YPF: para qué sirve la estatización

 
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Después de la gesta populista de "recuperación de YPF", en un marco de calculadas expresiones de júbilo del Gobierno y de la mayoría de la dirigencia política -como en otras oportunidades acompañaron la ocupación de las Malvinas, la declaración del default, la confiscación de los ahorros jubilatorios administrados por las AFJP y la modificación de la carta orgánica del Banco Central para disponer a discreción de las reservas-, cabe preguntarse para qué sirve la estatización.¿Resuelve la crisis energética caracterizada por importaciones crecientes debidas a la pérdida del autoabastecimiento? La respuesta es "no", porque atenta contra la verdadera solución a la descapitalización que ha experimentado el sector: la inversión. Pero sí satisface una serie de necesidades políticas del Gobierno, como revertir la caída de su imagen, desviar la atención pública de los casos de corrupción e inseguridad, disponer de cargos ejecutivos para repartir políticamente entre militantes sin experiencia empresaria y, fundamentalmente, garantizar la caja. Es decir, se han priorizado otra vez las necesidades políticas por sobre los intereses del país.La performance de YPF Repsol, como la de la mayoría de las petroleras que operan en territorio argentino, es la consecuencia lógica de la política energética del gobierno kirchnerista, no la causa.A ninguna empresa un gobierno le puede exigir que invierta y produzca si éste ha trocado los contratos por arbitrariedades, ha cambiado las reglas originales, ha congelado los precios internos e ignorado los internacionales mientras los costos internos se multiplicaban por cinco y ha fijado aranceles a la exportación o retenciones por encima del 100%.Esta metodología de desgaste por inanición ya fue aplicada antes para justificar la estatización del Correo, Aguas Argentinas, Aerolíneas y las AFJP, entre otras. El argumento siempre fue el mismo: la falta de las inversiones comprometidas contractualmente por las empresas, pero sin mencionar, claro, el manejo arbitrario de precios y tarifas al que se las obligó.Las empresas que subsistieron en los servicios públicos se tuvieron que someter a la discrecionalidad de los subsidios, los que, sólo en energía, superaron en 2011 los 10.000 millones de dólares.Esos subsidios incentivaron el consumo y...

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