Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 26 de Mayo de 2021, expediente L. 122889

PresidenteGenoud-Kogan-Pettigiani-Torres-Soria
Fecha de Resolución26 de Mayo de 2021
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.889, "De Zan, Á.U. contra Fundación Temaikén y otra. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresG., K., P., T., S..

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 977/995 vta. y aclaratorias de fs. 1.089/1.091 vta. y 1.122/1.123 vta.).

Se dedujeron, por la parte actora y la codemandada Fundación Temaikén, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.022/1.053 y 1.061/1.073, respectivamente).

Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Fundación Temaikén a fs. 1.061/1.073 vta.?

    En su caso:

  2. ) ¿Es fundado el deducido por el actor a fs. 1.022/1.053?

    V O T A C I Ó N

    A la primera cuestión planteada, el señor J.d.G. dijo:

    1. El tribunal de origen, en lo que interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Á.U. De Zan y en consecuencia condenó a Fundación Temaikén y en forma solidaria a T.L.S. al pago de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración, días trabajados en el mes del despido, salarios adeudados, sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales del año 2014, diferencias salariales y las multas contempladas en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; 16 de la ley 25.561; 9 de la ley 25.013 y 8 y 15 de la ley 24.013. La rechazó, en cambio, en cuanto en ella se procuraba la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 4 y 5 de la ley 25.561, daño moral con fundamento en la ley 23.592, la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) y 2 de la ley 25.323 (v. fs. 977/995 vta. y aclaratorias de fs. 1.089/1.091 vta. y 1.122/1.123 vta.).

      A partir de los reconocimientos efectuados por las partes en los escritos constitutivos de la litis y las posiciones absueltas en rebeldía por Tecnic Limp S.A, tuvo por acreditado que el actor prestó tareas como supervisor de limpieza en el predio de la Fundación Temaikén (bioparque dedicado a la investigación y conservación de la flora y fauna), por intermedio de la empresa codemandada (v. vered. primera cuestión, fs. 978 y vta.).

      En ese orden, precisó que mientras el trabajador invocó encontrarse ligado directamente con la Fundación demandada mediante la interposición fraudulenta de la otra empresa (art. 29, LCT), las accionadas postularon la suscripción entre ellas de un contrato de provisión del servicio de limpieza para el parque temático, habiendo sido el accionante contratado a ese fin bajo la exclusiva subordinación técnica y material de la firma T.L.S. (v. vered. primera cuestión, fs. 978 vta.).

      Puesto a dilucidar la contienda, en mérito a la deficiencia de la totalidad de la documentación laboral exigida por el art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, el juzgador de grado declaró operativa la presunción de los arts. 55 del mismo cuerpo legal y 39 de la ley 11.653 -y, frente a la falta de prueba producida por la contraria tendiente a desvirtuarlas- tuvo por cierta la fecha de ingreso denunciada por el trabajador (29 de agosto de 2002), al igual que las tareas que desarrollaba y los salarios percibidos (denunciados en la liquidación de fs. 95, en el período que indicó; v. vered. primera cuestión, fs. 978 vta. y 979).

      En ese marco, tuvo en especial consideración que el bioparque Temaikén recibía un incesante flujo de visitantes -diez mil diarios- que interactuaban con la flora y fauna del lugar, por lo que resultaba necesario un constante y alto grado de limpieza de las instalaciones, a fin de mantener equilibrio ecológico que otorga sustento a su funcionamiento (v. vered. primera cuestión, fs. 980 vta.).

      Sobre esa base, consideró que los servicios prestados por el personal contratado por T.L.S. en el predio temático resultaban imprescindibles para la consecución del objeto de la fundación y, por lo tanto, al ser prestada dentro de su ámbito en forma permanente, debía ser considerada una actividad normal del establecimiento (v. vered. primera cuestión, fs. cit.).

      Por otra parte, en el fallo de los hechos, juzgó no acreditada la existencia de contrato comercial entre las accionadas, así como tampoco la debida registración del actor de acuerdo a la hipótesis esgrimida por estas últimas y la subordinación que se arrogara la empresa de limpieza respecto a las tareas que realizaba el señor De Zan, circunstancia que, negada por este último, no fue acreditada por aquella como era su carga (art. 375, CPCC y 63, ley 11.653; v. vered. primera cuestión, fs. 980 vta. y 981).

      En la sentencia concluyó, con respaldo en el art. 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, que la prestación de servicios del actor en el predio de la fundación hace presumir la existencia de un contrato de trabajo entre quien lo presta y quien lo recibe (art. 23, LCT), tomando como parámetro que los trabajadores que son contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a empresas deben ser considerados empleados directos de quien utiliza la prestación, con las excepciones que establece el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, no aplicables en la especie.

      En ese contexto, acreditada la extinción del vínculo por voluntad del accionante (consumada frente al desconocimiento de la relación laboral, ante la negativa a registrarlo -previa intimación- y a abonar las deudas salariales peticionadas), el juzgador de grado consideró justificado el despido indirecto dispuesto y, en consecuencia, declaró procedentes las indemnizaciones derivadas de dicho acto extintivo (v. sent., fs. 988 vta.).

      Finalmente, dispuso que al capital de condena se le apliquen intereses moratorios, desde la fecha del distracto (7 de junio de 2004) y hasta la fecha de su efectivo pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (BIP; v. sent., fs. 993).

    2. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva Fundación Temaikén deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de las normas y de la doctrinal legal que identifica (v. fs. 1.061/1.073 vta.).

      II.1. En primer término, controvierte la valoración de las probanzas de autos efectuada por el tribunal de grado y alega vulnerado el principio de congruencia (v. fs. 1.063 vta./1.064 vta.).

      En ese orden, cuestiona la entidad probatoria asignada a la confesión ficta de T.L.S. para determinar la responsabilidad endilgada a su parte. En tal sentido, refiere que dicha decisión se basa en afirmaciones dogmáticas carentes de respaldo en las constancias objetivas de la causa (v. fs. 1.063 vta.).

      Sostiene que, en el caso, de los datos aportados por las partes y la documental acompañada surge evidente el vínculo "exclusivo y excluyente" entre el actor y la mencionada codemandada (v. fs. 1.064).

      Manifiesta que la parte actora no aportó prueba alguna destinada a demostrar la responsabilidad de su parte (v. fs. 1.064 y vta.).

      II.2. En esa línea, considera que ela quoaplicó erróneamente el art. 39 de la ley 11.653 (v. fs. 1.064 vta./1.065 vta.).

      Alega que ante la expresa negativa formulada en su contestación de demanda, el accionante debió acreditar -y no lo hizo- la prestación de tareas a su favor (v. fs. 1.064 vta. y 1.065).

      En tal sentido, aduce que en el pronunciamiento se vulnera la doctrina emergente del precedente L. 104.112, "R., sentencia de 6-XI-2012 (v. fs. 1.065 y vta.).

      II.3. Objeta también la apreciación formulada por el juzgador respecto a la pericia contable (v. fs. 1.065 vta./1.066 vta.).

      Argumenta que la falta de libros de la empleadora T.L.S., en ningún caso podría traer aparejada una eventual presunción en su contra, razón por la cual la sentencia deviene arbitraria. Postula que -por el contrario- la accionante acompañó recibos de haberes que demostraron que únicamente prestó servicios para la mencionada empresa (v. fs. 1.066).

      Denuncia que el actor tampoco acreditó la remuneración percibida durante la relación laboral, razón por la cual estima que la liquidación practicada por el sentenciante debe ser rechazada, por improcedente (v. fs. 1.066 vta.).

      Bajo tales directrices, denuncia infringida la doctrina legal elaborada en la causa L. 86.102, "Pena", sentencia de 11-VI-2003 (v. fs. cit.).

      II.4. Luego y, bajo la denuncia de violación del principio de la carga dinámica de la prueba, se agravia de la extensión de la responsabilidad a su parte con fundamento en el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 1.067/1.070).

      Plantea que, aunque es cierto que el sentenciante no está obligado a seguir pormenorizadamente las exposiciones de las partes, también lo es que debe suministrar razones suficientes para desechar los argumentos conducentes que le fueron propuestos; circunstancia esta última que estima no ha ocurrido en la especie (v. fs. 1.067 y vta.).

      En esa línea, considera equivocado el razonamiento del tribunal de grado mediante el cual consideró que dada la gran afluencia de visitantes al parque por día (diez mil personas), que interactúan con la flora y fauna del lugar, un constante y alto grado de limpieza era requerido. Destaca que resulta falso y alejado de las constancias del expediente que se recibiera diariamente esa cantidad de público, situación que -alega- convierte en arbitraria a la sentencia (v. fs. 1.067 vta.).

      Asevera que en el caso la actividad de ambas...

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