Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 26 de Noviembre de 2015, expediente FMZ 061000023/2010/CA001

• Fecha de Resolución: 26 de Noviembre de 2015
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE MENDOZA

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A 61000023/2010 ZALAZAR CESAR DARIO C/ MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y

PESCA DE LA NACION En Mendoza, a los veintiséis días del mes de Noviembre de dos mil quince, reunidos en

acuerdo los Jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza,

D.. J. A. G. M., H. F. C. y C. A. P.;

procedieron a resolver en definitiva estos autos Nº FMZ 61000023/2010/CA1, caratulados:

ZALAZAR CESAR DARIO C/ MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y

PESACA DE LA NACION

, venidos del Juzgado Federal de San Luis, en virtud del

recurso de apelación interpuesto a fs. 203/205189 contra la sentencia obrante a fs. 200/202

por la cual se resuelve: “1. Rechazando la demanda interpuesta por el Sr. Cesar Darío

Zalazar en contra del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación. 2.

Imponiendo las costas del proceso al accionante objetivamente perdidoso (art. 155 de la ley

18.345 y 68 del CPCCN) 3. Difiriendo la regulación de honorarios profesionales.

El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Debe modificarse la sentencia recurrida de fs. 200/202?

De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 C.P.C y

Comercial de la Nación y arts. 4 y 15 del Reglamento de esta Cámara, se procedió a

establecer por sorteo el siguiente orden de estudio y votación: D.. G., P.

y C..

Sobre la única cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, Dr.

J. dijo:

I.– Contra la sentencia de fs. 200/202, cuya parte dispositiva ha

quedado transcripta precedentemente, interpusieron recurso de apelación fundado a fs.

203/205 los representantes del actor, siendo concedido el mismo según constancias de fs.

206.

Fecha de firma: 26/11/2015 Firmado por: J.A.G.M., H.F.C., C.A.P., J.T. y Jueces Subrogantes de la CFA Mendoza Firmado(ante mi) por: R.H.M., ANTE M

1. Secretario de Cámara En dicha ocasión refieren que al momento de incoar la demanda, la

   parte actora destacó que se encontraba ligada al Estado Nacional a través de un contrato de

   locación de Servicios que se había prolongado por un lapso de 14 años, sin interrupción,

   hasta que se le remitió un telegrama rescindiendo el último vínculo contractual desde el 30

   de junio de 2.008.

   Refiere que el fallo que se cuestiona concentra la atención en el tema

   del contrato de la locación de servicios y aplica precedentes del propio tribunal por lo que

   estima que en virtud de lo establecido en el artículo 2º de la ley 20.744 no le corresponde el

   reclamo.

   Indica que el fallo atacado cita precedentes que hacen referencia a la

   doctrina de los actos propios donde se sostiene que si el actor prestó conformidad a las

   cláusulas de los contratos de locación de servicios no puede invocar seriamente que la

   demandada hubiere cometido fraude.

   Manifiesta que concluyó el Juez “aquo” sosteniendo el rechazo del

   cobro de indemnizaciones con fundamento en la existencia de una relación laboral regida por

   la LCT.

   Sostiene que en virtud de tales afirmaciones la sentencia cuestionada

   es arbitraria, toda vez que en la propia demanda su parte advirtió que el actor se encontraba

   fuera de los alcances de la ley Laboral, por imperio de su Art. 2, y también del Estatuto del

   empleado público al no haberse producido su nombramiento y no gozar de estabilidad.

   Entiende que al rechazar la demanda sin considerar que el eje central

   de la discusión no pasaba por ese tema, constituye un agravio que menoscaba el derecho de

   defensa en juicio y el debido proceso legal, ya que el magistrado no analizó ni juzgó el

   objeto del juicio, que no era otro que determinar que a la luz del artículo 14 bis de la CN, le

   correspondía a Z. tener alguna protección frente al despido arbitrario de la demandada.

   Manifiesta que el juzgado ha respondido en forma equivocada con

   apoyo doctrinal y jurisprudencial que ha quedado desactualizado y que no es aplicable al

   caso, sin ingresar a considerar las pretensiones esgrimidas en la demanda.

   Refiere que el juzgado con su accionar convalida el régimen perverso

   impuesto, que le permite al Estado Nacional, Provincial, Municipal y Entes Autárquicos del

   Estado, ser el mayor empleador en negro del país.

   Fecha de firma: 26/11/2015 Firmado por: J.A.G.M., H.F.C., C.A.P., J.T. y Jueces Subrogantes de la CFA Mendoza Firmado(ante mi) por: R.H.M., ANTE M

1. Secretario de Cámara Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A Arguye que en el escrito inicial de demanda se incluyó en forma

   concreta y expresa el punto VII, donde se planteó la inconstitucionalidad de las cláusulas de

   los contratos firmados y que le permitían al Estado la rescisión unilateral del vínculo.

   Dice que es arbitraria la afirmación a través de la cual el “aquo”

   interpreta que por la doctrina de los actos propios el actor no puede reclamar, ya que nadie

   puede pasar por alto que esas cláusulas son impuestas por el Estado y quien pretende acceder

   al empleo no puede discutir tales condicionamientos.

   Indica que también le causa agravio que se rechace su pretensión so

   pretexto de que el actor facturaba honorarios como monotributista, ya que precisamente esta

   figura es la que con mayor frecuencia aparece para que el Estado pueda burlar los derechos

   de los trabajadores en relación de dependencia.

   Agrega que su parte no invocó la LCT ni el Estatuto del Empleado

   Público, sino que pidió la aplicación de dichas figuras jurídicas como asimilación de la

   situación de una persona que se enfrenta a un despido (art. 245 de la LCT y 11 de la la ley

   25.164), debiendo establecerse el pago de una indemnización para de algún modo proteger al

   trabajador, otorgándole una estabilidad relativa que supone repara con dinero la ruptura del

   vínculo en forma unilateral.

   Explica que en el presenta caso ha quedado demostrado que el actor

   trabajaba en relación de dependencia, puesto que cumplía horarios determinados de trabajo,

   cobra su remuneración todos los meses y cumplía sus tareas conforme las órdenes que se le

   indicaban en la oficina, así como también que tenía las mismas vacaciones que el resto de los

   empleados de la administración pública y de los mismos descuentos que el resto de los

   empleados, y el pago por antigüedad.

   Dice que el “aquo” debió resolver el caso a la luz del actual criterio

   de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado en el caso “Ramos, J. c/ Estado

   Nacional s/ Indemnización por despido”.

   Agrega que con posterioridad a la sanción de la ley 25.164 (año

   1.999), el Estado Nacional no debió seguir efectuando contrataciones, motivo por el que

   señala ha existido una irregularidad reiterada en el vínculo efectuado con Zalazar.

   Ratifica el pedido de inconstitucionalidad y de nulidad de las

   cláusulas contractuales y solicita se tenga en consideración al momento de resolver el

   Fecha de firma: 26/11/2015 Firmado por: J.A.G.M., H.F.C., C.A.P., J.T. y Jueces Subrogantes de la CFA Mendoza Firmado(ante mi) por: R.H.M., ANTE M

1. Secretario de Cámara recurso de apelación y solicita se aplique analógicamente la indemnización establecida por el

   artículo 11 de la ley 25.164. Hace reserva del caso federal.

   II. Corrido el traslado de rigor, el Dr. A. G., por la

   demandada, contesta agravios a fs. 208/211 vta., oportunidad en la que señala que el actor no

   ha efectuado una crítica acabada de las consideración del fallo que ataca. Cita jurisprudencia

   en apoyo de sus dichos y solicita que por ello se declare desierto el recurso.

   Luego, al rebatir el primer agravio, dice que el actor prestó

   conformidad a las cláusulas del contrato de locación de servicios al suscribirlos, por lo que

   no puede invocar que el Estado Nacional cometió fraude.

   En segundo término manifiesta que es inapropiada la forma de

   expresar agravios efectuada por la contraparte, relativa al cobro de la indemnización

   solicitada, toda vez que no han sido rebatidos los fundamentos sólidos dados por el

   juzgador.

   Entiende que en el fallo recurrido se ha valorado la totalidad de las

   pruebas ofrecidas por su parte y las arrimadas por la contraria, habiéndose seguido un

   razonamiento inobjetable y fundado en derecho, sin que se adviertan los errores alegados ni

   la falta de fundamentación.

   Refiere que la sentencia cuestionada tampoco es arbitraria, toda vez

   que se han considerado debidamente todas las cuestiones propuestas.

   En relación al pedido de inconstitucionalidad efectuado por la

   contraria, manifiesta que tuvo la libertad de elegir el Sr. Z. el tipo de contrato que

   firmó, y que...