Sentencia Interlocutoria de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 28 de Diciembre de 2021, expediente B 77485

PresidenteSoria-Kogan-Torres-Genoud
Fecha de Resolución28 de Diciembre de 2021
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

B.77.485 “ZACARIAS, J.E.; DE CARIA, A.C. EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES -MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS-, GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILMES S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”

AUTOS Y VISTOS:

  1. Tal como surge del relato de antecedentes de la resolución de 10 de diciembre del corriente, J.E.Z. y A. de Caria persiguen la invalidación de la ley 15.208, por la cual se declararon de utilidad pública y sujetos a expropiación una serie de inmuebles ubicados en la localidad de Quilmes con destino a la construcción de cárceles y alcaidías (arts. 1 y 2). La impugnan invocando su calidad de vecinos autoconvocados del lugar y se agravian por considerar que tales obras van a generar un impacto ambiental negativo que no habría sido lo suficientemente evaluado al momento de dictarse dicho acto legislativo.

    En su momento, fundaron la pretensión en los arts. 41 y 43 de la C.itución Nacional, 28 de la C.itución provincial y en algunos preceptos relevantes de la Ley General del Ambiente y de la Ley General de Expropiaciones.

    Atento a la naturaleza de la acción intentada, la elevación efectuada por el tribunal que previno y la declaración de competencia formulada en el auto de la fecha señalada más arriba, la parte actora fue emplazada a adecuar su demanda en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Carta local y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, plazo que se encuentra todavía en curso.

    Ello no obstante, la índole de los derechos invocados en su presentación, el alegado daño irreparable y la inminencia del comienzo del receso judicial aconsejan un pronunciamiento acerca de la medida cautelar oportunamente requerida, por la cual se solicita la suspensión de los efectos de la ley atacada.

  2. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la observancia de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016 e I. 75.756, “B.S., resol. de 24-XI-2021; e.o.).

    Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "F.V.O.S., resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de V.G., resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "D.P., resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las particularidades del caso se advierte que el planteo formulado por quien objeta la...

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