderse de vista, como lo señala este autor, que los límites a los que se hiciera referencia "...están guiados por un principio de economía procesal, puesto que evitan la concesión de un recurso tan importante a casos concretos que no lo son. También se evita la dilación de los juicios y el recargo de los tribunales de alzada. Todas razones prácticas" (op. cit., pág. 137).

    Siendo ello así, el recurso interpuesto en autos resulta inadmisible pues la pena impuesta por el "a quo" a los procesados no excede los tres años de prisión.

    La circunstancia de que, además, se haya impuesto pena de otra naturaleza -en el caso, inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos- no lo torna admisible pues, como lo sostuviera el Dr. R.V. -con adhesión del Dr. L.- en los precedentes P. 35.295 "L." del 20-XII-89 y P. 39.346 "R." del 23-IV-91, "No se puede extender la procedencia del remedio extraordinario de impugnación a casos no previstos legalmente. La competencia de esta Corte para entender en el recurso de inaplicabilidad de ley está sujeta a las `restricciones que las leyes de procedimiento establezcan', según lo dispone el art. 149 inc. 4, letra "b" de la Constitución de la Provincia. En cumplimiento de lo especificado por esta norma constitucional, el citado art. 350 fija limitaciones para la procedencia del recurso, las que deben interpretarse estrictamente".

    Propicio, en consecuencia de lo expuesto, que V.E. rechace el recurso extraordinario de nulidad examinado, y declare mal concedido el de inaplicabilidad de ley.

    Asi lo dictamino.

    La P., 5 de octubre de 1994 -L.M.N..

    A C U E R D O

    En la ciudad de La Plata, a veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresG., L., S.M., P., N., Hitters, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 52.827, "Zubiarrain, N.. B., H.J.. Estafas reiteradas".

    A N T E C E D E N T E S

    La Excma. Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de Dolores condenó a N.Z. y a H.J.B. a la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos por diez años para cada uno de ellos, con más las costas también para ambos por resultar autores responsables de estafas reiteradas en concurso real.

    Los procesados, por propio derecho, con patrocinio letrado, interpusieron recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley.

    Oído el señor S. General, dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

    C U E S T I O N E S

    1a. ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?

    2a. ¿Ha sido bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?

    Caso afirmativo:

    3a. ¿Es fundado?

    V O T A C I O N

    A la primera cuestión planteada, el señor J. doctorG. dijo:

    Coincido con lo dictaminado por el señor S. General en cuanto propicia el rechazo del presente recurso.

    Denuncian los procesados, con asistencia letrada, que el fallo que impugnan ha violado el art. 156 -n.a.- de la Constitución provincial, "en cuanto establece que los Tribunales de Justicia deberán resolver todas las cuestiones sometidas por las partes, y los Jueces que integran los tribunales colegiados deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir..." (fs. 1275 vta.).

    Aducen que el tribunala quoha incurrido en remisión global al pronunciamiento de primera instancia, como así también en omisión de tratamiento de cuestiones esenciales que, "...de haber sido tratadas, hubieran servido para decretar la absolución de los imputados en estos hechos..." (fs. 1276 vta.).

    El reclamo resulta ineficaz.

    1. - En lo que respecta a la denunciada remisión global, el planteo es infundado ya que la alzada trató lo referente al cuerpo del delito y responsabilidad de los procesados en los catorce hechos que se les imputan, y si bien compartió los fundamentos del juzgador, los hizo suyos, por lo que las aducidas remisiones no han existido.

    2. - En lo que hace a la falta de tratamiento de cuestiones esenciales, tampoco puede...

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