Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 15 de Julio de 2015, expediente L 116143

PresidenteKogan-Negri-Genoud-Hitters-Pettigiani-Celesia
Fecha de Resolución15 de Julio de 2015
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 15 de julio de 2015, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores K., N., G., Hitters, P., de L., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 116.143, "Z., R.S. contra Cabo de H., C. y otros. Despido".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo N° 1 del Departamento Judicial La Matanza hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (fs. 566/580 vta.).

Contra dicho pronunciamiento, las partes dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (fs. 590/605 vta. y 606/613 vta.), concedidos por el órgano judicial de grado a fs. 641/643.

Dictada a fs. 656 la providencia de autos, y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada a fs. 590/605 vta.?

  2. ¿Es fundado el interpuesto por la parte actora a fs. 606/613 vta.?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

  1. El tribunal del trabajo interviniente -en lo que resulta de interés por constituir materia de agravios- acogió la demanda deducida por R.S.Z. contra C.C. de H. y Á.S.H., en cuanto procuraba el cobro de diferentes rubros salariales, así como la percepción de las indemnizaciones derivadas del despido, y las previstas por los arts.15 de la ley 24.013, 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Rechazó, en cambio, los resarcimientos contemplados en los arts. 9 y 10 de la Ley Nacional de Empleo, aplicando sobre el capital de condena la tasa pasiva de interés del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

    Fundó su decisión en el hecho de declarar justificada la causal esgrimida por el trabajador para extinguir el contrato de trabajo, a saber: el desconocimiento de la relación laboral y la negativa al pago de las diferencias salariales reclamadas frente al emplazamiento cursado al efecto.

    II.1. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14, 14 bis, 17 y 18 de la C.itución nacional; 39 y 57 de la C.itución de la Provincia de Buenos Aires; 9, 10, 62, 63, 67, 68, 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.

    En lo esencial, cuestiona la conclusión por la que se condenó a la accionada al pago de los resarcimientos previstos en los arts. 8, segunda parte, y 15 de la Ley Nacional de Empleo.

    Aduce que el tribunal del trabajo valoró absurdamente la prueba colectada en la causa al juzgar acreditada la fecha de ingreso y la remuneración denunciada por el accionante, así como las tareas que prestaba en beneficio de la patronal y la jornada de trabajo.

    1. Refiere que el judicante, al definir la fecha de ingreso de Z. y la naturaleza de los servicios que prestaba, omitió considerar "cuestiones" que -a su entender- resultan trascendentes para la resolución del pleito, afectando el principio de congruencia.

      Así, plantea su disconformidad respecto de la apreciación de la prueba testimonial, tanto en lo concerniente a la interpretación que formulara el sentenciante de las declaraciones de los testigos Noto y C. (pues entendió que no precisaron las tareas y la fecha de ingreso del trabajador), como respecto de la ausencia de valoración de las deposiciones de M. y Q., circunstancia que -estima- podría haber resuelto el pleito en sentido contrario.

      En ese orden indica que el a quo transgredió lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial al alterar las reglas del onus probandi.

      Agrega que si bien se demostró en autos la prestación de servicios por parte de una empresa de seguridad entre junio de 2004 y mayo de 2006, el tribunal interviniente le restó relevancia al tema (v. recurso, fs. 599/600 vta.).

    2. Afirma que para juzgar probada la jornada de trabajo denunciada por el trabajador en su escrito de inicio (lunes a domingo, de 19 a 7 hs.), el sentenciante atendió a la declaración de la testigo C., quien sólo "suponía" el horario de ingreso del actor a las instalaciones de la demandada, desechando el testimonio de P., quien manifestó ver a Z. retirarse a las 12 hs. (v. recurso, fs. 600 vta.).

    3. Objeta asimismo la definición de grado en torno a la remuneración acreditada del accionante ($ 1.992).

      Indica que dicha conclusión resulta absurda pues halló sustento exclusivamente en las manifestaciones globales de Z., soslayando la consideración de la prueba documental concerniente a los recibos de haberes suscriptos por el trabajador que consignaban una suma menor.

      De ese modo -continúa- el juzgador de grado aplicó indebidamente la presunción de los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39, primer párrafo, de la ley 11.653, transgrediendo la doctrina legal de esta Suprema Corte que establece que aquella queda desvirtuada cuando las conclusiones que resultan de las diferentes constancias probatorias de la causa demuestran lo contrario.

      En esas condiciones, concluye que, al no demostrarse en la causa la fecha de ingreso y la remuneración denunciadas por el trabajador, la intimación formulada por éste en los términos del art. 11 de la ley 24.013 carece de efectos legales, resultando improcedente la aplicación de las indemnizaciones fundadas en aquélla norma.

      Advierte que el objetivo específico de la Ley Nacional de Empleo es promover la regularización de las relaciones laborales y no la búsqueda de las indemnizaciones agravadas; razón por la cual entiende que si el art. 11 de dicha norma exige para su procedencia la intimación previa del trabajador, aportando los datos verídicos que permitan el correcto registro del contrato, no pueden coexistir en el expediente las distintas fechas de ingreso denunciadas por el dependiente, y, aún así, considerarse válido el emplazamiento (v. recurso, fs. 600 vta./604).

  2. El recurso es inadmisible.

    1. L. corresponde señalar que, contrariamente a lo que sostiene el impugnante (v. recurso, fs. 591), en la especie, la magnitud económica de lo cuestionado ante la instancia extraordinaria, representada por el importe de condena en concepto de las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, no supera el monto mínimo determinado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado (v. sentencia, fs. 579).

    2. Tal circunstancia impone el análisis del remedio procesal en el acotado marco de la excepción que contempla el art. 55 -primer párrafo, in fine- de la ley 11.653. En consecuencia, la competencia de este Tribunal queda limitada a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia yáel fallo apelado la transgrede en un caso similar (conf. causas L. 87.827, "Brugiati", sent. del 5-V-2010; L. 94.234, "Andino de M., sent. del 26-VIII-2009; L. 85.710, "A., sent. del 26-IX-2007; entre otras).

      De tal modo, como lo señalé al emitir mi voto en los precedentes "P." (L. 87.476, sent. del 29-VIII-2007) y "G." (L. 82.176, sent. del 30-XI-2005), resulta idónea, en cada caso, la denuncia de violación de la doctrina vinculada al principio de congruencia y al art. 39 de la ley 11.653, respectivamente.

      Juzgo preciso puntualizar, en ese orden, que la doctrina legal aprehendida por la mencionada hipótesis de excepción resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma.

      Desde esa perspectiva de análisis, la potestad revisora extraordinaria ha de ceñirse a confrontar lo resuelto en el pronunciamiento en crisis con la doctrina que se reputa infringida (conf. causa L. 86.548, "B., sent. del 25-IV-2007; entre otras).

    3. Destacado lo que antecede y realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, la exclusión de la hipótesis contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone -de todos modos- nítida.

      1. En efecto, en lo que respecta a la denunciada apreciación absurda de las pruebas, reiteradamente se ha señalado que no se configura la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo, in fine, de la ley 11.653 -en el sentido y con el alcance establecido por esta Suprema Corte-, si las doctrinas cuya transgresión se denuncia se refieren al vicio de absurdo y a la valoración de las pruebas del proceso (conf. causa L. 114.221, "S., I. del 2-XI-2011).

      2. Tampoco concurre el supuesto en cuestión en lo concerniente a los agravios por los que se denuncia la transgresión de la doctrina legal vinculada a la violación del principio de congruencia, así como aquellas elaboradas en torno de los arts. 39 de la ley 11.653; 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

      Ello así, toda vez que -no obstante mi posición respecto del tópico, señalada en el apartado III.2 de este voto-, advierto que la mención de la doctrina que en el caso se denuncia vulnerada deviene inidónea a los efectos de habilitar tal vía de excepción, en tanto fue establecida por este Tribunal para supuestos fácticos diferentes a los del presente caso (conf. causas L. 104.096, "A., sent. del 29-II-2012; L. 100.704, "Z., sent. del 21-XII-2011; L. 95.486, "M., sent. del 30-XI-2011; entre otras).

      Por lo demás, desde la lectura del pronunciamiento se vislumbra que los precedentes citados en esta parcela de la impugnación -si bien...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba