Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 26 de Noviembre de 2015, expediente FMZ 061000023/2010/CA001

Fecha de Resolución26 de Noviembre de 2015
EmisorCAMARA FEDERAL DE MENDOZA

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A 61000023/2010 ZALAZAR CESAR DARIO C/ MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y

PESCA DE LA NACION En Mendoza, a los veintiséis días del mes de Noviembre de dos mil quince, reunidos en

acuerdo los Jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza,

D.. J. A. G. M., H. F. C. y C. A. P.;

procedieron a resolver en definitiva estos autos Nº FMZ 61000023/2010/CA1, caratulados:

ZALAZAR CESAR DARIO C/ MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y

PESACA DE LA NACION

, venidos del Juzgado Federal de San Luis, en virtud del

recurso de apelación interpuesto a fs. 203/205189 contra la sentencia obrante a fs. 200/202

por la cual se resuelve: “1.­ Rechazando la demanda interpuesta por el Sr. Cesar Darío

Zalazar en contra del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación. 2.­

Imponiendo las costas del proceso al accionante objetivamente perdidoso (art. 155 de la ley

18.345 y 68 del CPCCN) 3.­ Difiriendo la regulación de honorarios profesionales.

El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Debe modificarse la sentencia recurrida de fs. 200/202?

De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 C.P.C y

Comercial de la Nación y arts. 4 y 15 del Reglamento de esta Cámara, se procedió a

establecer por sorteo el siguiente orden de estudio y votación: D.. G., P.

y C..

Sobre la única cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, Dr.

J. dijo:

I.– Contra la sentencia de fs. 200/202, cuya parte dispositiva ha

quedado transcripta precedentemente, interpusieron recurso de apelación fundado a fs.

203/205 los representantes del actor, siendo concedido el mismo según constancias de fs.

206.­

Fecha de firma: 26/11/2015 Firmado por: J.A.G.M., H.F.C., C.A.P., J.T. y Jueces Subrogantes de la CFA Mendoza Firmado(ante mi) por: R.H.M., ANTE M

  1. Secretario de Cámara En dicha ocasión refieren que al momento de incoar la demanda, la

    parte actora destacó que se encontraba ligada al Estado Nacional a través de un contrato de

    locación de Servicios que se había prolongado por un lapso de 14 años, sin interrupción,

    hasta que se le remitió un telegrama rescindiendo el último vínculo contractual desde el 30

    de junio de 2.008.­

    Refiere que el fallo que se cuestiona concentra la atención en el tema

    del contrato de la locación de servicios y aplica precedentes del propio tribunal por lo que

    estima que en virtud de lo establecido en el artículo 2º de la ley 20.744 no le corresponde el

    reclamo.­

    Indica que el fallo atacado cita precedentes que hacen referencia a la

    doctrina de los actos propios donde se sostiene que si el actor prestó conformidad a las

    cláusulas de los contratos de locación de servicios no puede invocar seriamente que la

    demandada hubiere cometido fraude.­

    Manifiesta que concluyó el Juez “a­quo” sosteniendo el rechazo del

    cobro de indemnizaciones con fundamento en la existencia de una relación laboral regida por

    la LCT

    Sostiene que en virtud de tales afirmaciones la sentencia cuestionada

    es arbitraria, toda vez que en la propia demanda su parte advirtió que el actor se encontraba

    fuera de los alcances de la ley Laboral, por imperio de su Art. 2, y también del Estatuto del

    empleado público al no haberse producido su nombramiento y no gozar de estabilidad.­

    Entiende que al rechazar la demanda sin considerar que el eje central

    de la discusión no pasaba por ese tema, constituye un agravio que menoscaba el derecho de

    defensa en juicio y el debido proceso legal, ya que el magistrado no analizó ni juzgó el

    objeto del juicio, que no era otro que determinar que a la luz del artículo 14 bis de la CN, le

    correspondía a Z. tener alguna protección frente al despido arbitrario de la demandada.­

    Manifiesta que el juzgado ha respondido en forma equivocada con

    apoyo doctrinal y jurisprudencial que ha quedado desactualizado y que no es aplicable al

    caso, sin ingresar a considerar las pretensiones esgrimidas en la demanda.­

    Refiere que el juzgado con su accionar convalida el régimen perverso

    impuesto, que le permite al Estado Nacional, Provincial, Municipal y Entes Autárquicos del

    Estado, ser el mayor empleador en negro del país.­

    Fecha de firma: 26/11/2015 Firmado por: J.A.G.M., H.F.C., C.A.P., J.T. y Jueces Subrogantes de la CFA Mendoza Firmado(ante mi) por: R.H.M., ANTE M

  2. Secretario de Cámara Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A Arguye que en el escrito inicial de demanda se incluyó en forma

    concreta y expresa el punto VII, donde se planteó la inconstitucionalidad de las cláusulas de

    los contratos firmados y que le permitían al Estado la rescisión unilateral del vínculo.­

    Dice que es arbitraria la afirmación a través de la cual el “a­quo”

    interpreta que por la doctrina de los actos propios el actor no puede reclamar, ya que nadie

    puede pasar por alto que esas cláusulas son impuestas por el Estado y quien pretende acceder

    al empleo no puede discutir tales condicionamientos.­

    Indica que también le causa agravio que se rechace su pretensión so

    pretexto de que el actor facturaba honorarios como monotributista, ya que precisamente esta

    figura es la que con mayor frecuencia aparece para que el Estado pueda burlar los derechos

    de los trabajadores en relación de dependencia.­

    Agrega que su parte no invocó la LCT ni el Estatuto del Empleado

    Público, sino que pidió la aplicación de dichas figuras jurídicas como asimilación de la

    situación de una persona que se enfrenta a un despido (art. 245 de la LCT y 11 de la la ley

    25.164), debiendo establecerse el pago de una indemnización para de algún modo proteger al

    trabajador, otorgándole una estabilidad relativa que supone repara con dinero la ruptura del

    vínculo en forma unilateral.­

    Explica que en el presenta caso ha quedado demostrado que el actor

    trabajaba en relación de dependencia, puesto que cumplía horarios determinados de trabajo,

    cobra su remuneración todos los meses y cumplía sus tareas conforme las órdenes que se le

    indicaban en la oficina, así como también que tenía las mismas vacaciones que el resto de los

    empleados de la administración pública y de los mismos descuentos que el resto de los

    empleados, y el pago por antigüedad.­

    Dice que el “a­quo” debió resolver el caso a la luz del actual criterio

    de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado en el caso “Ramos, J. c/ Estado

    Nacional s/ Indemnización por despido”.­

    Agrega que con posterioridad a la sanción de la ley 25.164 (año

    1.999), el Estado Nacional no debió seguir efectuando contrataciones, motivo por el que

    señala ha existido una irregularidad reiterada en el vínculo efectuado con Zalazar.­

    Ratifica el pedido de inconstitucionalidad y de nulidad de las

    cláusulas contractuales y solicita se tenga en consideración al momento de resolver el

    Fecha de firma: 26/11/2015 Firmado por: J.A.G.M., H.F.C., C.A.P., J.T. y Jueces Subrogantes de la CFA Mendoza Firmado(ante mi) por: R.H.M., ANTE M

  3. Secretario de Cámara recurso de apelación y solicita se aplique analógicamente la indemnización establecida por el

    artículo 11 de la ley 25.164. Hace reserva del caso federal.­

    II.­ Corrido el traslado de rigor, el Dr. A. G., por la

    demandada, contesta agravios a fs. 208/211 vta., oportunidad en la que señala que el actor no

    ha efectuado una crítica acabada de las consideración del fallo que ataca. Cita jurisprudencia

    en apoyo de sus dichos y solicita que por ello se declare desierto el recurso.­

    Luego, al rebatir el primer agravio, dice que el actor prestó

    conformidad a las cláusulas del contrato de locación de servicios al suscribirlos, por lo que

    no puede invocar que el Estado Nacional cometió fraude.­

    En segundo término manifiesta que es inapropiada la forma de

    expresar agravios efectuada por la contraparte, relativa al cobro de la indemnización

    solicitada, toda vez que no han sido rebatidos los fundamentos sólidos dados por el

    juzgador.­

    Entiende que en el fallo recurrido se ha valorado la totalidad de las

    pruebas ofrecidas por su parte y las arrimadas por la contraria, habiéndose seguido un

    razonamiento inobjetable y fundado en derecho, sin que se adviertan los errores alegados ni

    la falta de fundamentación.­

    Refiere que la sentencia cuestionada tampoco es arbitraria, toda vez

    que se han considerado debidamente todas las cuestiones propuestas.­

    En relación al pedido de inconstitucionalidad efectuado por la

    contraria, manifiesta...

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