Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 4 de Julio de 2018, expediente L. 119792

PresidenteNegri-Pettigiani-de Lázzari-Soria-Genoud
Fecha de Resolución 4 de Julio de 2018
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 4 de julio de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresN., P., de L., S., G.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.792, "Z., M.I. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar -por mayoría- a la acción deducida, imponiendo las costas a la vencida (v. fs. 185/198).

Se interpuso, por parte del letrado apoderado de Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 204/210 vta.), el que, denegado en la instancia de grado (v. fs. 214/215), que admitido por esta Corte, mediante resolución de fs. 255/256 vta., al hacer lugar a la queja articulada a fs. 248/251 vta. por la interesada.

Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, y dada la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor N. dijo:

  1. El tribunal de origen tuvo por acreditado que la señora M.I.Z., como consecuencia de las tareas que desarrolló como docente en distintos establecimientos educativos de la Provincia de Buenos Aires, padece una disfonía crónica patológica, que le provoca una incapacidad laboral definitiva del 24,5% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 185 y vta.).

    En lo que resulta de interés, por mayoría, determinó el valor mensual del ingreso base incluyendo los rubros "incentivo docente" y "bonificación no remunerativa docente", por considerar a éstos como parte integrante del salario que percibía la actora (v. sent., fs. 191).

    Resolvió que la liquidación de la prestación establecida por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 debía practicarse con arreglo al salario vigente al momento de su pago y no a la fecha de la primera manifestación invalidante, tal como lo establece el art. 12 de la citada ley (v. sent., fs. 194 vta./195).

    Sobre la base de tales premisas, declaró procedente la demanda por el pago de las diferencias vinculadas a la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva prevista en el art. 14. apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo,condenando a la Provincia de Buenos Aires -en su carácter de empleador autoasegurado- a abonar a la señora Z. la suma de $185.990,17 resultante de detraer lo percibido en sede administrativa ($44.100) al importe de $230.090,17 (v. sent., fs. 196 y vta.).

    Dispuso, además, aplicar intereses desde su exigibilidad (1 de enero de 2013) hasta su efectivo pago, conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema de Banca Internet Provincia (v. sent., fs. 189).

  2. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 204/210).

    Dos agravios estructuran su crítica:

    II.1. En primer término, aunque equivocando los alcances con que fue declarada su inconstitucionalidad, cuestiona que el tribunal de grado hubiera descalificado constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557 e incluyera, para el cálculo del valor mensual del ingreso base a todos aquellos importes de carácter no remunerativos como integrantes del salario de la actora.

    Manifiesta que el carácter remuneratorio de cada rubro está determinado por la habitualidad, regularidad, permanencia, por su sujeción a aportes y por no ser otorgado en mérito al comportamiento del agente o a las circunstancias especiales del mismo.

    Argumenta que el salario que se toma en cuenta para establecer el monto de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo se calcula incluyendo los rubros que componen la prima que abona el asegurado, y es en función de la relación laboral que el trabajador siniestrado puede demandar el otorgamiento de dichas prestaciones, para lo cual se le exigen determinados requisitos.

    Alega que, en virtud de lo que establece el art. 13 de la ley 25.053 -conforme decreto 1.125/99-, el rubro "incentivo docente" es una asignación especial no bonificable y, por ende, solo se encuentra sujeta a los aportes y contribuciones con destino a la cuota y obra social sindical.

    Agrega que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos como consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que la misma sea razonable. Ello no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica.

    Por otra parte, critica también que ela quotomara en cuenta las remuneraciones percibidas por la actora durante los doce meses anteriores a la fecha de pago de las prestaciones dinerarias y no, tal como lo prescribe el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, las recibidas desde la primera manifestación invalidante.

    Alude que el sentenciante parte de una premisa errónea al sostener que no fue cuestionado en forma específica ni pormenorizada la posibilidad de calcular la indemnización con arreglo al salario vigente a la fecha del pago, omisión defensiva que no puede ni debe ser salvada por este Tribunal, pues la ley es clara al respecto y no existe obligación alguna de anticiparse a formular un cuestionamiento sobre la aplicación de una posibilidad huérfana de normativa que la sustente, ni amparada jurisprudencial ni doctrinariamente.

    Por tal motivo, señala que la sentencia incurre en absurdo toda vez que la mentada norma deviene válida, vigente y aplicable al caso y fue oportuna y debidamente defendida al ser embestida constitucionalmente.

    II.2. En segundo término, se agravia de la decisión de grado que calculó los intereses sobre el capital de condena a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, toda vez que -sostiene- dicha definición resulta violatoria de la doctrina legal que emerge de la causa C. 101.774, "P., sentencia de 21-X-2009.

  3. El recurso no prospera.

    III.1. En primer lugar, cabe resaltar que, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal C.il y Comercial (texto según ley 14.141, Acordada 3.748/15). Razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafoin finede la ley 11.653.

    Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "A., sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.431, "V., sent. de 30-IX-2014; L. 117.516, "R., sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "., sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "L., sent. de 13-V-2015; e.o.).

    En consecuencia, esta Suprema Corte debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por la recurrente.

    Empero, no puede soslayarse que el agravio dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 involucra el análisis de cuestiones federales que, con prescindencia del valor del litigio, ameritan la apertura de la instancia extraordinaria, tal como dispuso esta Corte en la resolución de fs. 255/256 vta.

    III.2. Sentado ello, advierto que ese tramo de la impugnación no resulta atendible.

    III.2.a. En lo que respecta el tópico vinculado con las remuneraciones que el tribunal de grado tomó en consideración para calcular el valor mensual del ingreso base -aquellas correspondientes a la fecha de pago de las prestaciones dinerarias por parte de la ART-, sostuvo el voto mayoritario de dicho órgano jurisdiccional que existía en el caso una evolución salarial considerable, y no sería justo ni razonable que la tarifa se calculase con un salario depreciado, pues en tal situación la indemnización dejaría de cumplir adecuadamente con su función de resarcir en términos completos la pérdida de capacidad de ganancia de la víctima, que es el objetivo de las leyes especiales de accidente de trabajo.

    Fundó su pronunciamiento en los argumentos expuestos por la Corte nacional en el precedente "Ascua", como así también en doctrina de distintos autores para arribar a la conclusión de que el pago de la...

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